Luego que Contraloría General de la República entregara un informe que evidenciaba la falsificación de hasta en un 10,6 por ciento del registro de los alumnos que integraron el plan oficialista “Salvemos el año escolar”; el movimiento estudiantil, integrado por secundarios y universitarios, acudió hasta Contraloría para exigir una audiencia con la autoridad máxima de la institución, Ramiro Mendoza, y de esta manera, aclarar los antecedentes y buscar responsables del que calificaron como “fraude”.
Así lo confirmó Gabriel González, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), quien recalcó que “junto con pretender desvirtuar las movilizaciones y dividir a los estudiantes el 2011, además hubo un fraude académico, por cuanto esa manera de “pasar de curso”, no contaba con los requerimientos técnicos ni curriculares, como también lo ha sostenido el Colegio de Profesores y el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)”.
En este sentido, el dirigente secundario de la Cones señaló que “nosotros lo dijimos el año pasado, que era un plan antipedagógico que no cumplía con los requerimientos que solicitábamos y muchos de los colegios tuvieron que también generar planes internos porque éste no estaba en la medida que los mismos colegios requerían. Que el Gobierno se haga responsable de esto, se han hecho los tontos y creemos que es necesario tener una contraparte ante estas irregularidades que ha sido bastante manifiestas de la autoridad hacia quienes se expresaron el año pasado y se siguen manifestando hoy por una educación pública de calidad”.
Las 21 mil firmas y rut falsos, corresponderían, por otro lado, a dineros sin usar, por concepto de subvención per cápita a los alumnos inexistentes dentro de los registro realizado por el Mineduc.
Así lo indicó Maximiliano Salas, dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES): “Se gastaron más de 280 millones de pesos en este plan y estos son planes que tampoco se fijan en las normas educativas a las que nosotros queremos llegar. Si bien queremos una educación de calidad y excelencia para todos en el país, estos planes no pueden seguir vigentes, ya que sobrepasan toda norma de educación. Por eso pedimos una reunión y explicaciones formales dentro de lo que era este plan Salvemos el año y las 21 mil firmas falsas que creó el Gobierno”.
Asimismo, el presidente de la FECh, Gabriel Boric, señaló que la audiencia con el Contralor buscará determinar las responsabilidades correspondientes a la autoridad máxima de la cartera, además de quienes tengan relación directa con la clonación y falsificación de identidades.
En esa perspectiva, el también presidente de la FECH dijo que las anomalías denunciadas constituyen una grave lesión a la hora de confiar en las instituciones públicas: “El Gobierno tiene la desfachatez de inventar identidades para tratar de legitimar una estrategia que iba directamente destinada a perjudicar la movilización de los estudiantes. Acá las autoridades de la República están deteriorando la confianza de las instituciones, eso es grave, nos parece que esta serie de actos deben ser sancionados y acá ya no bastan los llamados de atención como se han hecho anteriormente, sino que tienen que haber sanciones claras para los responsables”.
En esa línea, el presidente de de la FEUC, Noam Titelman, criticó al Ejecutivo por las señales que recalcó, apuntan a la “falta de honestidad”, aclarando que “si el Gobierno pretende establecer el diálogo con los estudiantes, deberá respetar el requisito mínimo que es hablar con la verdad”.
Además, el integrante de la mesa ejecutiva de la Confech enfatizó que “ha habido una traición a los principios mínimos que deben regir en democracia, este hecho sería suficientemente grave si fuese un hecho aislado, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones esto mismo. Cuando vemos un Presupuesto en Educación Superior que sólo se ha ejecutado en un 22%, cuando vemos a un Gobierno que no ha sido capaz de tener un aumento real de la educación, luego de haber anunciado con bombos y platillos este aumento de la educación y solamente ha sido 9,4% cuando el promedio de la administración anterior había sido de 11,9%. Estamos viendo un Gobierno que privilegia las cámaras frente a la honestidad y la consecuencia”.
Junto con solicitar la audiencia con la máxima entidad de las arcas fiscales para investigar y buscar responsables respecto del caso, los dirigentes recalcaron que hace 168 días el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, presentó antecedentes que demostraban el lucro en dos universidades, no obstante el Mineduc no se ha hecho parte de la investigación que realiza contraloría, lo cual es otra señal de ocultamiento de información.
