El Ministro presidenciable, Laurence Golborne, dio a conocer los estudios preliminares del proyecto denominado “Aquatacama”, carretera hídrica que permitiría un trasvasije del recurso vital, desde los ríos de la zona sur, hacia regiones del norte mediante una tubería submarina.
Con propuesta en mano, Golborne recalcó que “la distribución disímil que existe en las regiones del país”, ha generado la idea de “transportar agua desde el sur al norte, disponiendo del recurso para las comunidades, además del desarrollo de las industrias necesarias en la zona”.
Si bien Golborne recalcó que “es una materia que hay que continuar estudiando”, el Ejecutivo pretende que se pueda seguir avanzando en sus análisis.
En ese sentido, Lucio Cuenca, miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medio Ambientales (OLCA), recalcó que este proyecto va en una dirección errónea. “Nos están llevando a la sobre explotación, pero también a un impacto sobre zonas donde se realizan actividades preexistentes de comunidades campesinas e indígenas que están viendo amenazada su vida”, privilegiando las actividades productivas mineras por el equilibrio y preservación del ciclo hídrico.
Asimismo, Cuenca llamó a mirar con cuidado esta licitación, enfatizando que desde la sustentabilidad, guarda innumerables críticas, por la alteración “muchos ecosistemas donde viven muchas comunidades costeras” que provocará el proyecto oficialista. En ese sentido, Cuenca asegura que “acá lo que se está buscando es una concesión para construir un ducto que está pasando por encima de una serie de condiciones básicas que se debieran garantizar y no solo como medidas ingenieriles a partir de la generación de nuevos negocios”.
En la primera entrega de antecedentes, ni el ministro presidenciable ni las empresas encargadas de estudiar el proyecto evidenciaron avances en concreto. No obstante, Golborne planteó que “el proyecto en su primera instancia, tiene la idea de elaborar un piloto que pudiese llevar agua desde la zona centro hacia la región de Valparaíso”; región con una severa crisis hídrica producida, entre otras razones, por el sistemático delito de usurpación de agua que organizaciones sociales, comunidades y habitantes han denunciado desde hace años.
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa de las Aguas, Tierra y Medioambiente (Modatima), indicó que “esta nueva declaración del Ministro es una declaración de intensiones, ya que no ataca el problema de fondo que radica en la privatización y enajenación de los recursos naturales, que en el caso del agua particularmente, se encuentra privatizada desde 1981, generando las inequidades y el uso económico de un recurso vital y público en esencia”. En el ejecutivo habría, según Mundaca, una “vocación inequívoca por la privatización de los recursos hídricos” y por ello, “a este gobierno no le creemos, pues es un convencido de los beneficios del carácter privado de las aguas y en esa línea todas las soluciones que se ofrezcan son meramente cosméticas que no resuelven el problema de fondo”.
Para organizaciones civiles como Modatima, “la resolución de los problemas hídricos de este país dice relación básicamente con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra, con recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua de bebida”, señaló Mundaca.
Así, con críticas desde la sociedad civil y medioambiental, y los escasos lineamientos del Ejecutivo, concluyó la primera reunión de las empresas y el Gobierno, de cara a la licitación en curso de la carretera hídrica Aquatama, que como recalcó la Comisión Nacional de Riego (CNR), “sólo faltan las conclusiones del análisis para dar paso la construcción”.
El Ministro presidenciable, Laurence Golborne, dio a conocer los estudios preliminares del proyecto denominado “Aquatacama”, carretera hídrica que permitiría un trasvasije del recurso vital, desde los ríos de la zona sur, hacia regiones del norte mediante una tubería submarina.
Con propuesta en mano, Golborne recalcó que “la distribución disímil que existe en las regiones del país”, ha generado la idea de “transportar agua desde el sur al norte, disponiendo del recurso para las comunidades, además del desarrollo de las industrias necesarias en la zona”.
Si bien Golborne recalcó que “es una materia que hay que continuar estudiando”, el Ejecutivo pretende que se pueda seguir avanzando en sus análisis.
En ese sentido, Lucio Cuenca, miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medio Ambientales (OLCA), recalcó que este proyecto va en una dirección errónea. “Nos están llevando a la sobre explotación, pero también a un impacto sobre zonas donde se realizan actividades preexistentes de comunidades campesinas e indígenas que están viendo amenazada su vida”, privilegiando las actividades productivas mineras por el equilibrio y preservación del ciclo hídrico.
Asimismo, Cuenca llamó a mirar con cuidado esta licitación, enfatizando que desde la sustentabilidad, guarda innumerables críticas, por la alteración “muchos ecosistemas donde viven muchas comunidades costeras” que provocará el proyecto oficialista. En ese sentido, Cuenca asegura que “acá lo que se está buscando es una concesión para construir un ducto que está pasando por encima de una serie de condiciones básicas que se debieran garantizar y no solo como medidas ingenieriles a partir de la generación de nuevos negocios”.
