A las nueve de la mañana está citada la junta extraordinaria de accionistas de la empresa periodística La Nación, donde se votará la disolución anticipada de la sociedad y la posterior liquidación de sus bienes.
El encuentro podría arrojar la fecha definitiva de clausura del medio, algo que sus trabajadores, junto a organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, intentarán evitar mediante diversas acciones.
Una de ellas será la petición de los diputados Hugo Gutiérrez y María Antonieta Saa de una sesión especial en la Cámara de Diputados, para conocer, de parte del ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, las razones por las que el Ejecutivo pretende cerrar La Nación.
Este domingo, en un acto político cultural que se realizó frente a La Moneda, Gutiérrez dijo que “lamentablemente no hemos podido saber la argumentación que está detrás de este cierre, porque el decreto supremo dictado por la Secretaría General de Gobierno todavía está en tramitación. Entonces van a proceder al cierre de un diario en virtud de una normativa que no ha sido tomada de razón por el Contralor y aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, en virtud de una legislación inexistente, cuyo argumento no conocemos hasta hoy”.
El parlamentario comunista informó además que presentará un recurso de protección para evitar que se concrete la medida.
Por su parte, Nancy Arancibia, presidenta del sindicato N°3 del medio, emplazó a la administración de Sebastián Piñera a reconsiderar la clausura: “La Nación tiene todas las posibilidades políticas, económicas y profesionales para ser un diario que por fin esté al servicio de todos los chilenos a través de una regulación. Hacer una regulación para el diario es una decisión política, como en algún momento se hizo para TVN. Por qué no hacerlo con La Nación y conservar este diario, que ya ha dado muestras de pluralismo en este último año y medio, pero también antes”, afirmó.
En tanto, Javiera Olivares, vicepresidenta del Colegio de Periodistas, evidenció su repudio a la decisión gubernamental y dijo que “cercena los derechos colectivos de acceso a la información y libertad de expresión”.
La dirigenta recalcó que un conjunto de organizaciones sociales son las que piden la continuidad del diario: “Exigimos que esta junta de accionistas no solamente se detenga, sino también que se termine con la búsqueda de privatizar el discurso público y que se represente solo a un sector social, político y económico. Las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos tenemos también derecho a tener opinión y espacio en los medios de comunicación. Para eso necesitamos medios públicos. Revisemos la conformación de los medios públicos, sus directorios, la ley que los sustenta, pero no los matemos. Los necesitamos para una profundización democrática”, aseguró.
Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que la empresa periodística La Nación “es un patrimonio del Estado y no propiedad del Gobierno actual”.
“Es de todos, de nosotros, de los trabajadores. Es necesario que exista un medio público para que dé espacio a las organizaciones sociales y sindicales. Eso puede ser La Nación y no venderse, porque hoy existe una alta concentración de medios de comunicación, que hace que solo ciertos sectores puedan expresarse libremente”, señaló.
Finalmente, la Asamblea Coordinadora de Trabajadores de la Comunicación informó que están trabajando con un grupo de abogados para presentar también acciones judiciales que eviten el término de funciones de La Nación.
Además, no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la decisión del Gobierno de acabar con un medio con 96 años de historia.
Foto: Juan Pablo Sierra
A las nueve de la mañana está citada la junta extraordinaria de accionistas de la empresa periodística La Nación, donde se votará la disolución anticipada de la sociedad y la posterior liquidación de sus bienes.
El encuentro podría arrojar la fecha definitiva de clausura del medio, algo que sus trabajadores, junto a organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, intentarán evitar mediante diversas acciones.
Una de ellas será la petición de los diputados Hugo Gutiérrez y María Antonieta Saa de una sesión especial en la Cámara de Diputados, para conocer, de parte del ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, las razones por las que el Ejecutivo pretende cerrar La Nación.
Este domingo, en un acto político cultural que se realizó frente a La Moneda, Gutiérrez dijo que “lamentablemente no hemos podido saber la argumentación que está detrás de este cierre, porque el decreto supremo dictado por la Secretaría General de Gobierno todavía está en tramitación. Entonces van a proceder al cierre de un diario en virtud de una normativa que no ha sido tomada de razón por el Contralor y aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, en virtud de una legislación inexistente, cuyo argumento no conocemos hasta hoy”.
El parlamentario comunista informó además que presentará un recurso de protección para evitar que se concrete la medida.
Por su parte, Nancy Arancibia, presidenta del sindicato N°3 del medio, emplazó a la administración de Sebastián Piñera a reconsiderar la clausura: “La Nación tiene todas las posibilidades políticas, económicas y profesionales para ser un diario que por fin esté al servicio de todos los chilenos a través de una regulación. Hacer una regulación para el diario es una decisión política, como en algún momento se hizo para TVN. Por qué no hacerlo con La Nación y conservar este diario, que ya ha dado muestras de pluralismo en este último año y medio, pero también antes”, afirmó.
