Con 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, se rechazó en primera instancia el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile, considerado por la oposición como “una lápida y un verdadero funeral para la pequeña minería y la minería artesanal”.
El proyecto fue objetado por no generar estándares de seguridad y sanciones cuando ésta se infrinja, entre la pequeña, mediana y gran minería; además de la insuficiente asignación de recursos y funcionarios, requeridos para la óptima fiscalización de las faenas mineras, que como recalcó la diputada PPD, Adriana Muñoz, “ya se torna complicada, y con un proyecto débil como el propuesto por el Ejecutivo, no alcanzará el propósito de generar mejoras en la actividad productiva”.
En este sentido, la parlamentaria del PPD señaló que “el proyecto no propone fortalecer el número de fiscalizadores y tampoco mejorar las condiciones laborales de estos funcionarios. Casi todos son trabajadores que desempeñan sus cargos de manera precaria, contratados a través de terceros o en condiciones de honorarios. Desde el punto de vista de las personas van a tener que llevar a cabo las tareas de fiscalización es muy débil y escasa la propuesta del Gobierno. Por otro lado, las grandes mineras traen trabajadores desde fuera y no generan absorción de mano de obra en cantidad como lo hace la pequeña minería y la pirquinería”.
En esa línea, Muñoz indicó que la inversión que significa contratar ingenieros que elaboren los proyectos mineros, sumada a los costos que implica la burocracia al momento de esperar el beneplácito de las obras de explotación no está al alcance de todos los actores de la actividad.
Asimismo, la propuesta del Gobierno no contempla diferencias en las multas para pirquineros y empresas transnacionales, por lo que Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile, instó a que los parlamentarios se reúnan con los trabajadores antes de aprobar los proyectos emanados desde el Ejecutivo.
En ese contexto, el dirigente de los trabajadores de la Minería indicó que “nosotros queríamos una Superintendencia que de verdad fiscalizara a las grandes empresas, los servicios, las mutuales y todo lo que tenga que ver con la seguridad del trabajador, pero no que se convirtiera en un fiscal y que se dedicara sólo a pasar multas a los pequeños pirquineros, es decir, se judicializó demasiado. Tengo muy poca esperanza que pueda salir algo bueno en relación a la Superintendencia de Seguridad Minera. Ha habido más de 56 muertes en estos dos años y la situación sigue igual. Creo que la Cámara debería pedir un plazo razonable para volver a conversar con los trabajadores y saber qué pensamos nosotros”.
Respecto de la mirada oficialista, el diputado UDi y presidente de la Comisión de Minería y Energía, Manuel Rojas, señaló que se habían producido avances, por lo que calificó de lamentable que no se haya llegado a acuerdo en la Cámara Baja.
Sin embargo, recalcó que desde el origen del proyecto faltó audacia y lucidez por parte del Ejecutivo, ya que de haber considerado las diferencias entre los sectores mineros, otra hubiera sido la postura de los trabajadores, y por consiguiente, la votación en sala.
En esa perspectiva, el diputado gremialista dijo que “no es lo mismo exigirle a la Gran Minería, donde los estándares de seguridad están a niveles internacionales. El Ejecutivo no ha entendido de que las mayores exigencias hacia los pequeños mineros tienen que ser paulatinas y según la realidad propia económica que cada segmento tiene, por lo tanto, ahí faltó algo que pudiéramos haber reforzado de parte del Ejecutivo, que no ocurrió y eso a la larga generó también una desazón en el mundo minero. Se llegó a acuerdo, no en su totalidad, pero se estaba avanzando”.
En tanto, el proyecto de ley que tiene carácter de suma urgencia, impuesto por el Ejecutivo, será evaluado por el Senado para insistir en su aprobación en el Parlamento, como reconoció el subsecretario de Minería Pablo Wagner, el que también se comprometió a “perfeccionar el problema con las multas”.
Con 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, se rechazó en primera instancia el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile, considerado por la oposición como “una lápida y un verdadero funeral para la pequeña minería y la minería artesanal”.
El proyecto fue objetado por no generar estándares de seguridad y sanciones cuando ésta se infrinja, entre la pequeña, mediana y gran minería; además de la insuficiente asignación de recursos y funcionarios, requeridos para la óptima fiscalización de las faenas mineras, que como recalcó la diputada PPD, Adriana Muñoz, “ya se torna complicada, y con un proyecto débil como el propuesto por el Ejecutivo, no alcanzará el propósito de generar mejoras en la actividad productiva”.
En este sentido, la parlamentaria del PPD señaló que “el proyecto no propone fortalecer el número de fiscalizadores y tampoco mejorar las condiciones laborales de estos funcionarios. Casi todos son trabajadores que desempeñan sus cargos de manera precaria, contratados a través de terceros o en condiciones de honorarios. Desde el punto de vista de las personas van a tener que llevar a cabo las tareas de fiscalización es muy débil y escasa la propuesta del Gobierno. Por otro lado, las grandes mineras traen trabajadores desde fuera y no generan absorción de mano de obra en cantidad como lo hace la pequeña minería y la pirquinería”.
En esa línea, Muñoz indicó que la inversión que significa contratar ingenieros que elaboren los proyectos mineros, sumada a los costos que implica la burocracia al momento de esperar el beneplácito de las obras de explotación no está al alcance de todos los actores de la actividad.
Asimismo, la propuesta del Gobierno no contempla diferencias en las multas para pirquineros y empresas transnacionales, por lo que Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile, instó a que los parlamentarios se reúnan con los trabajadores antes de aprobar los proyectos emanados desde el Ejecutivo.
