Menos de una semana falta para conocer a la empresa que se adjudicará el primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) para la explotación de este mineral, según lo informó el subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Luego que el 12 de septiembre el Comité Especial de los CEOL recibiera las ofertas, el próximo 24 de este mes en el ministerio de Hacienda se abrirán las propuestas económicas y se revelará el nombre de la compañía que obtendrá la licitación.

Pese a que se informó que 66 empresas, personas naturales y estudios jurídicos adquirieron las bases para postular al proceso, solo fueron tres compañías las que cumplieron con todos los requisitos de postulación: Posco Consortium (integrado por Posco Ltd., Mitsui & Co Ltd., Daewoo International Corporation de Corea y Minera Li Energy Spa); Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine (del Grupo Errázuriz) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

No obstante, el proceso ha sido transversalmente objetado por las organizaciones sociales y también por parlamentarios, quienes aún están a la espera del pronunciamiento de la Contraloría General de la República por este caso.

Así lo confirmó el diputado DC, Patricio Vallespín, quien destacó que “el contralor Ramiro Mendoza se comprometió a referirse sobre las acusaciones que evidencian los nulos estudios medioambientales del proyecto emanado desde el Ejecutivo”. Esto, en referencia también a la impugnación presentada por los senadores Isabel Allende (PS), José Antonio Gómez (PRSD) y Ximena Rincón (DC).

“No existe evaluación ambiental estratégica y todo este proceso debería pararse por aquello, porque obviamente el efecto ambiental es inviable sin una evaluación estratégica. Al Gobierno, parece que eso le da lo mismo. Por eso esperamos que el Contralor, que se comprometió a hacerlo antes del 24, tenga un dictamen que ratifique que esto debería pararse, porque sin la evaluación no debiera seguir adelante en esta materia”, explicó Vallespín.

En tanto, la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, llamó a la ciudadanía a informarse de lo que significan los CEOL en materia de perjuicios medioambientales, acusando que los terrenos a utilizar son propiedad de población indígena y con la licitación se han violado nuevamente los convenios internacionales, donde se obliga una consulta previa a los pueblos originarios.

Asimismo, Liberona recalcó que la sociedad civil seguirá cuestionando los CEOL, “sobre todo con el Sistema Evaluación Ambiental (SEA) puesto en duda con el fallo sobre la central Termoeléctrica Castilla”.

La ambientalista denunció que el Gobierno “está cometiendo un grave error, porque hay una tremenda oportunidad para generar una política pública en relación al litio, para generar mayor capacidad de investigación tecnológica, de desarrollo de industria a nivel nacional, además de avanzar en el resguardo medio ambiental de los salares y la propiedad de los territorios indígenas. Licitar no es solo un error en términos de política pública, sino que también puede llevar al Gobierno a la generación de daños ambientales severos”, dijo.

Por su parte, Javier Castillo, director nacional de la Confederación Minera de Chile, sostuvo que “la política de Gobierno en materia de explotación es parte de la estrategia neoliberal de vender los recursos de todos los chilenos a manos de pocas empresas”, asegurando que  “el mundo minero ya no confía en la voluntad del Ejecutivo”.

Castillo sostuvo que este proceso “es parte de una privatización sin más”, ya que ni siquiera participó de ella Codelco, por lo que de no haber ningún cambio en los procesos, “el sentido común los llamará a movilizarse”.

“El único nombre que le podemos dar desde el mundo minero a esto es una traición a la patria, abandonar cualquier intencionalidad de dejar el litio para Chile. Hay una conciencia clara de lo que significó la desnacionalización del cobre, entonces, con esa misma conciencia empezar a instar al mundo social que ahí está la plata para la educación gratuita y de calidad, en el litio, en el cobre, en los recursos naturales de Chile. Ya no es una discusión de voluntades políticas, ya que las voluntades políticas no van por rescatar nuestros productos naturales para el bienestar de la patria”, explicó el dirigente.

Los opositores a la licitación apuntaron que se necesitan estudios acuciosos respecto de la viabilidad medioambiental de los proyectos, recalcando que de no ser así acudirán a todas las instancias y tribunales necesarios para acabar con lo que calificaron como “el final de la venta de la patria”.