Luego que Contraloría General de la República entregara un informe que evidenciaba la falsificación de hasta en un 10,6 por ciento del registro de los alumnos que integraron el plan oficialista “Salvemos el año escolar”; el movimiento estudiantil, integrado por secundarios y universitarios, acudió hasta Contraloría para exigir una audiencia con la autoridad máxima de la institución, Ramiro Mendoza, y de esta manera, aclarar los antecedentes y buscar responsables del que calificaron como “fraude”.
Así lo confirmó Gabriel González, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), quien recalcó que “junto con pretender desvirtuar las movilizaciones y dividir a los estudiantes el 2011, además hubo un fraude académico, por cuanto esa manera de “pasar de curso”, no contaba con los requerimientos técnicos ni curriculares, como también lo ha sostenido el Colegio de Profesores y el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)”.
En este sentido, el dirigente secundario de la Cones señaló que “nosotros lo dijimos el año pasado, que era un plan antipedagógico que no cumplía con los requerimientos que solicitábamos y muchos de los colegios tuvieron que también generar planes internos porque éste no estaba en la medida que los mismos colegios requerían. Que el Gobierno se haga responsable de esto, se han hecho los tontos y creemos que es necesario tener una contraparte ante estas irregularidades que ha sido bastante manifiestas de la autoridad hacia quienes se expresaron el año pasado y se siguen manifestando hoy por una educación pública de calidad”.
Las 21 mil firmas y rut falsos, corresponderían, por otro lado, a dineros sin usar, por concepto de subvención per cápita a los alumnos inexistentes dentro de los registro realizado por el Mineduc.
Así lo indicó Maximiliano Salas, dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES): “Se gastaron más de 280 millones de pesos en este plan y estos son planes que tampoco se fijan en las normas educativas a las que nosotros queremos llegar. Si bien queremos una educación de calidad y excelencia para todos en el país, estos planes no pueden seguir vigentes, ya que sobrepasan toda norma de educación. Por eso pedimos una reunión y explicaciones formales dentro de lo que era este plan Salvemos el año y las 21 mil firmas falsas que creó el Gobierno”.
Asimismo, el presidente de la FECh, Gabriel Boric, señaló que la audiencia con el Contralor buscará determinar las responsabilidades correspondientes a la autoridad máxima de la cartera, además de quienes tengan relación directa con la clonación y falsificación de identidades.
En esa perspectiva, el también presidente de la FECH dijo que las anomalías denunciadas constituyen una grave lesión a la hora de confiar en las instituciones públicas: “El Gobierno tiene la desfachatez de inventar identidades para tratar de legitimar una estrategia que iba directamente destinada a perjudicar la movilización de los estudiantes. Acá las autoridades de la República están deteriorando la confianza de las instituciones, eso es grave, nos parece que esta serie de actos deben ser sancionados y acá ya no bastan los llamados de atención como se han hecho anteriormente, sino que tienen que haber sanciones claras para los responsables”.
En esa línea, el presidente de de la FEUC, Noam Titelman, criticó al Ejecutivo por las señales que recalcó, apuntan a la “falta de honestidad”, aclarando que “si el Gobierno pretende establecer el diálogo con los estudiantes, deberá respetar el requisito mínimo que es hablar con la verdad”.
Además, el integrante de la mesa ejecutiva de la Confech enfatizó que “ha habido una traición a los principios mínimos que deben regir en democracia, este hecho sería suficientemente grave si fuese un hecho aislado, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones esto mismo. Cuando vemos un Presupuesto en Educación Superior que sólo se ha ejecutado en un 22%, cuando vemos a un Gobierno que no ha sido capaz de tener un aumento real de la educación, luego de haber anunciado con bombos y platillos este aumento de la educación y solamente ha sido 9,4% cuando el promedio de la administración anterior había sido de 11,9%. Estamos viendo un Gobierno que privilegia las cámaras frente a la honestidad y la consecuencia”.
Junto con solicitar la audiencia con la máxima entidad de las arcas fiscales para investigar y buscar responsables respecto del caso, los dirigentes recalcaron que hace 168 días el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, presentó antecedentes que demostraban el lucro en dos universidades, no obstante el Mineduc no se ha hecho parte de la investigación que realiza contraloría, lo cual es otra señal de ocultamiento de información.
