La semana pasada el Juzgado de Garantía de Talagante dispuso la prisión preventiva de Simón Gallardo, formalizado por siete casos de presuntos abusos sexuales contra menores. En La Florida, en tanto, la Fiscalía local recibió la denuncia de apoderados del jardín Osito Panda, perteneciente a la Fundación Integra, que acusaron a una parvularia por el mismo delito contra tres niños de cuatro años de edad.
Casos que se suman a los ocurridos en otros recintos educacionales de Estación Central y Macul. En este último, incluso, el propio Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó una querella criminal.
Un aumento significativo en las denuncias, que obedece a dos fenómenos específicos, según expresó Gloria Requena, directora de la ONG Activa. “Primero hay más casos que antes, en función de que no ha habido una adecuada política de protección al menor, que permita controlar efectivamente la ocurrencia de estos hechos y también se da el fenómeno de que hoy día la gente le ha perdido el miedo y la vergüenza a hacer la denuncia”, señaló.
Según la experta, tanto el sistema escolar como el judicial presentan falencias estructurales, que le impide a ambos brindar medidas adecuadas para la prevención y superación de los delitos. “Hay que cambiar la forma en la cual se enseña, desde que el niño se incorpora a un recinto pre-escolar o de enseñanza básica hay que explicarle los acercamientos y comportamientos inadecuados”, sostuvo.
La directora de ONG Activa evidenció también sus reparos con el modelo de sociedad que se ha construido, afirmando que las extensas jornadas laborales de los padres limitan las posibilidades de estar al tanto de los posibles abusos que afecten a sus hijos.
Por otra parte, el sistema de defensoría es altamente ineficiente y “poco amigable para los padres, es un sistema inhóspito que no acompaña a las víctimas en el proceso”, aseguró Requena, detallando que “hoy día todo el sistema nos hace contar una, dos y hasta tres veces lo que nos pasó y eso hace que la gente no quiera denunciar y trate de hacer borrón y cuenta nueva”. Pero, además, recalcó que “el tema de registro y control de los establecimientos es muy débil. Son muy pocos los establecimientos que efectivamente hacen pruebas sicológicas a quienes están a cargo de menores, ahí falla la institucionalidad”.
Sin embargo, Requena asegura que la solución no está en dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) o crear la “Defensoría del Niño” como lo ha propuesto el Gobierno, sino que fortaleciendo las instituciones públicas vigentes. “Cada vez que ocurre una situación grave que impacta al país –asegura la directora de esta ONG- lo que hacemos es crear una institucionalidad nueva y aquí la solución no pasa por crear más cargos. Pasa porque las instituciones funcionen y hagan lo que tienen que hacer. A mí me parecen reformas absolutamente cosméticas, con un fin mediático, pero que no entienden la realidad en la que están afectas las víctimas de un abuso sexual”, subrayó.
Ismael Calderón, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, dijo apoyar la creación de una Defensoría del Niño, “sólo en el caso de fortalecer la prevención y no si actúa únicamente para hechos consumados”, precisó. El dirigente agregó que, pese a la gran cantidad de denuncias de abusos sexuales conocidas el último tiempo, las más graves son las vinculadas con la Iglesia, denunciando una “crisis moral a todo nivel”, por lo que criticó a las autoridades eclesiásticas: “no es posible que Ezzati hable de desconfianza, cuando ellos mismos han quebrantado las confianzas”.
Tanto Gloria Requena como Ismael Calderón concordaron en que las soluciones deben ser de fondo, como modificaciones a los programas escolares y un programa de fiscalización del ministerio de Educación, además del ya mencionado fortalecimiento de las instituciones públicas.
La semana pasada el Juzgado de Garantía de Talagante dispuso la prisión preventiva de Simón Gallardo, formalizado por siete casos de presuntos abusos sexuales contra menores. En La Florida, en tanto, la Fiscalía local recibió la denuncia de apoderados del jardín Osito Panda, perteneciente a la Fundación Integra, que acusaron a una parvularia por el mismo delito contra tres niños de cuatro años de edad.
Casos que se suman a los ocurridos en otros recintos educacionales de Estación Central y Macul. En este último, incluso, el propio Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó una querella criminal.
Un aumento significativo en las denuncias, que obedece a dos fenómenos específicos, según expresó Gloria Requena, directora de la ONG Activa. “Primero hay más casos que antes, en función de que no ha habido una adecuada política de protección al menor, que permita controlar efectivamente la ocurrencia de estos hechos y también se da el fenómeno de que hoy día la gente le ha perdido el miedo y la vergüenza a hacer la denuncia”, señaló.
Según la experta, tanto el sistema escolar como el judicial presentan falencias estructurales, que le impide a ambos brindar medidas adecuadas para la prevención y superación de los delitos. “Hay que cambiar la forma en la cual se enseña, desde que el niño se incorpora a un recinto pre-escolar o de enseñanza básica hay que explicarle los acercamientos y comportamientos inadecuados”, sostuvo.
La directora de ONG Activa evidenció también sus reparos con el modelo de sociedad que se ha construido, afirmando que las extensas jornadas laborales de los padres limitan las posibilidades de estar al tanto de los posibles abusos que afecten a sus hijos.
