El 2 octubre comenzó a sesionar la Comisión de Economía del Senado para estudiar las ventajas y deficiencias del cuestionado sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de aplicar eventuales cambios al sistema previsional instaurado en 1980 en Chile.
En medio de este debate se han conocido cifras que preocupan, en un país cuya tasa de envejecimiento va creciendo cada día. Por ejemplo, el promedio de las pensiones actualmente no supera los 178 mil pesos –inferior al sueldo mínimo-, mientras que para obtener una jubilación que mensualmente alcance los 480 mil pesos se necesita ahorrar un total de cien millones de pesos.
No solo se cuestiona que no se haya logrado cumplir con las prestaciones prometidas, sino que los ahorros tengan que estar sometidos a los vaivenes de la economía, el excesivo cobro de comisiones y la emergencia de un oligopolio dentro de las administradoras, tal como lo detalló en 2004 el informe del Banco Mundial “Mantener la promesa de la seguridad del ingreso en la vejez en América Latina”, donde se alertó del fracaso de la reforma previsional que se instaló en varios países del continente siguiendo el “modelo triunfal” chileno.
Uno de los expertos que puso los números sobre la mesa fue el economista del Centro de Estudios Altenativos (CENDA), Gonzalo Cid, quien explicó que el sistema está mal estructurado, pues -de partida- propone que el fuerte de las cotizaciones está en los primeros 15 años de trabajo, período en que los trabajadores reciben un salario más bajo, porque recién ingresan y se mantienen en el mundo laboral y, al mismo tiempo, monetariamente se distancia mucho más del monto de las remuneraciones que se entregan a la hora de jubilar.
El especialista critica que “el sistema está mal hecho, porque hemos tenido un periodo de más de 30 años en los cuales ha habido altas rentabilidades para las AFP y ¿cuál es la pensión que son capaces de entregar? Pensiones que no pasan los 170 mil pesos. O sea, tenemos un modelo privado que, si bien, logra entregar altos niveles de lucro a sus dueños, no es capaz de entregar pensiones dignas a los chilenos”.
A ello se suma el agravante que “es una enorme carga para el Estado, que subvenciona las pensiones en un 60 por ciento” debido a los bajos montos, a través de sistemas como la Pensión Básica Solidaria o al Aporte Previsional Solidario.
Las críticas fueron refrendadas por el presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios y parte del movimiento No más AFP, Luis Mesinas, quien aseguró que “las AFP siguen apareciendo como una de las industrias más rentables de este país, el primer semestre lograron una rentabilidad superior al 30 por ciento en conjunto, y los Fondos de Ahorro Previsional siguen cayendo brutalmente, pues se continúa con la especulación financiera a nivel internacional, exponiendo nuestro recursos y ahorros, y permitiendo que las grandes AFP se estén vendiendo”.
Es por ello que luego de los estudios realizados por Cenda, Gonzalo Cid indica que “no puede haber un monopolio en el sistema de las AFP, donde todos los chilenos por ley estamos obligados a entregarles aproximadamente un 11, 5 por ciento de nuestro sueldo para que ellos lucren, debería haber libertad provisional”.
Por lo mismo, el economista propone una reforma que se encamine a que el sistema público se convierta en el administrador principal de los ahorros, “que las cotizaciones vayan, por ejemplo, al actual Instituto de Previsión Social (INP) y si las AFP quieren seguir funcionando como un sistema subsidiario paralelo, que lo hagan, igual que las compañías aseguradoras”, señaló Cid haciendo un paralelo con el sistema de salud donde conviven las Isapres y Fonasa.
Aunque tanto Cid como Mesinas valoraron la instauración de este debate, también manifestaron sus suspicacias sobre lo que pueda lograr esta comisión especial, por un parte, pues ya se han establecido modificaciones que solo han tendido a mantener el mismo estado del sistema, y porque la falta de expresión ciudadana en la instancia podría reducir el diálogo y, por ende, el establecimiento de una reforma que vaya en la dirección correcta.
