Hacinamiento y reinserción: los principales desafíos en materia carcelaria
A casi dos años del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en conjunto con organismos relacionados a los Derechos Humanos y la justicia realizaron un seminario y espacio de debate respecto de los avances y desafíos que Chile tiene en materia carcelaria. El coloquio abarcó diversas líneas de trabajo donde contrastarán el modelo penitenciario chileno con los internacionales, en materia de aumento de recursos, hacinamiento y reinserción del segmento social privado de libertad.
Sábado 15 de septiembre 2012 13:12 hrs.
Como “una necesidad irrenunciable para mejorar el sistema penitenciario chileno”, fue calificado el simposio realizado por la Facultad de Derecho de Universidad de Chile, que contó con ponencias del Centro de Derechos Humanos de la casa de estudios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Instituto de Estudios Judiciales “Hernán Correa de la Cerda”.
Si bien los panelistas concordaron que en los dos últimos años se ha avanzado en materia carcelaria, sostuvieron que aún quedan desafíos pendientes con motivo de resguardar los derechos de internos en Chile.
En esa materia, Luis Hermosilla, Consejero del Instituto de Derechos Humanos, recalcó que junto a la Universidad de Chile, están elaborando un informe que presentarán al Ministerio de Justicia, a fin de generar avances que velen por la seguridad y dignidad de las personas privadas de libertad.
Hermosilla valoró además, el convenio firmado entre el instituto y Gendarmería, que persigue mejorar el trato hacia los internos, sin embargo, señaló que “el aspecto del hacinamiento sigue siendo prioritario, de extrema gravedad”, calificando de “espeluznantes” las cifras de aglomeración en las celdas de nuestro país. Este tema, junto al de las “celdas de aislamiento, estableciendo respecto de ellas la prohibición absoluta de aplicar ese tipo de sanción a los reclusos”, serían las medidas más urgentes, precisó.
El coloquio contó con la participación de la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, quien valoró el trabajo realizado en conjunto con los organismos de Derechos Humanos, por cuanto “significa una mirada integral de las misiones que el Estado todavía tiene en materia de protección a los ciudadanos”.
Respecto de las denuncias realizadas en el marco de la represión a los movimientos sociales, y la consiguiente violación de los Derechos Humanos por parte de las policías del país; Pérez sostuvo que es necesario que éstas respeten los protocolos suscritos.
Asimismo, la Subsecretaria de Justicia enfatizó que los desafíos pendientes del Estado de Chile tiene en materia de reinserción son “entregar las herramientas necesarias para que cuando ellos vuelvan al medio libre se puedan reintegrar. Los desafíos son muchos, como implementar los trabajos comunitarios”. En cuanto a los jóvenes privados de libertad, Pérez aseguró que “está comprobado que hay tres elementos claves en qué intervenir para lograr una mejor reinserción. Una es la entrega de habilidades blandas, la nivelación no ocasional y la capacitación en oficios”.
En otra línea, el académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, precisó que “si bien se ha avanzado en la mejora de las condiciones de vida de los reos, el tema de las oportunidades y acceso a la justicia, es una materia pendiente que se ha abarcado con poca lucidez”.
Asimismo, Nash puntualizó que “los avances deben realizarse colectivamente por todos los actores que participan en el proceso penitenciario, desde la labor del Ministerio de Justicia, hasta el rol de gendarmería al interior de las celdas”. Pues toda persona privada de libertad, según Nash, debe poder “acceder a la justicia cuando ven que al interior de los recintos penitenciaros han sido violados sus derechos”, enfatizando en este punto en “el uso de las celdas de castigo, el tema del aislamiento y la incomunicación como sanciones. Nos parece que es uno de los desafíos que hay que encarar conjuntamente con el de las condiciones carcelarias”, recalcó.
Daniel Urrutia, juez y miembro del Instituto de Estudio Judiciales, señaló que la cantidad de presos subió de 16 mil a 50 mil personas en menos de 10 años; aumento que no se condice con mejoras estructurales y de servicios, “condiciones que siempre han sido deficitarias, de las cuales nosotros como instituciones y como jueces estamos muy preocupados”, señaló. Pues una evidencia de esta crisis del sistema penitenciario fue la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2010, “una situación que produjo un quiebre en la política pública, la cual debe ser mejorada y clarificada”, subrayó..
