“El Gobierno no está evaluando ninguna acción legal en contra de ninguna de las empresas que haya participado en la licitación”, aseguró el Gobierno en la voz del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Sus palabras vienen a liberar a Soquimich (SQM) de todo proceso judicial, luego de que la licitación que le otorgó la explotación del litio por 20 años fuera anulada. Al menos cuatro litigios con el Estado le impedirían a SQM, empresa propiedad de Julio Ponce, yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, hacerse cago de la explotación del mineral.
Además de esta escueta declaración de Hinzpeter, La Moneda no ha definido qué caminos se tomarán para zanjar qué entidad se hará cargo del mineral, aunque no se descarta una nueva licitación. Siquiera el Ministerio de Minería se ha hecho presente en la discusión, debido a los lazos familiares que unen al subsecretario de la cartera con altos cargos de Soquimich.
En tanto, la empresa Surcoreana Li Energy, que pidió anular el resultado, sigue disconforme, dado que ellos solo esperaban que se apartara del proceso a SQM.
En el Congreso, la Presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Isabel Allende, aseguró que es la oportunidad de desarrollar un debate serio, con perspectiva estratégica, pero “que no se les ocurra volver a licitar. En todo caso nosotros vamos a mantener nuestro recurso de nulidad público que actualmente está en la corte de apelaciones”, anunció, pues “estos contratos especiales de operación atentan contra lo que está permitido de una manera excepcionalísima. Aquí lo que se hace es una concesión encubierta”, subrayó Allende.
El académico de la Universidad Católica, y especialista en minería, Gustavo Lagos indicó que este proceso “está desacreditado, hay mucha gente que se opone a él”, incurriendo en un dañó a la imagen del país. Por ello y por la complejidad política que implica, una nueva licitación parece ser la medida menos adecuada.
El economista y presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga fue enfático en afirmar que “toda esta licitación que se hizo a nivel internacional fue nada más que un show para algo que ya estaba determinado de antemano, que era entregarle a Soquimich una nueva concesión del litio”. Esto se evidenciaría, según Alcayaga, en que el proceso de licitación comenzó con la participación de “66 empresas y al final solo se presentaron tres, porque se dieron cuenta de que todo estaba cocinado y amarrado y por eso no se presentaron más”, señaló.
Alcayaga añadió que el asunto de fondo es terminar con la lógica de simplemente exportar materias primas, lo que se lograría mediante un Estado que “conjuntamente con una empresa extranjera que produzca baterías, exploten el litio en Chile, pero que las baterías, los lubricantes, las cerámicas se produzcan en Chile. Es decir, que se le de valor agregado al litio que se saca del país, y que no se permita que lo sigan sacando como una simple materia prima”, señaló.
Por su parte, el senador Mariano Ruiz Esquide indicó que se debe “consolidar un movimiento social amplio que defienda el litio chileno y el Presidente Piñera junto con reconocer los errores de la licitación internacional, debe respaldar el proyecto que permite la Nacionalización del Litio”.
“El Gobierno no está evaluando ninguna acción legal en contra de ninguna de las empresas que haya participado en la licitación”, aseguró el Gobierno en la voz del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Sus palabras vienen a liberar a Soquimich (SQM) de todo proceso judicial, luego de que la licitación que le otorgó la explotación del litio por 20 años fuera anulada. Al menos cuatro litigios con el Estado le impedirían a SQM, empresa propiedad de Julio Ponce, yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, hacerse cago de la explotación del mineral.
Además de esta escueta declaración de Hinzpeter, La Moneda no ha definido qué caminos se tomarán para zanjar qué entidad se hará cargo del mineral, aunque no se descarta una nueva licitación. Siquiera el Ministerio de Minería se ha hecho presente en la discusión, debido a los lazos familiares que unen al subsecretario de la cartera con altos cargos de Soquimich.
En tanto, la empresa Surcoreana Li Energy, que pidió anular el resultado, sigue disconforme, dado que ellos solo esperaban que se apartara del proceso a SQM.
En el Congreso, la Presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Isabel Allende, aseguró que es la oportunidad de desarrollar un debate serio, con perspectiva estratégica, pero “que no se les ocurra volver a licitar. En todo caso nosotros vamos a mantener nuestro recurso de nulidad público que actualmente está en la corte de apelaciones”, anunció, pues “estos contratos especiales de operación atentan contra lo que está permitido de una manera excepcionalísima. Aquí lo que se hace es una concesión encubierta”, subrayó Allende.
