El 28 de septiembre pasado se inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales, con lo que los candidatos a alcaldes y concejales comenzaron una ofensiva protagonizada por gigantografías, afiches, volantes y un sinfín de propaganda destinada a promoverse.
En medio de este panorama, vuelven a surgir los cuestionamientos hacia la ley de Gasto Electoral, por considerarse una normativa que no permite identificar claramente de dónde provienen los recursos que se utilizan en estas campañas y cómo y cuánto se gasta.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes apeló a la ética política y llamó a los actuales candidatos para que detallen sus gastos electorales, criticando que el informe que se debe entregar al Servel sobre este ítem cuando terminan las campañas no responde a las necesidades de transparencia de una democracia como la chilena: “La democracia se ve afectada cuando no hay transparencia en el gasto electoral. Hoy día nadie sabe de dónde salen los recursos y nadie sabe en qué se está gastando, cuál es el programa de gastos. Creemos que esto llegó a un punto máximo y queremos hacer un llamado a todos los candidatos, independiente de la ley, por ética política, a publicar de dónde sacan los recursos para su campaña y cuál es el programa de gastos que realiza. El informe que se rinde al final, de acuerdo a la ley, es una chacota”, indicó.
El parlamentario recalcó que desde la oposición se han presentado varios proyectos destinados a reformar la legislación, los que -según Montes- han sido frenados por los partidos de la Alianza.
Por lo mismo, llamó a la ciudadanía a ser los propios fiscalizadores de los gastos en que incurren los candidatos mientras no se avance en esta dirección: “Tienen que exigir explicaciones a sus candidatos y a los candidatos de los otros sectores. Aunque sea poco el gasto, es muy importante decir de dónde surgieron los ingresos para hacerlo: si los ingresos fueron propios, si fueron aportes pequeños, cuántos, de adónde, en qué momento, de electores, de empresas. Eso es fundamental, cada peso debe tener explicación desde el momento en que se empiezan a hacer gastos”, afirmó.
En ello se hizo énfasis, pues en las últimas elecciones municipales de 2008, ocho de cada diez candidatos de los que más gastaron fueron elegidos por los votantes. En esos comicios se destinaron 53 millones dólares en concepto de gasto electoral, de los cuales un 43% fue ocupado por la Alianza y un 34% por la Concertación, cuestión que este año podría incrementarse.
El jefe de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, Manuel Arís, indicó que el problema del gasto es un obstáculo para el actual sistema electoral al presentar límites difusos: “Hay un problema sistémico centrado en el financiamiento de las campañas electorales, que tienen un límite muy alto, opaco y oscuro, porque no se sabe bien de dónde provienen los fondos. Hay un ente regulador que es el Servel, que solo hace una regulación contable de los fondos que declaran finalmente los candidatos, y esto provoca que la mayor cantidad de recursos en las campañas se inviertan en publicidad masiva, en marketing, lo que obviamente quita contenido”, dijo.
En Chile el sistema de financiamiento electoral es mixto: público y privado. Los límites de gastos son establecidos por el Servel para cada tipo de elección, contribuyendo el organismo con recursos bases para todos los candidatos. Sin embargo, el resto de los aportes pueden ser anónimos, reservados y públicos, y solo al final de las elecciones se debe presentar un detalle de los gastos efectuados.
El 28 de septiembre pasado se inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales, con lo que los candidatos a alcaldes y concejales comenzaron una ofensiva protagonizada por gigantografías, afiches, volantes y un sinfín de propaganda destinada a promoverse.
En medio de este panorama, vuelven a surgir los cuestionamientos hacia la ley de Gasto Electoral, por considerarse una normativa que no permite identificar claramente de dónde provienen los recursos que se utilizan en estas campañas y cómo y cuánto se gasta.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes apeló a la ética política y llamó a los actuales candidatos para que detallen sus gastos electorales, criticando que el informe que se debe entregar al Servel sobre este ítem cuando terminan las campañas no responde a las necesidades de transparencia de una democracia como la chilena: “La democracia se ve afectada cuando no hay transparencia en el gasto electoral. Hoy día nadie sabe de dónde salen los recursos y nadie sabe en qué se está gastando, cuál es el programa de gastos. Creemos que esto llegó a un punto máximo y queremos hacer un llamado a todos los candidatos, independiente de la ley, por ética política, a publicar de dónde sacan los recursos para su campaña y cuál es el programa de gastos que realiza. El informe que se rinde al final, de acuerdo a la ley, es una chacota”, indicó.
El parlamentario recalcó que desde la oposición se han presentado varios proyectos destinados a reformar la legislación, los que -según Montes- han sido frenados por los partidos de la Alianza.
