El Presidente Sebastián Piñera respaldó los cuestionamientos realizados por la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, respecto al fallo del Poder Judicial que decretó la paralización de la construcción de la Central Castilla.
El mandatario señaló en distintas entrevistas a medios de comunicación que la resolución “no se ajustó exactamente a los hechos” y señaló, además, que la secretaria de Estado defendió la institucionalidad ambiental, lo que consideró como “lógico y razonable”.
La declaraciones de Piñera tuvieron inmediatamente eco en la oposición y fue el senador DC Jorge Pizarro quien afirmó que es “delicado” que el Gobierno insista en cuestionar y revisar la decisión de la Corte Suprema, agregando que el Presidente “agrava la falta” cometida por la ministra del Medio Ambiente.
Las críticas emitidas desde la Concertación apuntan principalmente al error que significa cuestionar a otros poderes del Estado que funcionan de manera autónoma, lo que se suma “al desconocimiento de la institucionalidad ambiental del país” por parte del Ejecutivo.
En este sentido, el diputado del PS Alfonso de Urresti, emplazó a las autoridades a enfocar los esfuerzos en modificaciones a la estructura y actual normativa institucional: “Si el Presidente o la ministra quieren avanzar en el mejoramiento de la institucionalidad ambiental, que presenten proyectos de ley como corresponden que hagan los reglamentos que faltan, que desarrollen a través de la vía legislativa o reglamentaria normas para poder tener una mejor legislación, pero no a través de la presión o del cuestionamiento de los fallos de la Justicia eso es un camino equivocado”, sostuvo.
Por otra parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, consideró curioso “que el Presidente diga que la ministra defiende la institucionalidad, cuando él fue el primero que violó la institucionalidad en 2010 cuando la Central Barrancones había sido aprobada y él, con una llamada de teléfono, canceló el proyecto. Hoy resulta contradictorio que ahora sí el Presidente se preocupe de defender la institucionalidad”, dijo.
Además, la ambientalista calificó como “precario” el marco regulatorio vigente, explicando que instancias como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la superintendencia y el ministerio del ramo funcionan con reglamentos antiguos, criticando que la actual gestión no haya sido capaz de sacar adelante nuevas normativas.
La directora de Terram, agregó, que la defensa de la construcción de la central del grupo MPX, encabezado por el multimillonario brasileño Eike Batista, por razones energéticas, no tiene relación con las responsabilidades de la institucionalidad medioambiental.
“Si el ministro de Energía, el ministerio de Energía y la institucionalidad pública del Estado no tiene competencias para hacer una planificación eléctrica, eso no es materia de medioambiente. Lo grave, lo profundo del fallo de la Corte Suprema es que no solo devela la debilidad de la institucionalidad ambiental chilena y la mala gestión ambiental, sino los problemas de planificación eléctrica que tenemos en términos de instrumentos regulatorios del Estado”, detalló Liberona.
Por lo mismo, tanto desde Terram como desde la oposición coinciden en la necesidad de una nueva discusión sobre la materia.
El Presidente Sebastián Piñera respaldó los cuestionamientos realizados por la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, respecto al fallo del Poder Judicial que decretó la paralización de la construcción de la Central Castilla.
El mandatario señaló en distintas entrevistas a medios de comunicación que la resolución “no se ajustó exactamente a los hechos” y señaló, además, que la secretaria de Estado defendió la institucionalidad ambiental, lo que consideró como “lógico y razonable”.
La declaraciones de Piñera tuvieron inmediatamente eco en la oposición y fue el senador DC Jorge Pizarro quien afirmó que es “delicado” que el Gobierno insista en cuestionar y revisar la decisión de la Corte Suprema, agregando que el Presidente “agrava la falta” cometida por la ministra del Medio Ambiente.
Las críticas emitidas desde la Concertación apuntan principalmente al error que significa cuestionar a otros poderes del Estado que funcionan de manera autónoma, lo que se suma “al desconocimiento de la institucionalidad ambiental del país” por parte del Ejecutivo.
En este sentido, el diputado del PS Alfonso de Urresti, emplazó a las autoridades a enfocar los esfuerzos en modificaciones a la estructura y actual normativa institucional: “Si el Presidente o la ministra quieren avanzar en el mejoramiento de la institucionalidad ambiental, que presenten proyectos de ley como corresponden que hagan los reglamentos que faltan, que desarrollen a través de la vía legislativa o reglamentaria normas para poder tener una mejor legislación, pero no a través de la presión o del cuestionamiento de los fallos de la Justicia eso es un camino equivocado”, sostuvo.
