Los dirigentes de la comunidad afirmaron que durante todo el fin de semana y los días festivos, la compañía arrojó residuos al agua del río colindante pese a que la empresa Los Fiordos de Agrosuper tiene prohibición de los tribunales a raíz de la contaminación que ya ha realizado en la zona.
El werkén Francisco Vera, acusó que la empresa “ha continuado con sus actitudes de rebeldía, porque lo que establecen los tribunales parece que no tiene ninguna importancia para ellos, porque el 17 de septiembre nos dimos cuenta que estaban vertiendo agua contaminada al río Allipen”.
Sin embargo, aunque Vera denunció el delito a Carabineros para que fiscalizaran “dijeron que lo único que podíamos hacer era poner una denuncia, vinieron de muy mala voluntad, incluso no quisieron entrar dentro del terreno donde estaban vertiendo el agua, cosa que han hecho un montón de veces, con la excusa que ellos no podrían entrar en un terreno privado, que no tenían ninguna instrucción”.
Cabe señalar que la fecha dificultó realizar la denuncia ante los organismos competentes, en especial a la Seremi del Medio Ambiente, entidad que quedó designada por el tribunal de Calbuco para realizar una revisión semanal del proceder de la compañía, después de que el pasado 11 de septiembre fuera formalizado su gerente, Gerardo Antonio Ortuya Jeria, justamente, por desacato.
El vocero de la comunidad, se mostró molesto ante la ausencia de las autoridades, ya que esto significó la contaminación ininterrumpida de las aguas que utilizan para la bebida y el aseo.
La información fue confirmada por el propio gobernador de Llanquihue, Francisco Muñoz, quien indicó que “efectivamente no hubo vigilancia el fin de semana, porque la autoridad sanitaria que debiera estar el 18 de septiembre se preocupó de la fiscalización de ferias y ramadas y no hubo cobertura en este tema, pero se va a tratar de corregir”, advirtió.
Muñoz afirmó que desde la gobernación se están haciendo todos los esfuerzos de coordinación pertinentes, ya que el propietario de la empresa posee otros antecedentes y se debe mantener el protocolo de vigilancia, añadiendo que Agrosuper ya tienen una sanción por desacato, por lo que una segunda sanción podría generar, incluso, una pena de presidio menor por no acatar la orden del tribunal.
Además, indicó que en este caso también hay un incumplimiento grave en la declaración de impacto ambiental, pues la empresa se comprometió a un pre tratamiento en el vertimiento de residuos al estero, lo que no ha hecho.
Según el diputado PS por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, “Los Fiordos siempre han cometido abusos sostenidos sobre esa comunidad indígena, no hay respeto bajo ningún punto de vista a temas judiciales ni menos a la política medioambiental del país”, dijo.
“Esto demuestra que en este país los poderosos pretenden pasar por sobre la ley. Si una persona humilde comete un acto de este tipo, esa persona estaría en la cárcel. Los poderosos se escudan al tener buenos equipos jurídicos para hacer lo que quieren con la legislación medioambiental y la legislación del mismo país”, añadió Espinoza.
El parlamentario agregó que considera lamentable la actitud de la empresa y que “ojalá la justica aplique medidas ejemplificadoras y no sólo meras órdenes de desacato que terminan en nada”, con lo que coincidió el werkén Francisco Vera, quien hizo un llamado urgente a los tribunales a dictar medidas concretas que tengan un efecto real sobre este caso, para así poder proteger sus derechos, los que estarían siendo “pisoteados” desde la instalación de esta empresa en la localidad de Pargua.
Los dirigentes de la comunidad afirmaron que durante todo el fin de semana y los días festivos, la compañía arrojó residuos al agua del río colindante pese a que la empresa Los Fiordos de Agrosuper tiene prohibición de los tribunales a raíz de la contaminación que ya ha realizado en la zona.
El werkén Francisco Vera, acusó que la empresa “ha continuado con sus actitudes de rebeldía, porque lo que establecen los tribunales parece que no tiene ninguna importancia para ellos, porque el 17 de septiembre nos dimos cuenta que estaban vertiendo agua contaminada al río Allipen”.
Sin embargo, aunque Vera denunció el delito a Carabineros para que fiscalizaran “dijeron que lo único que podíamos hacer era poner una denuncia, vinieron de muy mala voluntad, incluso no quisieron entrar dentro del terreno donde estaban vertiendo el agua, cosa que han hecho un montón de veces, con la excusa que ellos no podrían entrar en un terreno privado, que no tenían ninguna instrucción”.
Cabe señalar que la fecha dificultó realizar la denuncia ante los organismos competentes, en especial a la Seremi del Medio Ambiente, entidad que quedó designada por el tribunal de Calbuco para realizar una revisión semanal del proceder de la compañía, después de que el pasado 11 de septiembre fuera formalizado su gerente, Gerardo Antonio Ortuya Jeria, justamente, por desacato.
El vocero de la comunidad, se mostró molesto ante la ausencia de las autoridades, ya que esto significó la contaminación ininterrumpida de las aguas que utilizan para la bebida y el aseo.
La información fue confirmada por el propio gobernador de Llanquihue, Francisco Muñoz, quien indicó que “efectivamente no hubo vigilancia el fin de semana, porque la autoridad sanitaria que debiera estar el 18 de septiembre se preocupó de la fiscalización de ferias y ramadas y no hubo cobertura en este tema, pero se va a tratar de corregir”, advirtió.
