El problema radica en la modificación de las pensiones de invalidez que desde el 2010, han sufrido los miles de trabajadores del Puerto de San Antonio.
Según los dirigentes de la movilización, la modernización del puerto y la licitación de los aún terminales públicos, el Gobierno ha desconocido el acuerdo de pensiones de invalidez que se venían otorgando desde 1999, cuando y en un proceso de licitación de similares características, el Estado de Chile suscribió el compromiso de indemnizar y otorgar jubilaciones para los obreros.
Así lo confirmó Sergio Vargas, dirigente de federaciones y sindicatos de trabajadores portuarios del “Puerto Central Espigón”, que mantienen la movilización pacífica junto a los dos terminales “El Molo” y “Panul”.
Las pensiones administrativas radican en el Ministerio del Interior, por cuanto son excepciones para los trabajadores que sufren el desgaste físico de la faena, y están sometidos al riesgo constante de contagiarse con sustancias tóxicas.
En este sentido, el dirigente de los trabajadores portuarios señaló que “nosotros pedimos una indemnización por el cambio de modelo y además obviaron lo que los viejos habían hecho, las pensiones para nuestros viejos. Nosotros cuando entramos a trabajar por siete horas y media y a las siete horas y media quedamos cesantes, no teníamos vínculo con ninguna empresa. No tenemos vacaciones, no tenemos indemnizaciones, no tenemos vacaciones. Un trabajador a los 40 años a las empresas no les sirve y ahí los viejos salen a sufrir afuera. Queremos que ellos reciban una pensión para que puedan subsistir en el tiempo y pedimos que esta pensión sea vitalicia y una vez que la persona se muera y si queda su viuda viva se la pueda traspasar” .
“Lo único que estamos exigiendo, es un resguardo para cuando seamos viejos, en vez de llenarnos con bonos solidarios y migajas que para lo único que sirven es para matar de a poco a la gente”, afirmó Vargas.
Asimismo, Víctor González, dirigente del terminal “El Molo”, señaló que comenzaron conversando con el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, pero luego de no tener soluciones, fueron derivados con el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
González reiteró que las “pensiones de gracia” o administrativas están acogidas a la Ley 18.056, creadas el año 2000 por el entonces, Ministro del Interior, José Miguel Insulza; por lo que deben ser respetar.
En esa línea, el dirigente del terminal del puerto de San Antonio dijo que “le enviamos una propuesta al Gobierno el 7 de mayo y recién tuvimos una respuesta por escrito formal el 14 de septiembre. Antes habíamos tenido conversaciones, pero no había nada formal. El Estado creo este tipo de pensiones y ahora lo quiere desconocer. Se han entregado en tres ocasiones. Con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Micehelle Bachelet. Las últimas se entregaron en agosto de 2010 por el Presidente Sebastián Piñera. El Gobierno está al tanto de todas estas acciones”.
Desde la mirada local y oficialista, aunque sin validez para los dirigentes por no conceder espacios para acuerdos, el Gobernador de la Provincia de San Antonio, Mauricio Araneda, indicó que el Ejecutivo está en conversaciones con los trabajadores, por lo que calificó como “innecesaria” la movilización que tiene paralizadas las faenas marítimas de uno de los puertos más importantes del país.
En esa perspectiva, la autoridad provincial indicó que “cada puerto en el proceso de la licitación ha optado por diferentes mecanismos. Los trabajadores de San Antonio optaron por el pago de mitigación, es decir, un pago de un monto en efectivo por única vez, habiendo cientos de trabajadores de San Antonio y en el fondo hoy no es posible volver atrás. En paralelo se quedó en analizar el caso de los trabajadores más viejos y que les fuese difícil poder encontrar trabajo producto del hipotético caso en que se iban a necesitar menos personas para trabajar dentro del puerto”.
Según información oficial, para el martes 2 de octubre estaba prevista la reunión entre dirigentes portuarios y el Subsecretario Ubilla; no obstante, Víctor González, dirigente y Secretario General del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, aclaró que dicha conversación no se realizará hasta que la autoridad responda a sus demandas y entregue una propuesta legítima y legal.