El seminario desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, persigue aunar propuestas, incorporando esta vez la visión de los Derechos Humanos, para evitar futuras tragedias producto de la sobre población de las cárceles en el país, como la ocurrida hace dos años en la comuna de San Miguel, y que dejó 81 muertos, 16 heridos y un inseguro modelo carcelario evidenciado por todo la ciudadanía.
Como “una necesidad irrenunciable para mejorar el sistema penitenciario chileno”, fue calificado el simposio realizado por la Facultad de Derecho de Universidad de Chile, que contó con ponencias del Centro de Derechos Humanos de la casa de estudios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Instituto de Estudios Judiciales “Hernán Correa de la Cerda”.
Si bien los panelistas concordaron que en los dos últimos años se ha avanzado en materia carcelaria, sostuvieron que aún quedan desafíos pendientes con motivo de resguardar los derechos de internos en Chile.
En esa materia, Luis Hermosilla, Consejero del Instituto de Derechos Humanos, recalcó que junto a la Universidad de Chile, están elaborando un informe que presentarán al Ministerio de Justicia, a fin de generar avances que velen por la seguridad y dignidad de las personas privadas de libertad.
Hermosilla valoró además, el convenio firmado entre el instituto y Gendarmería, que persigue mejorar el trato hacia los internos, sin embargo, señaló que “el aspecto del hacinamiento sigue siendo prioritario, de extrema gravedad”, calificando de “espeluznantes” las cifras de aglomeración en las celdas de nuestro país. Este tema, junto al de las “celdas de aislamiento, estableciendo respecto de ellas la prohibición absoluta de aplicar ese tipo de sanción a los reclusos”, serían las medidas más urgentes, precisó.
El coloquio contó con la participación de la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, quien valoró el trabajo realizado en conjunto con los organismos de Derechos Humanos, por cuanto “significa una mirada integral de las misiones que el Estado todavía tiene en materia de protección a los ciudadanos”.
Respecto de las denuncias realizadas en el marco de la represión a los movimientos sociales, y la consiguiente violación de los Derechos Humanos por parte de las policías del país; Pérez sostuvo que es necesario que éstas respeten los protocolos suscritos.
Asimismo, la Subsecretaria de Justicia enfatizó que los desafíos pendientes del Estado de Chile tiene en materia de reinserción son “entregar las herramientas necesarias para que cuando ellos vuelvan al medio libre se puedan reintegrar. Los desafíos son muchos, como implementar los trabajos comunitarios”. En cuanto a los jóvenes privados de libertad, Pérez aseguró que “está comprobado que hay tres elementos claves en qué intervenir para lograr una mejor reinserción. Una es la entrega de habilidades blandas, la nivelación no ocasional y la capacitación en oficios”.
En otra línea, el académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, precisó que “si bien se ha avanzado en la mejora de las condiciones de vida de los reos, el tema de las oportunidades y acceso a la justicia, es una materia pendiente que se ha abarcado con poca lucidez”.
Asimismo, Nash puntualizó que “los avances deben realizarse colectivamente por todos los actores que participan en el proceso penitenciario, desde la labor del Ministerio de Justicia, hasta el rol de gendarmería al interior de las celdas”. Pues toda persona privada de libertad, según Nash, debe poder “acceder a la justicia cuando ven que al interior de los recintos penitenciaros han sido violados sus derechos”, enfatizando en este punto en “el uso de las celdas de castigo, el tema del aislamiento y la incomunicación como sanciones. Nos parece que es uno de los desafíos que hay que encarar conjuntamente con el de las condiciones carcelarias”, recalcó.
Daniel Urrutia, juez y miembro del Instituto de Estudio Judiciales, señaló que la cantidad de presos subió de 16 mil a 50 mil personas en menos de 10 años; aumento que no se condice con mejoras estructurales y de servicios, “condiciones que siempre han sido deficitarias, de las cuales nosotros como instituciones y como jueces estamos muy preocupados”, señaló. Pues una evidencia de esta crisis del sistema penitenciario fue la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2010, “una situación que produjo un quiebre en la política pública, la cual debe ser mejorada y clarificada”, subrayó..
El seminario desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, persigue aunar propuestas, incorporando esta vez la visión de los Derechos Humanos, para evitar futuras tragedias producto de la sobre población de las cárceles en el país, como la ocurrida hace dos años en la comuna de San Miguel, y que dejó 81 muertos, 16 heridos y un inseguro modelo carcelario evidenciado por todo la ciudadanía.
