En el marco del Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana durante el pasado martes, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, aseguró que sus críticas contra las competencias técnicas de la Corte Suprema por el fallo de la termoeléctrica Castilla estaban en total antecedente del Presidente Sebastián Piñera, quien la habría autorizado para emitir los polémicos juicios.
“Yo le comenté al Presidente que yo quería defender la institución ambiental, si lo expresé distinto, lo lamento, eso es lo que yo quería defender. Creo que es parte de la libertad de expresión, todo están en su derecho, así que la verdad es que no me preocupa”, indicó la ministra.
Las declaraciones de Benítez fueron ratificadas por el mandatario, a través de las habituales entrevistas que el Presidente concede a los medios de televisión por la celebración de Fiestas Patrias, donde defendió la opinión de la titular del Medio Ambiente, indicando a CNN Chile que “ella defendió la institucionalidad ambiental y a mí me pareció lógico y razonable que lo hiciera”.
Aunque según Piñera “nunca ha estado en duda la autonomía del Poder Judicial”, el Jefe de Estado manifestó su “opinión personal” sobre la resolución, sosteniendo que “en algunas materias, no se ajustó exactamente a los hechos. Por ejemplo, el fallo no se evaluó la conexión entre el puerto y la central. Todos los estudios ambientales fueron evaluados”, dijo.
Estos nuevos antecedentes fueron catalogados como un “desequilibrio entre los poderes del Estado” por la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien afirmó que este principio “debiera estar resguardado en todas las Constituciones del mundo”, a fin de evitar la impunidad con que los Gobiernos toman sus decisiones.
La ambientalista añadió que en este caso “hay una falta de entendimiento de lo que significa la administración del Estado, ignorancia, falta de preparación para la función pública o una mala intención al dar una señal de que la administración del Estado está a favor de los negocios por sobre el marco constitucional. Mi sensación es que María Ignacia Benítez nuevamente expresa desconocimiento de lo que es la función del Estado con el contrabalance de los otros poderes”.
En materia legal, el diputado socialista y miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Alfonso de Urresti, reiteró que “es necesaria una acusación constitucional contra la Ministra de Medioambiente”, recalcando que hay abogados trabajando en ello y que se aprontan a entregar un informe para presentar a la instancia.
“Los dichos de la ministra agravan la situación. Si el Presidente estaba en conocimiento y le dio luz verde a este tipo de declaraciones, es invadir las competencias de la Corte Suprema y tratar de desconocer las facultades que tiene el máximo tribunal de fallar sobre este tipo de recursos. Tenemos un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por eso vamos a esperar el informe y sobre esa base vamos a proceder”, señaló De Urresti.
En el marco del Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana durante el pasado martes, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, aseguró que sus críticas contra las competencias técnicas de la Corte Suprema por el fallo de la termoeléctrica Castilla estaban en total antecedente del Presidente Sebastián Piñera, quien la habría autorizado para emitir los polémicos juicios.
“Yo le comenté al Presidente que yo quería defender la institución ambiental, si lo expresé distinto, lo lamento, eso es lo que yo quería defender. Creo que es parte de la libertad de expresión, todo están en su derecho, así que la verdad es que no me preocupa”, indicó la ministra.
Las declaraciones de Benítez fueron ratificadas por el mandatario, a través de las habituales entrevistas que el Presidente concede a los medios de televisión por la celebración de Fiestas Patrias, donde defendió la opinión de la titular del Medio Ambiente, indicando a CNN Chile que “ella defendió la institucionalidad ambiental y a mí me pareció lógico y razonable que lo hiciera”.
Aunque según Piñera “nunca ha estado en duda la autonomía del Poder Judicial”, el Jefe de Estado manifestó su “opinión personal” sobre la resolución, sosteniendo que “en algunas materias, no se ajustó exactamente a los hechos. Por ejemplo, el fallo no se evaluó la conexión entre el puerto y la central. Todos los estudios ambientales fueron evaluados”, dijo.