El problema radica en la modificación de las pensiones de invalidez que desde el 2010, han sufrido los miles de trabajadores del Puerto de San Antonio.
Según los dirigentes de la movilización, la modernización del puerto y la licitación de los aún terminales públicos, el Gobierno ha desconocido el acuerdo de pensiones de invalidez que se venían otorgando desde 1999, cuando y en un proceso de licitación de similares características, el Estado de Chile suscribió el compromiso de indemnizar y otorgar jubilaciones para los obreros.
Así lo confirmó Sergio Vargas, dirigente de federaciones y sindicatos de trabajadores portuarios del “Puerto Central Espigón”, que mantienen la movilización pacífica junto a los dos terminales “El Molo” y “Panul”.
Las pensiones administrativas radican en el Ministerio del Interior, por cuanto son excepciones para los trabajadores que sufren el desgaste físico de la faena, y están sometidos al riesgo constante de contagiarse con sustancias tóxicas.
En este sentido, el dirigente de los trabajadores portuarios señaló que “nosotros pedimos una indemnización por el cambio de modelo y además obviaron lo que los viejos habían hecho, las pensiones para nuestros viejos. Nosotros cuando entramos a trabajar por siete horas y media y a las siete horas y media quedamos cesantes, no teníamos vínculo con ninguna empresa. No tenemos vacaciones, no tenemos indemnizaciones, no tenemos vacaciones. Un trabajador a los 40 años a las empresas no les sirve y ahí los viejos salen a sufrir afuera. Queremos que ellos reciban una pensión para que puedan subsistir en el tiempo y pedimos que esta pensión sea vitalicia y una vez que la persona se muera y si queda su viuda viva se la pueda traspasar” .
“Lo único que estamos exigiendo, es un resguardo para cuando seamos viejos, en vez de llenarnos con bonos solidarios y migajas que para lo único que sirven es para matar de a poco a la gente”, afirmó Vargas.
Asimismo, Víctor González, dirigente del terminal “El Molo”, señaló que comenzaron conversando con el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, pero luego de no tener soluciones, fueron derivados con el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
González reiteró que las “pensiones de gracia” o administrativas están acogidas a la Ley 18.056, creadas el año 2000 por el entonces, Ministro del Interior, José Miguel Insulza; por lo que deben ser respetar.
En esa línea, el dirigente del terminal del puerto de San Antonio dijo que “le enviamos una propuesta al Gobierno el 7 de mayo y recién tuvimos una respuesta por escrito formal el 14 de septiembre. Antes habíamos tenido conversaciones, pero no había nada formal. El Estado creo este tipo de pensiones y ahora lo quiere desconocer. Se han entregado en tres ocasiones. Con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Micehelle Bachelet. Las últimas se entregaron en agosto de 2010 por el Presidente Sebastián Piñera. El Gobierno está al tanto de todas estas acciones”.
Desde la mirada local y oficialista, aunque sin validez para los dirigentes por no conceder espacios para acuerdos, el Gobernador de la Provincia de San Antonio, Mauricio Araneda, indicó que el Ejecutivo está en conversaciones con los trabajadores, por lo que calificó como “innecesaria” la movilización que tiene paralizadas las faenas marítimas de uno de los puertos más importantes del país.
En esa perspectiva, la autoridad provincial indicó que “cada puerto en el proceso de la licitación ha optado por diferentes mecanismos. Los trabajadores de San Antonio optaron por el pago de mitigación, es decir, un pago de un monto en efectivo por única vez, habiendo cientos de trabajadores de San Antonio y en el fondo hoy no es posible volver atrás. En paralelo se quedó en analizar el caso de los trabajadores más viejos y que les fuese difícil poder encontrar trabajo producto del hipotético caso en que se iban a necesitar menos personas para trabajar dentro del puerto”.
Según información oficial, para el martes 2 de octubre estaba prevista la reunión entre dirigentes portuarios y el Subsecretario Ubilla; no obstante, Víctor González, dirigente y Secretario General del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, aclaró que dicha conversación no se realizará hasta que la autoridad responda a sus demandas y entregue una propuesta legítima y legal.