El académico de la Universidad Católica, y especialista en minería, Gustavo Lagos indicó que este proceso “está desacreditado, hay mucha gente que se opone a él”, incurriendo en un dañó a la imagen del país. Por ello y por la complejidad política que implica, una nueva licitación parece ser la medida menos adecuada.
El economista y presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga fue enfático en afirmar que “toda esta licitación que se hizo a nivel internacional fue nada más que un show para algo que ya estaba determinado de antemano, que era entregarle a Soquimich una nueva concesión del litio”. Esto se evidenciaría, según Alcayaga, en que el proceso de licitación comenzó con la participación de “66 empresas y al final solo se presentaron tres, porque se dieron cuenta de que todo estaba cocinado y amarrado y por eso no se presentaron más”, señaló.
Alcayaga añadió que el asunto de fondo es terminar con la lógica de simplemente exportar materias primas, lo que se lograría mediante un Estado que “conjuntamente con una empresa extranjera que produzca baterías, exploten el litio en Chile, pero que las baterías, los lubricantes, las cerámicas se produzcan en Chile. Es decir, que se le de valor agregado al litio que se saca del país, y que no se permita que lo sigan sacando como una simple materia prima”, señaló.
Por su parte, el senador Mariano Ruiz Esquide indicó que se debe “consolidar un movimiento social amplio que defienda el litio chileno y el Presidente Piñera junto con reconocer los errores de la licitación internacional, debe respaldar el proyecto que permite la Nacionalización del Litio”.
“El Gobierno no está evaluando ninguna acción legal en contra de ninguna de las empresas que haya participado en la licitación”, aseguró el Gobierno en la voz del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Sus palabras vienen a liberar a Soquimich (SQM) de todo proceso judicial, luego de que la licitación que le otorgó la explotación del litio por 20 años fuera anulada. Al menos cuatro litigios con el Estado le impedirían a SQM, empresa propiedad de Julio Ponce, yerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, hacerse cago de la explotación del mineral.
Además de esta escueta declaración de Hinzpeter, La Moneda no ha definido qué caminos se tomarán para zanjar qué entidad se hará cargo del mineral, aunque no se descarta una nueva licitación. Siquiera el Ministerio de Minería se ha hecho presente en la discusión, debido a los lazos familiares que unen al subsecretario de la cartera con altos cargos de Soquimich.
En tanto, la empresa Surcoreana Li Energy, que pidió anular el resultado, sigue disconforme, dado que ellos solo esperaban que se apartara del proceso a SQM.
En el Congreso, la Presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Isabel Allende, aseguró que es la oportunidad de desarrollar un debate serio, con perspectiva estratégica, pero “que no se les ocurra volver a licitar. En todo caso nosotros vamos a mantener nuestro recurso de nulidad público que actualmente está en la corte de apelaciones”, anunció, pues “estos contratos especiales de operación atentan contra lo que está permitido de una manera excepcionalísima. Aquí lo que se hace es una concesión encubierta”, subrayó Allende.
El académico de la Universidad Católica, y especialista en minería, Gustavo Lagos indicó que este proceso “está desacreditado, hay mucha gente que se opone a él”, incurriendo en un dañó a la imagen del país. Por ello y por la complejidad política que implica, una nueva licitación parece ser la medida menos adecuada.
El economista y presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga fue enfático en afirmar que “toda esta licitación que se hizo a nivel internacional fue nada más que un show para algo que ya estaba determinado de antemano, que era entregarle a Soquimich una nueva concesión del litio”. Esto se evidenciaría, según Alcayaga, en que el proceso de licitación comenzó con la participación de “66 empresas y al final solo se presentaron tres, porque se dieron cuenta de que todo estaba cocinado y amarrado y por eso no se presentaron más”, señaló.
Alcayaga añadió que el asunto de fondo es terminar con la lógica de simplemente exportar materias primas, lo que se lograría mediante un Estado que “conjuntamente con una empresa extranjera que produzca baterías, exploten el litio en Chile, pero que las baterías, los lubricantes, las cerámicas se produzcan en Chile. Es decir, que se le de valor agregado al litio que se saca del país, y que no se permita que lo sigan sacando como una simple materia prima”, señaló.
Por su parte, el senador Mariano Ruiz Esquide indicó que se debe “consolidar un movimiento social amplio que defienda el litio chileno y el Presidente Piñera junto con reconocer los errores de la licitación internacional, debe respaldar el proyecto que permite la Nacionalización del Litio”.