Estos nuevos antecedentes fueron catalogados como un “desequilibrio entre los poderes del Estado” por la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien afirmó que este principio “debiera estar resguardado en todas las Constituciones del mundo”, a fin de evitar la impunidad con que los Gobiernos toman sus decisiones.
La ambientalista añadió que en este caso “hay una falta de entendimiento de lo que significa la administración del Estado, ignorancia, falta de preparación para la función pública o una mala intención al dar una señal de que la administración del Estado está a favor de los negocios por sobre el marco constitucional. Mi sensación es que María Ignacia Benítez nuevamente expresa desconocimiento de lo que es la función del Estado con el contrabalance de los otros poderes”.
En materia legal, el diputado socialista y miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Alfonso de Urresti, reiteró que “es necesaria una acusación constitucional contra la Ministra de Medioambiente”, recalcando que hay abogados trabajando en ello y que se aprontan a entregar un informe para presentar a la instancia.
“Los dichos de la ministra agravan la situación. Si el Presidente estaba en conocimiento y le dio luz verde a este tipo de declaraciones, es invadir las competencias de la Corte Suprema y tratar de desconocer las facultades que tiene el máximo tribunal de fallar sobre este tipo de recursos. Tenemos un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por eso vamos a esperar el informe y sobre esa base vamos a proceder”, señaló De Urresti.
En el marco del Te Deum Ecuménico realizado en la Catedral Metropolitana durante el pasado martes, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, aseguró que sus críticas contra las competencias técnicas de la Corte Suprema por el fallo de la termoeléctrica Castilla estaban en total antecedente del Presidente Sebastián Piñera, quien la habría autorizado para emitir los polémicos juicios.
“Yo le comenté al Presidente que yo quería defender la institución ambiental, si lo expresé distinto, lo lamento, eso es lo que yo quería defender. Creo que es parte de la libertad de expresión, todo están en su derecho, así que la verdad es que no me preocupa”, indicó la ministra.
Las declaraciones de Benítez fueron ratificadas por el mandatario, a través de las habituales entrevistas que el Presidente concede a los medios de televisión por la celebración de Fiestas Patrias, donde defendió la opinión de la titular del Medio Ambiente, indicando a CNN Chile que “ella defendió la institucionalidad ambiental y a mí me pareció lógico y razonable que lo hiciera”.
Aunque según Piñera “nunca ha estado en duda la autonomía del Poder Judicial”, el Jefe de Estado manifestó su “opinión personal” sobre la resolución, sosteniendo que “en algunas materias, no se ajustó exactamente a los hechos. Por ejemplo, el fallo no se evaluó la conexión entre el puerto y la central. Todos los estudios ambientales fueron evaluados”, dijo.
Estos nuevos antecedentes fueron catalogados como un “desequilibrio entre los poderes del Estado” por la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, quien afirmó que este principio “debiera estar resguardado en todas las Constituciones del mundo”, a fin de evitar la impunidad con que los Gobiernos toman sus decisiones.
La ambientalista añadió que en este caso “hay una falta de entendimiento de lo que significa la administración del Estado, ignorancia, falta de preparación para la función pública o una mala intención al dar una señal de que la administración del Estado está a favor de los negocios por sobre el marco constitucional. Mi sensación es que María Ignacia Benítez nuevamente expresa desconocimiento de lo que es la función del Estado con el contrabalance de los otros poderes”.
En materia legal, el diputado socialista y miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Alfonso de Urresti, reiteró que “es necesaria una acusación constitucional contra la Ministra de Medioambiente”, recalcando que hay abogados trabajando en ello y que se aprontan a entregar un informe para presentar a la instancia.
“Los dichos de la ministra agravan la situación. Si el Presidente estaba en conocimiento y le dio luz verde a este tipo de declaraciones, es invadir las competencias de la Corte Suprema y tratar de desconocer las facultades que tiene el máximo tribunal de fallar sobre este tipo de recursos. Tenemos un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, por eso vamos a esperar el informe y sobre esa base vamos a proceder”, señaló De Urresti.