Por otra parte, el sistema de defensoría es altamente ineficiente y “poco amigable para los padres, es un sistema inhóspito que no acompaña a las víctimas en el proceso”, aseguró Requena, detallando que “hoy día todo el sistema nos hace contar una, dos y hasta tres veces lo que nos pasó y eso hace que la gente no quiera denunciar y trate de hacer borrón y cuenta nueva”. Pero, además, recalcó que “el tema de registro y control de los establecimientos es muy débil. Son muy pocos los establecimientos que efectivamente hacen pruebas sicológicas a quienes están a cargo de menores, ahí falla la institucionalidad”.
Sin embargo, Requena asegura que la solución no está en dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) o crear la “Defensoría del Niño” como lo ha propuesto el Gobierno, sino que fortaleciendo las instituciones públicas vigentes. “Cada vez que ocurre una situación grave que impacta al país –asegura la directora de esta ONG- lo que hacemos es crear una institucionalidad nueva y aquí la solución no pasa por crear más cargos. Pasa porque las instituciones funcionen y hagan lo que tienen que hacer. A mí me parecen reformas absolutamente cosméticas, con un fin mediático, pero que no entienden la realidad en la que están afectas las víctimas de un abuso sexual”, subrayó.
Ismael Calderón, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, dijo apoyar la creación de una Defensoría del Niño, “sólo en el caso de fortalecer la prevención y no si actúa únicamente para hechos consumados”, precisó. El dirigente agregó que, pese a la gran cantidad de denuncias de abusos sexuales conocidas el último tiempo, las más graves son las vinculadas con la Iglesia, denunciando una “crisis moral a todo nivel”, por lo que criticó a las autoridades eclesiásticas: “no es posible que Ezzati hable de desconfianza, cuando ellos mismos han quebrantado las confianzas”.
Tanto Gloria Requena como Ismael Calderón concordaron en que las soluciones deben ser de fondo, como modificaciones a los programas escolares y un programa de fiscalización del ministerio de Educación, además del ya mencionado fortalecimiento de las instituciones públicas.
La semana pasada el Juzgado de Garantía de Talagante dispuso la prisión preventiva de Simón Gallardo, formalizado por siete casos de presuntos abusos sexuales contra menores. En La Florida, en tanto, la Fiscalía local recibió la denuncia de apoderados del jardín Osito Panda, perteneciente a la Fundación Integra, que acusaron a una parvularia por el mismo delito contra tres niños de cuatro años de edad.
Casos que se suman a los ocurridos en otros recintos educacionales de Estación Central y Macul. En este último, incluso, el propio Servicio Nacional de Menores (Sename) presentó una querella criminal.
Un aumento significativo en las denuncias, que obedece a dos fenómenos específicos, según expresó Gloria Requena, directora de la ONG Activa. “Primero hay más casos que antes, en función de que no ha habido una adecuada política de protección al menor, que permita controlar efectivamente la ocurrencia de estos hechos y también se da el fenómeno de que hoy día la gente le ha perdido el miedo y la vergüenza a hacer la denuncia”, señaló.
Según la experta, tanto el sistema escolar como el judicial presentan falencias estructurales, que le impide a ambos brindar medidas adecuadas para la prevención y superación de los delitos. “Hay que cambiar la forma en la cual se enseña, desde que el niño se incorpora a un recinto pre-escolar o de enseñanza básica hay que explicarle los acercamientos y comportamientos inadecuados”, sostuvo.
La directora de ONG Activa evidenció también sus reparos con el modelo de sociedad que se ha construido, afirmando que las extensas jornadas laborales de los padres limitan las posibilidades de estar al tanto de los posibles abusos que afecten a sus hijos.
Por otra parte, el sistema de defensoría es altamente ineficiente y “poco amigable para los padres, es un sistema inhóspito que no acompaña a las víctimas en el proceso”, aseguró Requena, detallando que “hoy día todo el sistema nos hace contar una, dos y hasta tres veces lo que nos pasó y eso hace que la gente no quiera denunciar y trate de hacer borrón y cuenta nueva”. Pero, además, recalcó que “el tema de registro y control de los establecimientos es muy débil. Son muy pocos los establecimientos que efectivamente hacen pruebas sicológicas a quienes están a cargo de menores, ahí falla la institucionalidad”.
Sin embargo, Requena asegura que la solución no está en dividir el Servicio Nacional de Menores (Sename) o crear la “Defensoría del Niño” como lo ha propuesto el Gobierno, sino que fortaleciendo las instituciones públicas vigentes. “Cada vez que ocurre una situación grave que impacta al país –asegura la directora de esta ONG- lo que hacemos es crear una institucionalidad nueva y aquí la solución no pasa por crear más cargos. Pasa porque las instituciones funcionen y hagan lo que tienen que hacer. A mí me parecen reformas absolutamente cosméticas, con un fin mediático, pero que no entienden la realidad en la que están afectas las víctimas de un abuso sexual”, subrayó.
Ismael Calderón, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, dijo apoyar la creación de una Defensoría del Niño, “sólo en el caso de fortalecer la prevención y no si actúa únicamente para hechos consumados”, precisó. El dirigente agregó que, pese a la gran cantidad de denuncias de abusos sexuales conocidas el último tiempo, las más graves son las vinculadas con la Iglesia, denunciando una “crisis moral a todo nivel”, por lo que criticó a las autoridades eclesiásticas: “no es posible que Ezzati hable de desconfianza, cuando ellos mismos han quebrantado las confianzas”.
Tanto Gloria Requena como Ismael Calderón concordaron en que las soluciones deben ser de fondo, como modificaciones a los programas escolares y un programa de fiscalización del ministerio de Educación, además del ya mencionado fortalecimiento de las instituciones públicas.