Luego que Contraloría General de la República entregara un informe que evidenciaba la falsificación de hasta en un 10,6 por ciento del registro de los alumnos que integraron el plan oficialista “Salvemos el año escolar”; el movimiento estudiantil, integrado por secundarios y universitarios, acudió hasta Contraloría para exigir una audiencia con la autoridad máxima de la institución, Ramiro Mendoza, y de esta manera, aclarar los antecedentes y buscar responsables del que calificaron como “fraude”.
Así lo confirmó Gabriel González, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), quien recalcó que “junto con pretender desvirtuar las movilizaciones y dividir a los estudiantes el 2011, además hubo un fraude académico, por cuanto esa manera de “pasar de curso”, no contaba con los requerimientos técnicos ni curriculares, como también lo ha sostenido el Colegio de Profesores y el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH)”.
En este sentido, el dirigente secundario de la Cones señaló que “nosotros lo dijimos el año pasado, que era un plan antipedagógico que no cumplía con los requerimientos que solicitábamos y muchos de los colegios tuvieron que también generar planes internos porque éste no estaba en la medida que los mismos colegios requerían. Que el Gobierno se haga responsable de esto, se han hecho los tontos y creemos que es necesario tener una contraparte ante estas irregularidades que ha sido bastante manifiestas de la autoridad hacia quienes se expresaron el año pasado y se siguen manifestando hoy por una educación pública de calidad”.
Las 21 mil firmas y rut falsos, corresponderían, por otro lado, a dineros sin usar, por concepto de subvención per cápita a los alumnos inexistentes dentro de los registro realizado por el Mineduc.
Así lo indicó Maximiliano Salas, dirigente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES): “Se gastaron más de 280 millones de pesos en este plan y estos son planes que tampoco se fijan en las normas educativas a las que nosotros queremos llegar. Si bien queremos una educación de calidad y excelencia para todos en el país, estos planes no pueden seguir vigentes, ya que sobrepasan toda norma de educación. Por eso pedimos una reunión y explicaciones formales dentro de lo que era este plan Salvemos el año y las 21 mil firmas falsas que creó el Gobierno”.
Asimismo, el presidente de la FECh, Gabriel Boric, señaló que la audiencia con el Contralor buscará determinar las responsabilidades correspondientes a la autoridad máxima de la cartera, además de quienes tengan relación directa con la clonación y falsificación de identidades.
En esa perspectiva, el también presidente de la FECH dijo que las anomalías denunciadas constituyen una grave lesión a la hora de confiar en las instituciones públicas: “El Gobierno tiene la desfachatez de inventar identidades para tratar de legitimar una estrategia que iba directamente destinada a perjudicar la movilización de los estudiantes. Acá las autoridades de la República están deteriorando la confianza de las instituciones, eso es grave, nos parece que esta serie de actos deben ser sancionados y acá ya no bastan los llamados de atención como se han hecho anteriormente, sino que tienen que haber sanciones claras para los responsables”.
En esa línea, el presidente de de la FEUC, Noam Titelman, criticó al Ejecutivo por las señales que recalcó, apuntan a la “falta de honestidad”, aclarando que “si el Gobierno pretende establecer el diálogo con los estudiantes, deberá respetar el requisito mínimo que es hablar con la verdad”.
Además, el integrante de la mesa ejecutiva de la Confech enfatizó que “ha habido una traición a los principios mínimos que deben regir en democracia, este hecho sería suficientemente grave si fuese un hecho aislado, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones esto mismo. Cuando vemos un Presupuesto en Educación Superior que sólo se ha ejecutado en un 22%, cuando vemos a un Gobierno que no ha sido capaz de tener un aumento real de la educación, luego de haber anunciado con bombos y platillos este aumento de la educación y solamente ha sido 9,4% cuando el promedio de la administración anterior había sido de 11,9%. Estamos viendo un Gobierno que privilegia las cámaras frente a la honestidad y la consecuencia”.
Junto con solicitar la audiencia con la máxima entidad de las arcas fiscales para investigar y buscar responsables respecto del caso, los dirigentes recalcaron que hace 168 días el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, presentó antecedentes que demostraban el lucro en dos universidades, no obstante el Mineduc no se ha hecho parte de la investigación que realiza contraloría, lo cual es otra señal de ocultamiento de información.
