La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma constitucional que establece límites a la reelección de parlamentarios, autoridades municipales y regionales.
La iniciativa establece que los diputados podrán repostular en dos ocasiones, con un máximo de 12 años de ejercicio, mientras que los senadores podrían reelegirse en una ocasión, totalizando 16 años. Asimismo, consejeros regionales y concejales tendrían la posibilidad de dos reelecciones.
Mientras algunas indicaciones al proyecto deben ser vistas por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, para luego pasar al Senado, entre los especialistas siguen su destino con atención.
El académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, consideró que el proyecto “es un avance, pero no la solución” para impulsar la renovación de los cargos públicos.
“Es importante siempre y cuando vaya de la mano de otras reformas. La más obvia es la del binominal, pero en realidad hay que vincularla al financiamiento de los partidos políticos y al financiamiento electoral. El gran problema para la renovación está en quién paga la fiesta. En ese contexto, esto es un avance porque va a limitar al individuo, pero no limita a los grupos de interés y de poder detrás del financiamiento de las campañas electorales. Los mismos grupos podrían financiar a seres similares, por lo tanto, tiene que ir de la mano de un financiamiento del Estado”, explicó.
Por su parte, la cientista política Marcela Ríos consideró que la iniciativa es “positiva” en términos generales, ya que puede ayudar al ingreso de nuevos actores al Parlamento y los municipios. “Tenemos unas tasas de reelección muy altas en casi todos los cargos públicos. En esta elección municipal, por ejemplo, el 83 por ciento de los alcaldes en ejercicio van a la reelección. Una inmensa mayoría va a ganar, porque la evidencia muestra que las autoridades en ejercicio tienen más posibilidades de salir reelectas y que es mucho más difícil para un desafiante, alguien que no está en un cargo, competir en igualdad de condiciones. Entonces limitar la cantidad de periodos en que están las autoridades me parece un paso positivo”, dijo.
Sin embargo, la especialista enfatizó que la reforma al sistema político, con el cambio del sistema binominal como punto fundamental, apunta a un problema distinto: “Uno podría renovar el binominal, tener un sistema proporcional, y eso no aseguraría que gente que lleva 30 años en el Congreso no vaya a seguir otros 20 años más”, dijo.
Esto, señaló, se observa en las elecciones municipales, donde no opera el sistema binominal e igual se produce una gran cantidad de reelecciones.
Respecto del futuro de la iniciativa en el Parlamento, la analista advirtió que el Senado podría oponer mayor resistencia, pese al impulso que le ha otorgado un grupo transversal de diputados: “Todas las reformas políticas se enfrentan con el desafío de que quienes tienen que aprobarlas son juez y parte. Por lo tanto, siempre tienen un nivel de dificultad mayor. Creo que en el Senado puede tener más resistencia, porque justamente los senadores son los que más tiempo llevan en sus cargos y el promedio de edad es mayor. Muchos senadores llevan más de dos décadas en sus cargos. Por lo tanto, es muy importante que se haga una discusión pública abierta, que la ciudadanía discuta y que haya un poco de presión de las organizaciones sociales y la ciudadanía sobre este tema”, recalcó.
La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma constitucional que establece límites a la reelección de parlamentarios, autoridades municipales y regionales.
La iniciativa establece que los diputados podrán repostular en dos ocasiones, con un máximo de 12 años de ejercicio, mientras que los senadores podrían reelegirse en una ocasión, totalizando 16 años. Asimismo, consejeros regionales y concejales tendrían la posibilidad de dos reelecciones.
Mientras algunas indicaciones al proyecto deben ser vistas por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, para luego pasar al Senado, entre los especialistas siguen su destino con atención.
El académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, consideró que el proyecto “es un avance, pero no la solución” para impulsar la renovación de los cargos públicos.
“Es importante siempre y cuando vaya de la mano de otras reformas. La más obvia es la del binominal, pero en realidad hay que vincularla al financiamiento de los partidos políticos y al financiamiento electoral. El gran problema para la renovación está en quién paga la fiesta. En ese contexto, esto es un avance porque va a limitar al individuo, pero no limita a los grupos de interés y de poder detrás del financiamiento de las campañas electorales. Los mismos grupos podrían financiar a seres similares, por lo tanto, tiene que ir de la mano de un financiamiento del Estado”, explicó.
Por su parte, la cientista política Marcela Ríos consideró que la iniciativa es “positiva” en términos generales, ya que puede ayudar al ingreso de nuevos actores al Parlamento y los municipios. “Tenemos unas tasas de reelección muy altas en casi todos los cargos públicos. En esta elección municipal, por ejemplo, el 83 por ciento de los alcaldes en ejercicio van a la reelección. Una inmensa mayoría va a ganar, porque la evidencia muestra que las autoridades en ejercicio tienen más posibilidades de salir reelectas y que es mucho más difícil para un desafiante, alguien que no está en un cargo, competir en igualdad de condiciones. Entonces limitar la cantidad de periodos en que están las autoridades me parece un paso positivo”, dijo.
