Controversia causó el caso de la asociación de tejedoras mapuche lavkenche de Tirúa, Relmu Witral, quienes fueron multadas por el Servicio de Impuestos Internos por 8 millones de pesos por el no pago de 500 mil pesos en impuestos en 2008.
La situación salió a la luz luego de la molestia que causó en el grupo de tejedoras el enterarse de la condonación de 100 millones de doláres que el servicio otorgó a la empresa Johnson’s. “Cuando supimos la millonaria condonación que le hicieron a una empresa que, supuestamente, tiene abogados, gente experta, personas educadas que saben del tema, nos sentimos muy molestos con la situación”, acusó la encargada comercial de Relmu Witral, Miriam Espinoza.
Aunque Espinoza reconoce que debido a la ignorancia en temas tributarios y la negligencia de un contador que trabajó con el grupo no se cancelaron los impuestos, la multa que el SII les aplicó es lo que la pyme de artesanía ganaba en 10 meses, en cambio, lo de Johnson’s era una cifra fácilmente accesible para la empresa.
Asimismo, la representante de la organización relata que luego de apelar al servicio, argumentando que “éramos una organización sin fines de lucro, que estábamos trabajando con artesanas indígenas, que no tenían mayor educación, nos rebajaron la multa a 2 millones, pero en total pagamos 6 millones y teníamos hacerlo contado. Estuvimos a punto de cerrar, tuvimos que conseguirnos dinero y reiniciar la empresa con un nuevo capital”, relata.
En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, junto con recalcar que el caso Johnson’s puso en tela de juicio la transparencia del organismo, indicó en relación al caso de las tejedoras mapuches que “es evidente que en nuestro país las grandes empresas tienen un régimen tributario que no se condice en términos de disminuir las grandes inequidades”.
Una discusión que, según Insunza, se trató de establecer en el debate por el proyecto de reforma tributaria que propuso el gobierno, planteando “un marco tributario más equitativo, donde se busquen mecanismos de facilitación más profundos y avanzados hacia la pymes”. Sin embargo, el dirigente acusa que “esa discusión no es la que está a la orden del día, por los enormes compromisos que a nuestra opinión mantiene el Gobierno con el gran empresariado del país, como es en el caso Johnson’s”.
En lo mismo coincidió Miriam Espinoza de Relmu Witral, quien además hizo un llamado a las autoridades para que “las pymes de artesanía tengan una ley especial, no nos pueden meter dentro de una saco como empresa de primera categoría, cuando somos una asociación indígena, actividad empresarial social, que no lucramos”.
“El Gobierno o el Servicio de Impuestos Internos tienen que crear una figura legal para que las pequeñas pymes, sobre todo, de artesanía, puedan darle un valor a la gente de los pueblos indígenas y podamos salir de la pobreza”, agregó
Espinoza, recalcando que la actividad también rescata el patrimonio y las tradiciones de los pueblos ancestrales chilenos.
En tanto, la investigación por el caso Johnson’s continúa su curso en la comisión de la Cámara Baja del Congreso, mientras los funcionarios del SII fueron recibidos por el presidente del Consejo de Defensa del Estado el viernes 14 de septiembre para manifestar sus descargos en torno a la actuación del organismo y emplazar a la entidad a actuar con mayor protagonismo frente a esta polémica condonación.
Controversia causó el caso de la asociación de tejedoras mapuche lavkenche de Tirúa, Relmu Witral, quienes fueron multadas por el Servicio de Impuestos Internos por 8 millones de pesos por el no pago de 500 mil pesos en impuestos en 2008.
La situación salió a la luz luego de la molestia que causó en el grupo de tejedoras el enterarse de la condonación de 100 millones de doláres que el servicio otorgó a la empresa Johnson’s. “Cuando supimos la millonaria condonación que le hicieron a una empresa que, supuestamente, tiene abogados, gente experta, personas educadas que saben del tema, nos sentimos muy molestos con la situación”, acusó la encargada comercial de Relmu Witral, Miriam Espinoza.
Aunque Espinoza reconoce que debido a la ignorancia en temas tributarios y la negligencia de un contador que trabajó con el grupo no se cancelaron los impuestos, la multa que el SII les aplicó es lo que la pyme de artesanía ganaba en 10 meses, en cambio, lo de Johnson’s era una cifra fácilmente accesible para la empresa.
Asimismo, la representante de la organización relata que luego de apelar al servicio, argumentando que “éramos una organización sin fines de lucro, que estábamos trabajando con artesanas indígenas, que no tenían mayor educación, nos rebajaron la multa a 2 millones, pero en total pagamos 6 millones y teníamos hacerlo contado. Estuvimos a punto de cerrar, tuvimos que conseguirnos dinero y reiniciar la empresa con un nuevo capital”, relata.
En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, junto con recalcar que el caso Johnson’s puso en tela de juicio la transparencia del organismo, indicó en relación al caso de las tejedoras mapuches que “es evidente que en nuestro país las grandes empresas tienen un régimen tributario que no se condice en términos de disminuir las grandes inequidades”.