Por lo mismo, llamó a la ciudadanía a ser los propios fiscalizadores de los gastos en que incurren los candidatos mientras no se avance en esta dirección: “Tienen que exigir explicaciones a sus candidatos y a los candidatos de los otros sectores. Aunque sea poco el gasto, es muy importante decir de dónde surgieron los ingresos para hacerlo: si los ingresos fueron propios, si fueron aportes pequeños, cuántos, de adónde, en qué momento, de electores, de empresas. Eso es fundamental, cada peso debe tener explicación desde el momento en que se empiezan a hacer gastos”, afirmó.
En ello se hizo énfasis, pues en las últimas elecciones municipales de 2008, ocho de cada diez candidatos de los que más gastaron fueron elegidos por los votantes. En esos comicios se destinaron 53 millones dólares en concepto de gasto electoral, de los cuales un 43% fue ocupado por la Alianza y un 34% por la Concertación, cuestión que este año podría incrementarse.
El jefe de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, Manuel Arís, indicó que el problema del gasto es un obstáculo para el actual sistema electoral al presentar límites difusos: “Hay un problema sistémico centrado en el financiamiento de las campañas electorales, que tienen un límite muy alto, opaco y oscuro, porque no se sabe bien de dónde provienen los fondos. Hay un ente regulador que es el Servel, que solo hace una regulación contable de los fondos que declaran finalmente los candidatos, y esto provoca que la mayor cantidad de recursos en las campañas se inviertan en publicidad masiva, en marketing, lo que obviamente quita contenido”, dijo.
En Chile el sistema de financiamiento electoral es mixto: público y privado. Los límites de gastos son establecidos por el Servel para cada tipo de elección, contribuyendo el organismo con recursos bases para todos los candidatos. Sin embargo, el resto de los aportes pueden ser anónimos, reservados y públicos, y solo al final de las elecciones se debe presentar un detalle de los gastos efectuados.
El 28 de septiembre pasado se inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones municipales, con lo que los candidatos a alcaldes y concejales comenzaron una ofensiva protagonizada por gigantografías, afiches, volantes y un sinfín de propaganda destinada a promoverse.
En medio de este panorama, vuelven a surgir los cuestionamientos hacia la ley de Gasto Electoral, por considerarse una normativa que no permite identificar claramente de dónde provienen los recursos que se utilizan en estas campañas y cómo y cuánto se gasta.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes apeló a la ética política y llamó a los actuales candidatos para que detallen sus gastos electorales, criticando que el informe que se debe entregar al Servel sobre este ítem cuando terminan las campañas no responde a las necesidades de transparencia de una democracia como la chilena: “La democracia se ve afectada cuando no hay transparencia en el gasto electoral. Hoy día nadie sabe de dónde salen los recursos y nadie sabe en qué se está gastando, cuál es el programa de gastos. Creemos que esto llegó a un punto máximo y queremos hacer un llamado a todos los candidatos, independiente de la ley, por ética política, a publicar de dónde sacan los recursos para su campaña y cuál es el programa de gastos que realiza. El informe que se rinde al final, de acuerdo a la ley, es una chacota”, indicó.
El parlamentario recalcó que desde la oposición se han presentado varios proyectos destinados a reformar la legislación, los que -según Montes- han sido frenados por los partidos de la Alianza.
Por lo mismo, llamó a la ciudadanía a ser los propios fiscalizadores de los gastos en que incurren los candidatos mientras no se avance en esta dirección: “Tienen que exigir explicaciones a sus candidatos y a los candidatos de los otros sectores. Aunque sea poco el gasto, es muy importante decir de dónde surgieron los ingresos para hacerlo: si los ingresos fueron propios, si fueron aportes pequeños, cuántos, de adónde, en qué momento, de electores, de empresas. Eso es fundamental, cada peso debe tener explicación desde el momento en que se empiezan a hacer gastos”, afirmó.
En ello se hizo énfasis, pues en las últimas elecciones municipales de 2008, ocho de cada diez candidatos de los que más gastaron fueron elegidos por los votantes. En esos comicios se destinaron 53 millones dólares en concepto de gasto electoral, de los cuales un 43% fue ocupado por la Alianza y un 34% por la Concertación, cuestión que este año podría incrementarse.
El jefe de Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, Manuel Arís, indicó que el problema del gasto es un obstáculo para el actual sistema electoral al presentar límites difusos: “Hay un problema sistémico centrado en el financiamiento de las campañas electorales, que tienen un límite muy alto, opaco y oscuro, porque no se sabe bien de dónde provienen los fondos. Hay un ente regulador que es el Servel, que solo hace una regulación contable de los fondos que declaran finalmente los candidatos, y esto provoca que la mayor cantidad de recursos en las campañas se inviertan en publicidad masiva, en marketing, lo que obviamente quita contenido”, dijo.
En Chile el sistema de financiamiento electoral es mixto: público y privado. Los límites de gastos son establecidos por el Servel para cada tipo de elección, contribuyendo el organismo con recursos bases para todos los candidatos. Sin embargo, el resto de los aportes pueden ser anónimos, reservados y públicos, y solo al final de las elecciones se debe presentar un detalle de los gastos efectuados.
