Continúan los coletazos por la denuncia de sobreprecio que afectaba la compra de equipos de alta tecnología por parte de la división de estudios de la subsecretaría de Interior, lo que el viernes pasado derivó en la renuncia del ex fiscal Alejandro Peña, quien estaba a cargo del departamento.
Aunque las irregularidades ya están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los diputados de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara anunciaron que citarán a declarar al subsecretario Rodrigo Ubilla, para que se identifiquen las responsabilidades políticas que corresponden.
En este sentido, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tomó las palabras del vocero Andrés Chadwick, cuando a propósito de la fallida licitación del litio, indicó que en el Gobierno se asumen las responsabilidades: “El vocero dijo que en este Gobierno se enfrentaban y asumían las responsabilidades. Por eso es que en el tema del litio el subsecretario había asumido su responsabilidad y antiguamente, en el tema de Kodama, la ministra también. Y que en consecuencia en la nueva forma de gobernar no se corta el hilo por lo más delgado. Bueno, lo que estamos pidiendo es que eso se cumpla”, explicó Andrade.
A ello se suma el interés de algunos parlamentarios de oposición por revisar el presupuesto de la cartera, cuestión que generó rechazo desde el oficialismo, donde indicaron que no se pueden modificar políticas diseñadas con anterioridad porque eventualmente se cometió un error.
También generan dudas las declaraciones de Alejandro Peña, quien declinó cualquier tipo de responsabilidad directa en el fraude, lo que fue puesto en duda por el también ex fiscal Juan Pablo Buono Coure, quien aludió a su forma de trabajo en su antiguo cargo: “El Ministerio Público tiene que determinar si hay responsabilidades penales. Lo que tengo claro es que cuando estaba ahí, sabía todo lo que ocurría en el Ministerio Público, teniendo 300 funcionarios a su cargo. Siempre estaba preocupado de los procesos de trabajo que se realizaban en la Fiscalía. Y ahora, teniendo diez o doce personas a su cargo, aparece señalando que no tenía idea. Lo importante es que esto se investigue y, si hay responsabilidades, que se establezcan”, afirmó.
Este argumento fue complementado por el abogado del Caso Bombas, Mauricio Daza, para quien la situación del ex fiscal Peña en Interior fue irregular desde un principio: “El ingreso del fiscal Peña al ministerio del Interior es un pago que hizo esta cartera por levantar y sostener esta acusación absolutamente inconsistente, la cual corresponde a una operación política que tenía por finalidad mostrar a un Gobierno con resultados concretos en una causa de seguridad ciudadana a cualquier costo, aun cuando con ello se afectasen los derechos y garantías de personas inocentes por delitos que no cometieron. Al fiscal Peña se le ingresa en forma bastante irregular a las dependencias del ministerio del Interior, creando además una unidad sin que exista ningún tipo de concurso público para llenar ese cargo”, dijo.
Cabe recordar que este miércoles se entrega la decisión de la Corte Suprema en relación al recurso de nulidad que se presentó contra el fallo en el Caso Bombas. De rechazarse la acción judicial, la figura de Peña podría resultar más en entredicho, debido a que al ex fiscal se la acusó de falsificar testimonios, manipular pruebas y generar presiones indebidas hacia los familiares de los acusados, siendo protagonista de lo que muchos calificaron como montaje.
Continúan los coletazos por la denuncia de sobreprecio que afectaba la compra de equipos de alta tecnología por parte de la división de estudios de la subsecretaría de Interior, lo que el viernes pasado derivó en la renuncia del ex fiscal Alejandro Peña, quien estaba a cargo del departamento.
Aunque las irregularidades ya están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los diputados de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara anunciaron que citarán a declarar al subsecretario Rodrigo Ubilla, para que se identifiquen las responsabilidades políticas que corresponden.
En este sentido, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tomó las palabras del vocero Andrés Chadwick, cuando a propósito de la fallida licitación del litio, indicó que en el Gobierno se asumen las responsabilidades: “El vocero dijo que en este Gobierno se enfrentaban y asumían las responsabilidades. Por eso es que en el tema del litio el subsecretario había asumido su responsabilidad y antiguamente, en el tema de Kodama, la ministra también. Y que en consecuencia en la nueva forma de gobernar no se corta el hilo por lo más delgado. Bueno, lo que estamos pidiendo es que eso se cumpla”, explicó Andrade.
A ello se suma el interés de algunos parlamentarios de oposición por revisar el presupuesto de la cartera, cuestión que generó rechazo desde el oficialismo, donde indicaron que no se pueden modificar políticas diseñadas con anterioridad porque eventualmente se cometió un error.