El problema radica en la modificación de las pensiones de invalidez que desde el 2010, han sufrido los miles de trabajadores del Puerto de San Antonio.
Según los dirigentes de la movilización, la modernización del puerto y la licitación de los aún terminales públicos, el Gobierno ha desconocido el acuerdo de pensiones de invalidez que se venían otorgando desde 1999, cuando y en un proceso de licitación de similares características, el Estado de Chile suscribió el compromiso de indemnizar y otorgar jubilaciones para los obreros.
Así lo confirmó Sergio Vargas, dirigente de federaciones y sindicatos de trabajadores portuarios del “Puerto Central Espigón”, que mantienen la movilización pacífica junto a los dos terminales “El Molo” y “Panul”.
Las pensiones administrativas radican en el Ministerio del Interior, por cuanto son excepciones para los trabajadores que sufren el desgaste físico de la faena, y están sometidos al riesgo constante de contagiarse con sustancias tóxicas.
En este sentido, el dirigente de los trabajadores portuarios señaló que “nosotros pedimos una indemnización por el cambio de modelo y además obviaron lo que los viejos habían hecho, las pensiones para nuestros viejos. Nosotros cuando entramos a trabajar por siete horas y media y a las siete horas y media quedamos cesantes, no teníamos vínculo con ninguna empresa. No tenemos vacaciones, no tenemos indemnizaciones, no tenemos vacaciones. Un trabajador a los 40 años a las empresas no les sirve y ahí los viejos salen a sufrir afuera. Queremos que ellos reciban una pensión para que puedan subsistir en el tiempo y pedimos que esta pensión sea vitalicia y una vez que la persona se muera y si queda su viuda viva se la pueda traspasar” .
“Lo único que estamos exigiendo, es un resguardo para cuando seamos viejos, en vez de llenarnos con bonos solidarios y migajas que para lo único que sirven es para matar de a poco a la gente”, afirmó Vargas.
Asimismo, Víctor González, dirigente del terminal “El Molo”, señaló que comenzaron conversando con el Subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, pero luego de no tener soluciones, fueron derivados con el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
González reiteró que las “pensiones de gracia” o administrativas están acogidas a la Ley 18.056, creadas el año 2000 por el entonces, Ministro del Interior, José Miguel Insulza; por lo que deben ser respetar.
En esa línea, el dirigente del terminal del puerto de San Antonio dijo que “le enviamos una propuesta al Gobierno el 7 de mayo y recién tuvimos una respuesta por escrito formal el 14 de septiembre. Antes habíamos tenido conversaciones, pero no había nada formal. El Estado creo este tipo de pensiones y ahora lo quiere desconocer. Se han entregado en tres ocasiones. Con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Micehelle Bachelet. Las últimas se entregaron en agosto de 2010 por el Presidente Sebastián Piñera. El Gobierno está al tanto de todas estas acciones”.
Desde la mirada local y oficialista, aunque sin validez para los dirigentes por no conceder espacios para acuerdos, el Gobernador de la Provincia de San Antonio, Mauricio Araneda, indicó que el Ejecutivo está en conversaciones con los trabajadores, por lo que calificó como “innecesaria” la movilización que tiene paralizadas las faenas marítimas de uno de los puertos más importantes del país.
En esa perspectiva, la autoridad provincial indicó que “cada puerto en el proceso de la licitación ha optado por diferentes mecanismos. Los trabajadores de San Antonio optaron por el pago de mitigación, es decir, un pago de un monto en efectivo por única vez, habiendo cientos de trabajadores de San Antonio y en el fondo hoy no es posible volver atrás. En paralelo se quedó en analizar el caso de los trabajadores más viejos y que les fuese difícil poder encontrar trabajo producto del hipotético caso en que se iban a necesitar menos personas para trabajar dentro del puerto”.
Según información oficial, para el martes 2 de octubre estaba prevista la reunión entre dirigentes portuarios y el Subsecretario Ubilla; no obstante, Víctor González, dirigente y Secretario General del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, aclaró que dicha conversación no se realizará hasta que la autoridad responda a sus demandas y entregue una propuesta legítima y legal.