Muñoz afirmó que desde la gobernación se están haciendo todos los esfuerzos de coordinación pertinentes, ya que el propietario de la empresa posee otros antecedentes y se debe mantener el protocolo de vigilancia, añadiendo que Agrosuper ya tienen una sanción por desacato, por lo que una segunda sanción podría generar, incluso, una pena de presidio menor por no acatar la orden del tribunal.
Además, indicó que en este caso también hay un incumplimiento grave en la declaración de impacto ambiental, pues la empresa se comprometió a un pre tratamiento en el vertimiento de residuos al estero, lo que no ha hecho.
Según el diputado PS por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, “Los Fiordos siempre han cometido abusos sostenidos sobre esa comunidad indígena, no hay respeto bajo ningún punto de vista a temas judiciales ni menos a la política medioambiental del país”, dijo.
“Esto demuestra que en este país los poderosos pretenden pasar por sobre la ley. Si una persona humilde comete un acto de este tipo, esa persona estaría en la cárcel. Los poderosos se escudan al tener buenos equipos jurídicos para hacer lo que quieren con la legislación medioambiental y la legislación del mismo país”, añadió Espinoza.
El parlamentario agregó que considera lamentable la actitud de la empresa y que “ojalá la justica aplique medidas ejemplificadoras y no sólo meras órdenes de desacato que terminan en nada”, con lo que coincidió el werkén Francisco Vera, quien hizo un llamado urgente a los tribunales a dictar medidas concretas que tengan un efecto real sobre este caso, para así poder proteger sus derechos, los que estarían siendo “pisoteados” desde la instalación de esta empresa en la localidad de Pargua.
Los dirigentes de la comunidad afirmaron que durante todo el fin de semana y los días festivos, la compañía arrojó residuos al agua del río colindante pese a que la empresa Los Fiordos de Agrosuper tiene prohibición de los tribunales a raíz de la contaminación que ya ha realizado en la zona.
El werkén Francisco Vera, acusó que la empresa “ha continuado con sus actitudes de rebeldía, porque lo que establecen los tribunales parece que no tiene ninguna importancia para ellos, porque el 17 de septiembre nos dimos cuenta que estaban vertiendo agua contaminada al río Allipen”.
Sin embargo, aunque Vera denunció el delito a Carabineros para que fiscalizaran “dijeron que lo único que podíamos hacer era poner una denuncia, vinieron de muy mala voluntad, incluso no quisieron entrar dentro del terreno donde estaban vertiendo el agua, cosa que han hecho un montón de veces, con la excusa que ellos no podrían entrar en un terreno privado, que no tenían ninguna instrucción”.
Cabe señalar que la fecha dificultó realizar la denuncia ante los organismos competentes, en especial a la Seremi del Medio Ambiente, entidad que quedó designada por el tribunal de Calbuco para realizar una revisión semanal del proceder de la compañía, después de que el pasado 11 de septiembre fuera formalizado su gerente, Gerardo Antonio Ortuya Jeria, justamente, por desacato.
El vocero de la comunidad, se mostró molesto ante la ausencia de las autoridades, ya que esto significó la contaminación ininterrumpida de las aguas que utilizan para la bebida y el aseo.
La información fue confirmada por el propio gobernador de Llanquihue, Francisco Muñoz, quien indicó que “efectivamente no hubo vigilancia el fin de semana, porque la autoridad sanitaria que debiera estar el 18 de septiembre se preocupó de la fiscalización de ferias y ramadas y no hubo cobertura en este tema, pero se va a tratar de corregir”, advirtió.
Muñoz afirmó que desde la gobernación se están haciendo todos los esfuerzos de coordinación pertinentes, ya que el propietario de la empresa posee otros antecedentes y se debe mantener el protocolo de vigilancia, añadiendo que Agrosuper ya tienen una sanción por desacato, por lo que una segunda sanción podría generar, incluso, una pena de presidio menor por no acatar la orden del tribunal.
Además, indicó que en este caso también hay un incumplimiento grave en la declaración de impacto ambiental, pues la empresa se comprometió a un pre tratamiento en el vertimiento de residuos al estero, lo que no ha hecho.
Según el diputado PS por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, “Los Fiordos siempre han cometido abusos sostenidos sobre esa comunidad indígena, no hay respeto bajo ningún punto de vista a temas judiciales ni menos a la política medioambiental del país”, dijo.
“Esto demuestra que en este país los poderosos pretenden pasar por sobre la ley. Si una persona humilde comete un acto de este tipo, esa persona estaría en la cárcel. Los poderosos se escudan al tener buenos equipos jurídicos para hacer lo que quieren con la legislación medioambiental y la legislación del mismo país”, añadió Espinoza.
El parlamentario agregó que considera lamentable la actitud de la empresa y que “ojalá la justica aplique medidas ejemplificadoras y no sólo meras órdenes de desacato que terminan en nada”, con lo que coincidió el werkén Francisco Vera, quien hizo un llamado urgente a los tribunales a dictar medidas concretas que tengan un efecto real sobre este caso, para así poder proteger sus derechos, los que estarían siendo “pisoteados” desde la instalación de esta empresa en la localidad de Pargua.