También generan dudas las declaraciones de Alejandro Peña, quien declinó cualquier tipo de responsabilidad directa en el fraude, lo que fue puesto en duda por el también ex fiscal Juan Pablo Buono Coure, quien aludió a su forma de trabajo en su antiguo cargo: “El Ministerio Público tiene que determinar si hay responsabilidades penales. Lo que tengo claro es que cuando estaba ahí, sabía todo lo que ocurría en el Ministerio Público, teniendo 300 funcionarios a su cargo. Siempre estaba preocupado de los procesos de trabajo que se realizaban en la Fiscalía. Y ahora, teniendo diez o doce personas a su cargo, aparece señalando que no tenía idea. Lo importante es que esto se investigue y, si hay responsabilidades, que se establezcan”, afirmó.
Este argumento fue complementado por el abogado del Caso Bombas, Mauricio Daza, para quien la situación del ex fiscal Peña en Interior fue irregular desde un principio: “El ingreso del fiscal Peña al ministerio del Interior es un pago que hizo esta cartera por levantar y sostener esta acusación absolutamente inconsistente, la cual corresponde a una operación política que tenía por finalidad mostrar a un Gobierno con resultados concretos en una causa de seguridad ciudadana a cualquier costo, aun cuando con ello se afectasen los derechos y garantías de personas inocentes por delitos que no cometieron. Al fiscal Peña se le ingresa en forma bastante irregular a las dependencias del ministerio del Interior, creando además una unidad sin que exista ningún tipo de concurso público para llenar ese cargo”, dijo.
Cabe recordar que este miércoles se entrega la decisión de la Corte Suprema en relación al recurso de nulidad que se presentó contra el fallo en el Caso Bombas. De rechazarse la acción judicial, la figura de Peña podría resultar más en entredicho, debido a que al ex fiscal se la acusó de falsificar testimonios, manipular pruebas y generar presiones indebidas hacia los familiares de los acusados, siendo protagonista de lo que muchos calificaron como montaje.
Continúan los coletazos por la denuncia de sobreprecio que afectaba la compra de equipos de alta tecnología por parte de la división de estudios de la subsecretaría de Interior, lo que el viernes pasado derivó en la renuncia del ex fiscal Alejandro Peña, quien estaba a cargo del departamento.
Aunque las irregularidades ya están siendo investigadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los diputados de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara anunciaron que citarán a declarar al subsecretario Rodrigo Ubilla, para que se identifiquen las responsabilidades políticas que corresponden.
En este sentido, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, tomó las palabras del vocero Andrés Chadwick, cuando a propósito de la fallida licitación del litio, indicó que en el Gobierno se asumen las responsabilidades: “El vocero dijo que en este Gobierno se enfrentaban y asumían las responsabilidades. Por eso es que en el tema del litio el subsecretario había asumido su responsabilidad y antiguamente, en el tema de Kodama, la ministra también. Y que en consecuencia en la nueva forma de gobernar no se corta el hilo por lo más delgado. Bueno, lo que estamos pidiendo es que eso se cumpla”, explicó Andrade.
A ello se suma el interés de algunos parlamentarios de oposición por revisar el presupuesto de la cartera, cuestión que generó rechazo desde el oficialismo, donde indicaron que no se pueden modificar políticas diseñadas con anterioridad porque eventualmente se cometió un error.
También generan dudas las declaraciones de Alejandro Peña, quien declinó cualquier tipo de responsabilidad directa en el fraude, lo que fue puesto en duda por el también ex fiscal Juan Pablo Buono Coure, quien aludió a su forma de trabajo en su antiguo cargo: “El Ministerio Público tiene que determinar si hay responsabilidades penales. Lo que tengo claro es que cuando estaba ahí, sabía todo lo que ocurría en el Ministerio Público, teniendo 300 funcionarios a su cargo. Siempre estaba preocupado de los procesos de trabajo que se realizaban en la Fiscalía. Y ahora, teniendo diez o doce personas a su cargo, aparece señalando que no tenía idea. Lo importante es que esto se investigue y, si hay responsabilidades, que se establezcan”, afirmó.
Este argumento fue complementado por el abogado del Caso Bombas, Mauricio Daza, para quien la situación del ex fiscal Peña en Interior fue irregular desde un principio: “El ingreso del fiscal Peña al ministerio del Interior es un pago que hizo esta cartera por levantar y sostener esta acusación absolutamente inconsistente, la cual corresponde a una operación política que tenía por finalidad mostrar a un Gobierno con resultados concretos en una causa de seguridad ciudadana a cualquier costo, aun cuando con ello se afectasen los derechos y garantías de personas inocentes por delitos que no cometieron. Al fiscal Peña se le ingresa en forma bastante irregular a las dependencias del ministerio del Interior, creando además una unidad sin que exista ningún tipo de concurso público para llenar ese cargo”, dijo.
Cabe recordar que este miércoles se entrega la decisión de la Corte Suprema en relación al recurso de nulidad que se presentó contra el fallo en el Caso Bombas. De rechazarse la acción judicial, la figura de Peña podría resultar más en entredicho, debido a que al ex fiscal se la acusó de falsificar testimonios, manipular pruebas y generar presiones indebidas hacia los familiares de los acusados, siendo protagonista de lo que muchos calificaron como montaje.