Como “una necesidad irrenunciable para mejorar el sistema penitenciario chileno”, fue calificado el simposio realizado por la Facultad de Derecho de Universidad de Chile, que contó con ponencias del Centro de Derechos Humanos de la casa de estudios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y el Instituto de Estudios Judiciales “Hernán Correa de la Cerda”.
Si bien los panelistas concordaron que en los dos últimos años se ha avanzado en materia carcelaria, sostuvieron que aún quedan desafíos pendientes con motivo de resguardar los derechos de internos en Chile.
En esa materia, Luis Hermosilla, Consejero del Instituto de Derechos Humanos, recalcó que junto a la Universidad de Chile, están elaborando un informe que presentarán al Ministerio de Justicia, a fin de generar avances que velen por la seguridad y dignidad de las personas privadas de libertad.
Hermosilla valoró además, el convenio firmado entre el instituto y Gendarmería, que persigue mejorar el trato hacia los internos, sin embargo, señaló que “el aspecto del hacinamiento sigue siendo prioritario, de extrema gravedad”, calificando de “espeluznantes” las cifras de aglomeración en las celdas de nuestro país. Este tema, junto al de las “celdas de aislamiento, estableciendo respecto de ellas la prohibición absoluta de aplicar ese tipo de sanción a los reclusos”, serían las medidas más urgentes, precisó.
El coloquio contó con la participación de la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, quien valoró el trabajo realizado en conjunto con los organismos de Derechos Humanos, por cuanto “significa una mirada integral de las misiones que el Estado todavía tiene en materia de protección a los ciudadanos”.
Respecto de las denuncias realizadas en el marco de la represión a los movimientos sociales, y la consiguiente violación de los Derechos Humanos por parte de las policías del país; Pérez sostuvo que es necesario que éstas respeten los protocolos suscritos.
Asimismo, la Subsecretaria de Justicia enfatizó que los desafíos pendientes del Estado de Chile tiene en materia de reinserción son “entregar las herramientas necesarias para que cuando ellos vuelvan al medio libre se puedan reintegrar. Los desafíos son muchos, como implementar los trabajos comunitarios”. En cuanto a los jóvenes privados de libertad, Pérez aseguró que “está comprobado que hay tres elementos claves en qué intervenir para lograr una mejor reinserción. Una es la entrega de habilidades blandas, la nivelación no ocasional y la capacitación en oficios”.
En otra línea, el académico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudio Nash, precisó que “si bien se ha avanzado en la mejora de las condiciones de vida de los reos, el tema de las oportunidades y acceso a la justicia, es una materia pendiente que se ha abarcado con poca lucidez”.
Asimismo, Nash puntualizó que “los avances deben realizarse colectivamente por todos los actores que participan en el proceso penitenciario, desde la labor del Ministerio de Justicia, hasta el rol de gendarmería al interior de las celdas”. Pues toda persona privada de libertad, según Nash, debe poder “acceder a la justicia cuando ven que al interior de los recintos penitenciaros han sido violados sus derechos”, enfatizando en este punto en “el uso de las celdas de castigo, el tema del aislamiento y la incomunicación como sanciones. Nos parece que es uno de los desafíos que hay que encarar conjuntamente con el de las condiciones carcelarias”, recalcó.
Daniel Urrutia, juez y miembro del Instituto de Estudio Judiciales, señaló que la cantidad de presos subió de 16 mil a 50 mil personas en menos de 10 años; aumento que no se condice con mejoras estructurales y de servicios, “condiciones que siempre han sido deficitarias, de las cuales nosotros como instituciones y como jueces estamos muy preocupados”, señaló. Pues una evidencia de esta crisis del sistema penitenciario fue la tragedia ocurrida en la cárcel de San Miguel en diciembre del 2010, “una situación que produjo un quiebre en la política pública, la cual debe ser mejorada y clarificada”, subrayó..
El seminario desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, persigue aunar propuestas, incorporando esta vez la visión de los Derechos Humanos, para evitar futuras tragedias producto de la sobre población de las cárceles en el país, como la ocurrida hace dos años en la comuna de San Miguel, y que dejó 81 muertos, 16 heridos y un inseguro modelo carcelario evidenciado por todo la ciudadanía.
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