Una discusión que, según Insunza, se trató de establecer en el debate por el proyecto de reforma tributaria que propuso el gobierno, planteando “un marco tributario más equitativo, donde se busquen mecanismos de facilitación más profundos y avanzados hacia la pymes”. Sin embargo, el dirigente acusa que “esa discusión no es la que está a la orden del día, por los enormes compromisos que a nuestra opinión mantiene el Gobierno con el gran empresariado del país, como es en el caso Johnson’s”.
En lo mismo coincidió Miriam Espinoza de Relmu Witral, quien además hizo un llamado a las autoridades para que “las pymes de artesanía tengan una ley especial, no nos pueden meter dentro de una saco como empresa de primera categoría, cuando somos una asociación indígena, actividad empresarial social, que no lucramos”.
“El Gobierno o el Servicio de Impuestos Internos tienen que crear una figura legal para que las pequeñas pymes, sobre todo, de artesanía, puedan darle un valor a la gente de los pueblos indígenas y podamos salir de la pobreza”, agregó
Espinoza, recalcando que la actividad también rescata el patrimonio y las tradiciones de los pueblos ancestrales chilenos.
En tanto, la investigación por el caso Johnson’s continúa su curso en la comisión de la Cámara Baja del Congreso, mientras los funcionarios del SII fueron recibidos por el presidente del Consejo de Defensa del Estado el viernes 14 de septiembre para manifestar sus descargos en torno a la actuación del organismo y emplazar a la entidad a actuar con mayor protagonismo frente a esta polémica condonación.
Controversia causó el caso de la asociación de tejedoras mapuche lavkenche de Tirúa, Relmu Witral, quienes fueron multadas por el Servicio de Impuestos Internos por 8 millones de pesos por el no pago de 500 mil pesos en impuestos en 2008.
La situación salió a la luz luego de la molestia que causó en el grupo de tejedoras el enterarse de la condonación de 100 millones de doláres que el servicio otorgó a la empresa Johnson’s. “Cuando supimos la millonaria condonación que le hicieron a una empresa que, supuestamente, tiene abogados, gente experta, personas educadas que saben del tema, nos sentimos muy molestos con la situación”, acusó la encargada comercial de Relmu Witral, Miriam Espinoza.
Aunque Espinoza reconoce que debido a la ignorancia en temas tributarios y la negligencia de un contador que trabajó con el grupo no se cancelaron los impuestos, la multa que el SII les aplicó es lo que la pyme de artesanía ganaba en 10 meses, en cambio, lo de Johnson’s era una cifra fácilmente accesible para la empresa.
Asimismo, la representante de la organización relata que luego de apelar al servicio, argumentando que “éramos una organización sin fines de lucro, que estábamos trabajando con artesanas indígenas, que no tenían mayor educación, nos rebajaron la multa a 2 millones, pero en total pagamos 6 millones y teníamos hacerlo contado. Estuvimos a punto de cerrar, tuvimos que conseguirnos dinero y reiniciar la empresa con un nuevo capital”, relata.
En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos, Carlos Insunza, junto con recalcar que el caso Johnson’s puso en tela de juicio la transparencia del organismo, indicó en relación al caso de las tejedoras mapuches que “es evidente que en nuestro país las grandes empresas tienen un régimen tributario que no se condice en términos de disminuir las grandes inequidades”.
Una discusión que, según Insunza, se trató de establecer en el debate por el proyecto de reforma tributaria que propuso el gobierno, planteando “un marco tributario más equitativo, donde se busquen mecanismos de facilitación más profundos y avanzados hacia la pymes”. Sin embargo, el dirigente acusa que “esa discusión no es la que está a la orden del día, por los enormes compromisos que a nuestra opinión mantiene el Gobierno con el gran empresariado del país, como es en el caso Johnson’s”.
En lo mismo coincidió Miriam Espinoza de Relmu Witral, quien además hizo un llamado a las autoridades para que “las pymes de artesanía tengan una ley especial, no nos pueden meter dentro de una saco como empresa de primera categoría, cuando somos una asociación indígena, actividad empresarial social, que no lucramos”.
“El Gobierno o el Servicio de Impuestos Internos tienen que crear una figura legal para que las pequeñas pymes, sobre todo, de artesanía, puedan darle un valor a la gente de los pueblos indígenas y podamos salir de la pobreza”, agregó
Espinoza, recalcando que la actividad también rescata el patrimonio y las tradiciones de los pueblos ancestrales chilenos.
En tanto, la investigación por el caso Johnson’s continúa su curso en la comisión de la Cámara Baja del Congreso, mientras los funcionarios del SII fueron recibidos por el presidente del Consejo de Defensa del Estado el viernes 14 de septiembre para manifestar sus descargos en torno a la actuación del organismo y emplazar a la entidad a actuar con mayor protagonismo frente a esta polémica condonación.
