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Año XIV, 7 de octubre de 2022

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Solicitan “políticas migratorias claras” ante últimos juicios por trata de personas en el país

A raíz de las últimas condenas por el delito de trata de personas en Chile, diferentes organizaciones ligadas al tema de la inmigración manifestaron su crítica hacia de la legislación chilena, pues aún no existe una política migratoria que regule, por ejemplo, el paso de extranjeros a nuestro país.

Mariano Rivera

  Sábado 6 de octubre 2012 16:54 hrs. 
peruanos en chile

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Luego de que el pasado miércoles 3 de octubre el Tribunal Oral Penal de Arica declarara culpable a una banda que intentaba trasladar a nueve ciudadanos peruanos desde la frontera en Tacna hacia el sur de Chile; distintos organismos relacionados con temas migratorios criticaron el fallo, pues señalan que “las sanciones tiene que ir conjuntamente con la reforma a la política pública en esa materia”.
Según la última medición de la Organización Internacional de Migración (OIM), el 2008 se produjeron 36 casos de ingreso ilegal al país, registrando un total de 147 víctimas.
La estadística arrojó que Valparaíso “es la ciudad donde llegan más indocumentados con motivos laborales, en tanto, la Región Metropolitana concentra la mayor trata de personas con fines sexuales”.
Respecto al fallo de la Fiscalía de Arica, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos, Rodolfo Noriega, criticó las sanciones que la justicia chilena ha cursado a inmigrantes residentes en el país, debido a que no se ha elaborado una política pública migratoria, por lo que recalcó que “el problema no se soluciona con atrapar a unos cuantos grupos, si no se establece un margen regulatorio”.

“Chile ha dado pasos legales en torno a este tema, sin embargo, no se han dado pasos para conjurar la existencia del delito. Si es que hay incentivo para que los inmigrantes ingresen se manera irregular, ya que de manera regular no se les permite, la trata va a ser un negocio. Y si no hay una política clara sobre el ingreso de los extranjeros al país, una política seria, el tema va a ser muy complejo”, advirtió Noriega.

Asimismo, el presidente del Comité de Refugiados Peruanos en Chile, sostuvo que se deben “establecer criterios y estándares en esta materia”, lo que responsabilidad del Ministerio del Interior y no de Carabineros.

“El tema es que Chile pueda definir su política de fronteras en forma transparente y no dando discursos que son distintos, por un lado de apertura y por otro poniendo restricciones y coto a la migración que son indebidos. Que esta política garantice los derechos fundamentales de las personas y que la política migratoria interna tome un rumbo, porque andar a la deriva es mantener el estatus quo, mantener políticas segregacionanistas y atentatorias con los derechos de inmigrantes”, agregó el dirigente.

De la misma manera, Juan Pablo Pino, asesor jurídico del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), señaló que existen  irregularidades en los casos sobre “trata de personas”, recordando el fallo en que el 1 de septiembre el Cuarto Tribunal Oral Penal Metropolitano condenó a cuatro ciudadanas dominicanas, que bajo la ley 20.507 y con cargos de asociación Ilícita, fueron condenadas a 31 años de prisión.
Pino, señaló que en dicho proceso, “hubo ahí una serie de irregularidades respecto a cómo se llevo a cabo este caso, hubo una persona que estuvo detenida una año y medio, chileno, que posteriormente se le absolvió. No hubo suficiente rigurosidad en ese caso,  se construyó una figura, pero no se pudo identifica una red con claridad, es bastante criticable en -ese sentido- el fallo”.

Los dos casos de trata de personas condenados por la justicia chilena, vinculados a materias laborales y sexuales, se enmarcan como “hitos para los tribunales nacionales”, aunque quedan en deuda según las organizaciones de migraciones en al avance hacia la construcción de una política pública soberana en migración, recalcando que “el traspaso ilegal es consecuencia de la negación que han tenido los gobiernos en democracia de regularizar el traspaso natural de los países vecinos”.

Crítica que ni siquiera con el Proyecto sobre Acceso a la Justicia, elaborado en conjunto por el Ministerio Público, Defensoría nacional e Instituto de Derechos humanos ha podido resolver hasta ahora.

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