Por otra parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, consideró curioso “que el Presidente diga que la ministra defiende la institucionalidad, cuando él fue el primero que violó la institucionalidad en 2010 cuando la Central Barrancones había sido aprobada y él, con una llamada de teléfono, canceló el proyecto. Hoy resulta contradictorio que ahora sí el Presidente se preocupe de defender la institucionalidad”, dijo.
Además, la ambientalista calificó como “precario” el marco regulatorio vigente, explicando que instancias como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la superintendencia y el ministerio del ramo funcionan con reglamentos antiguos, criticando que la actual gestión no haya sido capaz de sacar adelante nuevas normativas.
La directora de Terram, agregó, que la defensa de la construcción de la central del grupo MPX, encabezado por el multimillonario brasileño Eike Batista, por razones energéticas, no tiene relación con las responsabilidades de la institucionalidad medioambiental.
“Si el ministro de Energía, el ministerio de Energía y la institucionalidad pública del Estado no tiene competencias para hacer una planificación eléctrica, eso no es materia de medioambiente. Lo grave, lo profundo del fallo de la Corte Suprema es que no solo devela la debilidad de la institucionalidad ambiental chilena y la mala gestión ambiental, sino los problemas de planificación eléctrica que tenemos en términos de instrumentos regulatorios del Estado”, detalló Liberona.
Por lo mismo, tanto desde Terram como desde la oposición coinciden en la necesidad de una nueva discusión sobre la materia.
El Presidente Sebastián Piñera respaldó los cuestionamientos realizados por la ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, respecto al fallo del Poder Judicial que decretó la paralización de la construcción de la Central Castilla.
El mandatario señaló en distintas entrevistas a medios de comunicación que la resolución “no se ajustó exactamente a los hechos” y señaló, además, que la secretaria de Estado defendió la institucionalidad ambiental, lo que consideró como “lógico y razonable”.
La declaraciones de Piñera tuvieron inmediatamente eco en la oposición y fue el senador DC Jorge Pizarro quien afirmó que es “delicado” que el Gobierno insista en cuestionar y revisar la decisión de la Corte Suprema, agregando que el Presidente “agrava la falta” cometida por la ministra del Medio Ambiente.
Las críticas emitidas desde la Concertación apuntan principalmente al error que significa cuestionar a otros poderes del Estado que funcionan de manera autónoma, lo que se suma “al desconocimiento de la institucionalidad ambiental del país” por parte del Ejecutivo.
En este sentido, el diputado del PS Alfonso de Urresti, emplazó a las autoridades a enfocar los esfuerzos en modificaciones a la estructura y actual normativa institucional: “Si el Presidente o la ministra quieren avanzar en el mejoramiento de la institucionalidad ambiental, que presenten proyectos de ley como corresponden que hagan los reglamentos que faltan, que desarrollen a través de la vía legislativa o reglamentaria normas para poder tener una mejor legislación, pero no a través de la presión o del cuestionamiento de los fallos de la Justicia eso es un camino equivocado”, sostuvo.
Por otra parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, consideró curioso “que el Presidente diga que la ministra defiende la institucionalidad, cuando él fue el primero que violó la institucionalidad en 2010 cuando la Central Barrancones había sido aprobada y él, con una llamada de teléfono, canceló el proyecto. Hoy resulta contradictorio que ahora sí el Presidente se preocupe de defender la institucionalidad”, dijo.
Además, la ambientalista calificó como “precario” el marco regulatorio vigente, explicando que instancias como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la superintendencia y el ministerio del ramo funcionan con reglamentos antiguos, criticando que la actual gestión no haya sido capaz de sacar adelante nuevas normativas.
La directora de Terram, agregó, que la defensa de la construcción de la central del grupo MPX, encabezado por el multimillonario brasileño Eike Batista, por razones energéticas, no tiene relación con las responsabilidades de la institucionalidad medioambiental.
“Si el ministro de Energía, el ministerio de Energía y la institucionalidad pública del Estado no tiene competencias para hacer una planificación eléctrica, eso no es materia de medioambiente. Lo grave, lo profundo del fallo de la Corte Suprema es que no solo devela la debilidad de la institucionalidad ambiental chilena y la mala gestión ambiental, sino los problemas de planificación eléctrica que tenemos en términos de instrumentos regulatorios del Estado”, detalló Liberona.
Por lo mismo, tanto desde Terram como desde la oposición coinciden en la necesidad de una nueva discusión sobre la materia.