El 2 octubre comenzó a sesionar la Comisión de Economía del Senado para estudiar las ventajas y deficiencias del cuestionado sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de aplicar eventuales cambios al sistema previsional instaurado en 1980 en Chile.
En medio de este debate se han conocido cifras que preocupan, en un país cuya tasa de envejecimiento va creciendo cada día. Por ejemplo, el promedio de las pensiones actualmente no supera los 178 mil pesos –inferior al sueldo mínimo-, mientras que para obtener una jubilación que mensualmente alcance los 480 mil pesos se necesita ahorrar un total de cien millones de pesos.
No solo se cuestiona que no se haya logrado cumplir con las prestaciones prometidas, sino que los ahorros tengan que estar sometidos a los vaivenes de la economía, el excesivo cobro de comisiones y la emergencia de un oligopolio dentro de las administradoras, tal como lo detalló en 2004 el informe del Banco Mundial “Mantener la promesa de la seguridad del ingreso en la vejez en América Latina”, donde se alertó del fracaso de la reforma previsional que se instaló en varios países del continente siguiendo el “modelo triunfal” chileno.
Uno de los expertos que puso los números sobre la mesa fue el economista del Centro de Estudios Altenativos (CENDA), Gonzalo Cid, quien explicó que el sistema está mal estructurado, pues -de partida- propone que el fuerte de las cotizaciones está en los primeros 15 años de trabajo, período en que los trabajadores reciben un salario más bajo, porque recién ingresan y se mantienen en el mundo laboral y, al mismo tiempo, monetariamente se distancia mucho más del monto de las remuneraciones que se entregan a la hora de jubilar.
El especialista critica que “el sistema está mal hecho, porque hemos tenido un periodo de más de 30 años en los cuales ha habido altas rentabilidades para las AFP y ¿cuál es la pensión que son capaces de entregar? Pensiones que no pasan los 170 mil pesos. O sea, tenemos un modelo privado que, si bien, logra entregar altos niveles de lucro a sus dueños, no es capaz de entregar pensiones dignas a los chilenos”.
A ello se suma el agravante que “es una enorme carga para el Estado, que subvenciona las pensiones en un 60 por ciento” debido a los bajos montos, a través de sistemas como la Pensión Básica Solidaria o al Aporte Previsional Solidario.
Las críticas fueron refrendadas por el presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios y parte del movimiento No más AFP, Luis Mesinas, quien aseguró que “las AFP siguen apareciendo como una de las industrias más rentables de este país, el primer semestre lograron una rentabilidad superior al 30 por ciento en conjunto, y los Fondos de Ahorro Previsional siguen cayendo brutalmente, pues se continúa con la especulación financiera a nivel internacional, exponiendo nuestro recursos y ahorros, y permitiendo que las grandes AFP se estén vendiendo”.
Es por ello que luego de los estudios realizados por Cenda, Gonzalo Cid indica que “no puede haber un monopolio en el sistema de las AFP, donde todos los chilenos por ley estamos obligados a entregarles aproximadamente un 11, 5 por ciento de nuestro sueldo para que ellos lucren, debería haber libertad provisional”.
Por lo mismo, el economista propone una reforma que se encamine a que el sistema público se convierta en el administrador principal de los ahorros, “que las cotizaciones vayan, por ejemplo, al actual Instituto de Previsión Social (INP) y si las AFP quieren seguir funcionando como un sistema subsidiario paralelo, que lo hagan, igual que las compañías aseguradoras”, señaló Cid haciendo un paralelo con el sistema de salud donde conviven las Isapres y Fonasa.
Aunque tanto Cid como Mesinas valoraron la instauración de este debate, también manifestaron sus suspicacias sobre lo que pueda lograr esta comisión especial, por un parte, pues ya se han establecido modificaciones que solo han tendido a mantener el mismo estado del sistema, y porque la falta de expresión ciudadana en la instancia podría reducir el diálogo y, por ende, el establecimiento de una reforma que vaya en la dirección correcta.