En ese contexto, el dirigente de los trabajadores de la Minería indicó que “nosotros queríamos una Superintendencia que de verdad fiscalizara a las grandes empresas, los servicios, las mutuales y todo lo que tenga que ver con la seguridad del trabajador, pero no que se convirtiera en un fiscal y que se dedicara sólo a pasar multas a los pequeños pirquineros, es decir, se judicializó demasiado. Tengo muy poca esperanza que pueda salir algo bueno en relación a la Superintendencia de Seguridad Minera. Ha habido más de 56 muertes en estos dos años y la situación sigue igual. Creo que la Cámara debería pedir un plazo razonable para volver a conversar con los trabajadores y saber qué pensamos nosotros”.
Respecto de la mirada oficialista, el diputado UDi y presidente de la Comisión de Minería y Energía, Manuel Rojas, señaló que se habían producido avances, por lo que calificó de lamentable que no se haya llegado a acuerdo en la Cámara Baja.
Sin embargo, recalcó que desde el origen del proyecto faltó audacia y lucidez por parte del Ejecutivo, ya que de haber considerado las diferencias entre los sectores mineros, otra hubiera sido la postura de los trabajadores, y por consiguiente, la votación en sala.
En esa perspectiva, el diputado gremialista dijo que “no es lo mismo exigirle a la Gran Minería, donde los estándares de seguridad están a niveles internacionales. El Ejecutivo no ha entendido de que las mayores exigencias hacia los pequeños mineros tienen que ser paulatinas y según la realidad propia económica que cada segmento tiene, por lo tanto, ahí faltó algo que pudiéramos haber reforzado de parte del Ejecutivo, que no ocurrió y eso a la larga generó también una desazón en el mundo minero. Se llegó a acuerdo, no en su totalidad, pero se estaba avanzando”.
En tanto, el proyecto de ley que tiene carácter de suma urgencia, impuesto por el Ejecutivo, será evaluado por el Senado para insistir en su aprobación en el Parlamento, como reconoció el subsecretario de Minería Pablo Wagner, el que también se comprometió a “perfeccionar el problema con las multas”.
Con 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, se rechazó en primera instancia el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile, considerado por la oposición como “una lápida y un verdadero funeral para la pequeña minería y la minería artesanal”.
El proyecto fue objetado por no generar estándares de seguridad y sanciones cuando ésta se infrinja, entre la pequeña, mediana y gran minería; además de la insuficiente asignación de recursos y funcionarios, requeridos para la óptima fiscalización de las faenas mineras, que como recalcó la diputada PPD, Adriana Muñoz, “ya se torna complicada, y con un proyecto débil como el propuesto por el Ejecutivo, no alcanzará el propósito de generar mejoras en la actividad productiva”.
En este sentido, la parlamentaria del PPD señaló que “el proyecto no propone fortalecer el número de fiscalizadores y tampoco mejorar las condiciones laborales de estos funcionarios. Casi todos son trabajadores que desempeñan sus cargos de manera precaria, contratados a través de terceros o en condiciones de honorarios. Desde el punto de vista de las personas van a tener que llevar a cabo las tareas de fiscalización es muy débil y escasa la propuesta del Gobierno. Por otro lado, las grandes mineras traen trabajadores desde fuera y no generan absorción de mano de obra en cantidad como lo hace la pequeña minería y la pirquinería”.
En esa línea, Muñoz indicó que la inversión que significa contratar ingenieros que elaboren los proyectos mineros, sumada a los costos que implica la burocracia al momento de esperar el beneplácito de las obras de explotación no está al alcance de todos los actores de la actividad.
Asimismo, la propuesta del Gobierno no contempla diferencias en las multas para pirquineros y empresas transnacionales, por lo que Néstor Jorquera, presidente de la Confederación Minera de Chile, instó a que los parlamentarios se reúnan con los trabajadores antes de aprobar los proyectos emanados desde el Ejecutivo.
En ese contexto, el dirigente de los trabajadores de la Minería indicó que “nosotros queríamos una Superintendencia que de verdad fiscalizara a las grandes empresas, los servicios, las mutuales y todo lo que tenga que ver con la seguridad del trabajador, pero no que se convirtiera en un fiscal y que se dedicara sólo a pasar multas a los pequeños pirquineros, es decir, se judicializó demasiado. Tengo muy poca esperanza que pueda salir algo bueno en relación a la Superintendencia de Seguridad Minera. Ha habido más de 56 muertes en estos dos años y la situación sigue igual. Creo que la Cámara debería pedir un plazo razonable para volver a conversar con los trabajadores y saber qué pensamos nosotros”.
Respecto de la mirada oficialista, el diputado UDi y presidente de la Comisión de Minería y Energía, Manuel Rojas, señaló que se habían producido avances, por lo que calificó de lamentable que no se haya llegado a acuerdo en la Cámara Baja.
Sin embargo, recalcó que desde el origen del proyecto faltó audacia y lucidez por parte del Ejecutivo, ya que de haber considerado las diferencias entre los sectores mineros, otra hubiera sido la postura de los trabajadores, y por consiguiente, la votación en sala.
En esa perspectiva, el diputado gremialista dijo que “no es lo mismo exigirle a la Gran Minería, donde los estándares de seguridad están a niveles internacionales. El Ejecutivo no ha entendido de que las mayores exigencias hacia los pequeños mineros tienen que ser paulatinas y según la realidad propia económica que cada segmento tiene, por lo tanto, ahí faltó algo que pudiéramos haber reforzado de parte del Ejecutivo, que no ocurrió y eso a la larga generó también una desazón en el mundo minero. Se llegó a acuerdo, no en su totalidad, pero se estaba avanzando”.
En tanto, el proyecto de ley que tiene carácter de suma urgencia, impuesto por el Ejecutivo, será evaluado por el Senado para insistir en su aprobación en el Parlamento, como reconoció el subsecretario de Minería Pablo Wagner, el que también se comprometió a “perfeccionar el problema con las multas”.