En la primera entrega de antecedentes, ni el ministro presidenciable ni las empresas encargadas de estudiar el proyecto evidenciaron avances en concreto. No obstante, Golborne planteó que “el proyecto en su primera instancia, tiene la idea de elaborar un piloto que pudiese llevar agua desde la zona centro hacia la región de Valparaíso”; región con una severa crisis hídrica producida, entre otras razones, por el sistemático delito de usurpación de agua que organizaciones sociales, comunidades y habitantes han denunciado desde hace años.
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa de las Aguas, Tierra y Medioambiente (Modatima), indicó que “esta nueva declaración del Ministro es una declaración de intensiones, ya que no ataca el problema de fondo que radica en la privatización y enajenación de los recursos naturales, que en el caso del agua particularmente, se encuentra privatizada desde 1981, generando las inequidades y el uso económico de un recurso vital y público en esencia”. En el ejecutivo habría, según Mundaca, una “vocación inequívoca por la privatización de los recursos hídricos” y por ello, “a este gobierno no le creemos, pues es un convencido de los beneficios del carácter privado de las aguas y en esa línea todas las soluciones que se ofrezcan son meramente cosméticas que no resuelven el problema de fondo”.
Para organizaciones civiles como Modatima, “la resolución de los problemas hídricos de este país dice relación básicamente con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra, con recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua de bebida”, señaló Mundaca.
Así, con críticas desde la sociedad civil y medioambiental, y los escasos lineamientos del Ejecutivo, concluyó la primera reunión de las empresas y el Gobierno, de cara a la licitación en curso de la carretera hídrica Aquatama, que como recalcó la Comisión Nacional de Riego (CNR), “sólo faltan las conclusiones del análisis para dar paso la construcción”.
El Ministro presidenciable, Laurence Golborne, dio a conocer los estudios preliminares del proyecto denominado “Aquatacama”, carretera hídrica que permitiría un trasvasije del recurso vital, desde los ríos de la zona sur, hacia regiones del norte mediante una tubería submarina.
Con propuesta en mano, Golborne recalcó que “la distribución disímil que existe en las regiones del país”, ha generado la idea de “transportar agua desde el sur al norte, disponiendo del recurso para las comunidades, además del desarrollo de las industrias necesarias en la zona”.
Si bien Golborne recalcó que “es una materia que hay que continuar estudiando”, el Ejecutivo pretende que se pueda seguir avanzando en sus análisis.
En ese sentido, Lucio Cuenca, miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medio Ambientales (OLCA), recalcó que este proyecto va en una dirección errónea. “Nos están llevando a la sobre explotación, pero también a un impacto sobre zonas donde se realizan actividades preexistentes de comunidades campesinas e indígenas que están viendo amenazada su vida”, privilegiando las actividades productivas mineras por el equilibrio y preservación del ciclo hídrico.
Asimismo, Cuenca llamó a mirar con cuidado esta licitación, enfatizando que desde la sustentabilidad, guarda innumerables críticas, por la alteración “muchos ecosistemas donde viven muchas comunidades costeras” que provocará el proyecto oficialista. En ese sentido, Cuenca asegura que “acá lo que se está buscando es una concesión para construir un ducto que está pasando por encima de una serie de condiciones básicas que se debieran garantizar y no solo como medidas ingenieriles a partir de la generación de nuevos negocios”.
En la primera entrega de antecedentes, ni el ministro presidenciable ni las empresas encargadas de estudiar el proyecto evidenciaron avances en concreto. No obstante, Golborne planteó que “el proyecto en su primera instancia, tiene la idea de elaborar un piloto que pudiese llevar agua desde la zona centro hacia la región de Valparaíso”; región con una severa crisis hídrica producida, entre otras razones, por el sistemático delito de usurpación de agua que organizaciones sociales, comunidades y habitantes han denunciado desde hace años.
En esa línea, Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa de las Aguas, Tierra y Medioambiente (Modatima), indicó que “esta nueva declaración del Ministro es una declaración de intensiones, ya que no ataca el problema de fondo que radica en la privatización y enajenación de los recursos naturales, que en el caso del agua particularmente, se encuentra privatizada desde 1981, generando las inequidades y el uso económico de un recurso vital y público en esencia”. En el ejecutivo habría, según Mundaca, una “vocación inequívoca por la privatización de los recursos hídricos” y por ello, “a este gobierno no le creemos, pues es un convencido de los beneficios del carácter privado de las aguas y en esa línea todas las soluciones que se ofrezcan son meramente cosméticas que no resuelven el problema de fondo”.
Para organizaciones civiles como Modatima, “la resolución de los problemas hídricos de este país dice relación básicamente con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra, con recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua de bebida”, señaló Mundaca.
Así, con críticas desde la sociedad civil y medioambiental, y los escasos lineamientos del Ejecutivo, concluyó la primera reunión de las empresas y el Gobierno, de cara a la licitación en curso de la carretera hídrica Aquatama, que como recalcó la Comisión Nacional de Riego (CNR), “sólo faltan las conclusiones del análisis para dar paso la construcción”.