En tanto, Javiera Olivares, vicepresidenta del Colegio de Periodistas, evidenció su repudio a la decisión gubernamental y dijo que “cercena los derechos colectivos de acceso a la información y libertad de expresión”.
La dirigenta recalcó que un conjunto de organizaciones sociales son las que piden la continuidad del diario: “Exigimos que esta junta de accionistas no solamente se detenga, sino también que se termine con la búsqueda de privatizar el discurso público y que se represente solo a un sector social, político y económico. Las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos tenemos también derecho a tener opinión y espacio en los medios de comunicación. Para eso necesitamos medios públicos. Revisemos la conformación de los medios públicos, sus directorios, la ley que los sustenta, pero no los matemos. Los necesitamos para una profundización democrática”, aseguró.
Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que la empresa periodística La Nación “es un patrimonio del Estado y no propiedad del Gobierno actual”.
“Es de todos, de nosotros, de los trabajadores. Es necesario que exista un medio público para que dé espacio a las organizaciones sociales y sindicales. Eso puede ser La Nación y no venderse, porque hoy existe una alta concentración de medios de comunicación, que hace que solo ciertos sectores puedan expresarse libremente”, señaló.
Finalmente, la Asamblea Coordinadora de Trabajadores de la Comunicación informó que están trabajando con un grupo de abogados para presentar también acciones judiciales que eviten el término de funciones de La Nación.
Además, no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la decisión del Gobierno de acabar con un medio con 96 años de historia.
Foto: Juan Pablo Sierra
A las nueve de la mañana está citada la junta extraordinaria de accionistas de la empresa periodística La Nación, donde se votará la disolución anticipada de la sociedad y la posterior liquidación de sus bienes.
El encuentro podría arrojar la fecha definitiva de clausura del medio, algo que sus trabajadores, junto a organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, intentarán evitar mediante diversas acciones.
Una de ellas será la petición de los diputados Hugo Gutiérrez y María Antonieta Saa de una sesión especial en la Cámara de Diputados, para conocer, de parte del ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, las razones por las que el Ejecutivo pretende cerrar La Nación.
Este domingo, en un acto político cultural que se realizó frente a La Moneda, Gutiérrez dijo que “lamentablemente no hemos podido saber la argumentación que está detrás de este cierre, porque el decreto supremo dictado por la Secretaría General de Gobierno todavía está en tramitación. Entonces van a proceder al cierre de un diario en virtud de una normativa que no ha sido tomada de razón por el Contralor y aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, en virtud de una legislación inexistente, cuyo argumento no conocemos hasta hoy”.
El parlamentario comunista informó además que presentará un recurso de protección para evitar que se concrete la medida.
Por su parte, Nancy Arancibia, presidenta del sindicato N°3 del medio, emplazó a la administración de Sebastián Piñera a reconsiderar la clausura: “La Nación tiene todas las posibilidades políticas, económicas y profesionales para ser un diario que por fin esté al servicio de todos los chilenos a través de una regulación. Hacer una regulación para el diario es una decisión política, como en algún momento se hizo para TVN. Por qué no hacerlo con La Nación y conservar este diario, que ya ha dado muestras de pluralismo en este último año y medio, pero también antes”, afirmó.
En tanto, Javiera Olivares, vicepresidenta del Colegio de Periodistas, evidenció su repudio a la decisión gubernamental y dijo que “cercena los derechos colectivos de acceso a la información y libertad de expresión”.
La dirigenta recalcó que un conjunto de organizaciones sociales son las que piden la continuidad del diario: “Exigimos que esta junta de accionistas no solamente se detenga, sino también que se termine con la búsqueda de privatizar el discurso público y que se represente solo a un sector social, político y económico. Las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos tenemos también derecho a tener opinión y espacio en los medios de comunicación. Para eso necesitamos medios públicos. Revisemos la conformación de los medios públicos, sus directorios, la ley que los sustenta, pero no los matemos. Los necesitamos para una profundización democrática”, aseguró.
Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), afirmó que la empresa periodística La Nación “es un patrimonio del Estado y no propiedad del Gobierno actual”.
“Es de todos, de nosotros, de los trabajadores. Es necesario que exista un medio público para que dé espacio a las organizaciones sociales y sindicales. Eso puede ser La Nación y no venderse, porque hoy existe una alta concentración de medios de comunicación, que hace que solo ciertos sectores puedan expresarse libremente”, señaló.
Finalmente, la Asamblea Coordinadora de Trabajadores de la Comunicación informó que están trabajando con un grupo de abogados para presentar también acciones judiciales que eviten el término de funciones de La Nación.
Además, no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir la decisión del Gobierno de acabar con un medio con 96 años de historia.
Foto: Juan Pablo Sierra