El 2 octubre comenzó a sesionar la Comisión de Economía del Senado para estudiar las ventajas y deficiencias del cuestionado sistema de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo de aplicar eventuales cambios al sistema previsional instaurado en 1980 en Chile.
En medio de este debate se han conocido cifras que preocupan, en un país cuya tasa de envejecimiento va creciendo cada día. Por ejemplo, el promedio de las pensiones actualmente no supera los 178 mil pesos –inferior al sueldo mínimo-, mientras que para obtener una jubilación que mensualmente alcance los 480 mil pesos se necesita ahorrar un total de cien millones de pesos.
No solo se cuestiona que no se haya logrado cumplir con las prestaciones prometidas, sino que los ahorros tengan que estar sometidos a los vaivenes de la economía, el excesivo cobro de comisiones y la emergencia de un oligopolio dentro de las administradoras, tal como lo detalló en 2004 el informe del Banco Mundial “Mantener la promesa de la seguridad del ingreso en la vejez en América Latina”, donde se alertó del fracaso de la reforma previsional que se instaló en varios países del continente siguiendo el “modelo triunfal” chileno.
Uno de los expertos que puso los números sobre la mesa fue el economista del Centro de Estudios Altenativos (CENDA), Gonzalo Cid, quien explicó que el sistema está mal estructurado, pues -de partida- propone que el fuerte de las cotizaciones está en los primeros 15 años de trabajo, período en que los trabajadores reciben un salario más bajo, porque recién ingresan y se mantienen en el mundo laboral y, al mismo tiempo, monetariamente se distancia mucho más del monto de las remuneraciones que se entregan a la hora de jubilar.
El especialista critica que “el sistema está mal hecho, porque hemos tenido un periodo de más de 30 años en los cuales ha habido altas rentabilidades para las AFP y ¿cuál es la pensión que son capaces de entregar? Pensiones que no pasan los 170 mil pesos. O sea, tenemos un modelo privado que, si bien, logra entregar altos niveles de lucro a sus dueños, no es capaz de entregar pensiones dignas a los chilenos”.
A ello se suma el agravante que “es una enorme carga para el Estado, que subvenciona las pensiones en un 60 por ciento” debido a los bajos montos, a través de sistemas como la Pensión Básica Solidaria o al Aporte Previsional Solidario.
Las críticas fueron refrendadas por el presidente de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Bancarios y parte del movimiento No más AFP, Luis Mesinas, quien aseguró que “las AFP siguen apareciendo como una de las industrias más rentables de este país, el primer semestre lograron una rentabilidad superior al 30 por ciento en conjunto, y los Fondos de Ahorro Previsional siguen cayendo brutalmente, pues se continúa con la especulación financiera a nivel internacional, exponiendo nuestro recursos y ahorros, y permitiendo que las grandes AFP se estén vendiendo”.
Es por ello que luego de los estudios realizados por Cenda, Gonzalo Cid indica que “no puede haber un monopolio en el sistema de las AFP, donde todos los chilenos por ley estamos obligados a entregarles aproximadamente un 11, 5 por ciento de nuestro sueldo para que ellos lucren, debería haber libertad provisional”.
Por lo mismo, el economista propone una reforma que se encamine a que el sistema público se convierta en el administrador principal de los ahorros, “que las cotizaciones vayan, por ejemplo, al actual Instituto de Previsión Social (INP) y si las AFP quieren seguir funcionando como un sistema subsidiario paralelo, que lo hagan, igual que las compañías aseguradoras”, señaló Cid haciendo un paralelo con el sistema de salud donde conviven las Isapres y Fonasa.
Aunque tanto Cid como Mesinas valoraron la instauración de este debate, también manifestaron sus suspicacias sobre lo que pueda lograr esta comisión especial, por un parte, pues ya se han establecido modificaciones que solo han tendido a mantener el mismo estado del sistema, y porque la falta de expresión ciudadana en la instancia podría reducir el diálogo y, por ende, el establecimiento de una reforma que vaya en la dirección correcta.