Sin embargo, la especialista enfatizó que la reforma al sistema político, con el cambio del sistema binominal como punto fundamental, apunta a un problema distinto: “Uno podría renovar el binominal, tener un sistema proporcional, y eso no aseguraría que gente que lleva 30 años en el Congreso no vaya a seguir otros 20 años más”, dijo.
Esto, señaló, se observa en las elecciones municipales, donde no opera el sistema binominal e igual se produce una gran cantidad de reelecciones.
Respecto del futuro de la iniciativa en el Parlamento, la analista advirtió que el Senado podría oponer mayor resistencia, pese al impulso que le ha otorgado un grupo transversal de diputados: “Todas las reformas políticas se enfrentan con el desafío de que quienes tienen que aprobarlas son juez y parte. Por lo tanto, siempre tienen un nivel de dificultad mayor. Creo que en el Senado puede tener más resistencia, porque justamente los senadores son los que más tiempo llevan en sus cargos y el promedio de edad es mayor. Muchos senadores llevan más de dos décadas en sus cargos. Por lo tanto, es muy importante que se haga una discusión pública abierta, que la ciudadanía discuta y que haya un poco de presión de las organizaciones sociales y la ciudadanía sobre este tema”, recalcó.
La Cámara de Diputados aprobó en general la reforma constitucional que establece límites a la reelección de parlamentarios, autoridades municipales y regionales.
La iniciativa establece que los diputados podrán repostular en dos ocasiones, con un máximo de 12 años de ejercicio, mientras que los senadores podrían reelegirse en una ocasión, totalizando 16 años. Asimismo, consejeros regionales y concejales tendrían la posibilidad de dos reelecciones.
Mientras algunas indicaciones al proyecto deben ser vistas por la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, para luego pasar al Senado, entre los especialistas siguen su destino con atención.
El académico del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, consideró que el proyecto “es un avance, pero no la solución” para impulsar la renovación de los cargos públicos.
“Es importante siempre y cuando vaya de la mano de otras reformas. La más obvia es la del binominal, pero en realidad hay que vincularla al financiamiento de los partidos políticos y al financiamiento electoral. El gran problema para la renovación está en quién paga la fiesta. En ese contexto, esto es un avance porque va a limitar al individuo, pero no limita a los grupos de interés y de poder detrás del financiamiento de las campañas electorales. Los mismos grupos podrían financiar a seres similares, por lo tanto, tiene que ir de la mano de un financiamiento del Estado”, explicó.
Por su parte, la cientista política Marcela Ríos consideró que la iniciativa es “positiva” en términos generales, ya que puede ayudar al ingreso de nuevos actores al Parlamento y los municipios. “Tenemos unas tasas de reelección muy altas en casi todos los cargos públicos. En esta elección municipal, por ejemplo, el 83 por ciento de los alcaldes en ejercicio van a la reelección. Una inmensa mayoría va a ganar, porque la evidencia muestra que las autoridades en ejercicio tienen más posibilidades de salir reelectas y que es mucho más difícil para un desafiante, alguien que no está en un cargo, competir en igualdad de condiciones. Entonces limitar la cantidad de periodos en que están las autoridades me parece un paso positivo”, dijo.
Sin embargo, la especialista enfatizó que la reforma al sistema político, con el cambio del sistema binominal como punto fundamental, apunta a un problema distinto: “Uno podría renovar el binominal, tener un sistema proporcional, y eso no aseguraría que gente que lleva 30 años en el Congreso no vaya a seguir otros 20 años más”, dijo.
Esto, señaló, se observa en las elecciones municipales, donde no opera el sistema binominal e igual se produce una gran cantidad de reelecciones.
Respecto del futuro de la iniciativa en el Parlamento, la analista advirtió que el Senado podría oponer mayor resistencia, pese al impulso que le ha otorgado un grupo transversal de diputados: “Todas las reformas políticas se enfrentan con el desafío de que quienes tienen que aprobarlas son juez y parte. Por lo tanto, siempre tienen un nivel de dificultad mayor. Creo que en el Senado puede tener más resistencia, porque justamente los senadores son los que más tiempo llevan en sus cargos y el promedio de edad es mayor. Muchos senadores llevan más de dos décadas en sus cargos. Por lo tanto, es muy importante que se haga una discusión pública abierta, que la ciudadanía discuta y que haya un poco de presión de las organizaciones sociales y la ciudadanía sobre este tema”, recalcó.
