“Non bis in idem” en latín significa “no dos veces por lo mismo” y es considerado un derecho fundamental que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. Este es el principio jurídico que se habría violado en el extenso proceso judicial al que fueron sometidos los distintos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Los dirigentes fueron condenados por la Corte Suprema en el mismo juicio a cinco años de cárcel por el robo al agricultor Santos Jorquera y a tres por el atentado al fiscal Mario Elgueta, ratificando así la condena civil. Por ser el líder de la CAM, Héctor Llaitul recibió penas de 10 y 4 años. Sin embargo, el Máximo Tribunal ya poseía el antecedente de que la Justicia Militar los había absuelto y que ambas sentencias eran contradictorias.
Esta situación ya fue ampliamente denunciada y se dio a conocer también a nivel internacional. A un año de presentada la demanda ante la CIDH, los comuneros decidieron presentar acciones en nuestro país, tal como indicó Pamela Pessoa, pareja de Héctor Llaitul.
“Cuando terminó la huelga de hambre y ellos fueron condenados, no quisieron presentar este recurso porque se abocaron a la demanda internacional. Ahora ya ha pasado un año y nuevamente se evaluó esta posibilidad y como el proceso en la Corte Interamericana es mucho más largo, van a intentar algo a nivel interno”, precisó.
Así, en los próximos días, a través de la Defensoría Penal Publica del Biobío se interpondrá un Recurso de Amparo a favor de Ramón LLanquileo, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul, presos en la cárcel de Angol, lo que podría significar una reducción de 3 y 4 años a la condena final.
El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría, Pelayo Vial, confirmó que los comuneros renunciaron a sus abogados particulares, y que serán representados por Pablo Ardoin, junto a quien se está analizando los caminos procesales correspondientes. Además, se refirió a la tramitación de abonos a la condena de Llaitul, por los casi 4 años en que ha estado en prisión preventiva para luego ser absuelto.
“Se entenderá que hay un perjuicio cuando una persona común es privada de libertad y no es condenada. Tiene que reconocerse el error estatal de haber tenido a alguien privado de libertad y que posteriormente haya sido absuelto. Ahí existe una causal de equivocación”, explicó el jurista.
Junto a esto Ramón LLanquileo continuará insistiendo ante Gendarmería que se le otorguen beneficios carcelarios, en específico la salida de fin de semana, lo que ya le ha sido rechazado en dos oportunidades.
Así, los dirigentes de la CAM buscan avanzar en una resolución a nivel nacional sobre el irregular proceso al que fueron sometidos, el que fue ampliamente rechazado por juristas y organismos internacionales. Esto a la espera de la sentencia definitiva del tribunal internacional, que podría sancionar a nuestro país e imponer medidas de reparación.
“Non bis in idem” en latín significa “no dos veces por lo mismo” y es considerado un derecho fundamental que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. Este es el principio jurídico que se habría violado en el extenso proceso judicial al que fueron sometidos los distintos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Los dirigentes fueron condenados por la Corte Suprema en el mismo juicio a cinco años de cárcel por el robo al agricultor Santos Jorquera y a tres por el atentado al fiscal Mario Elgueta, ratificando así la condena civil. Por ser el líder de la CAM, Héctor Llaitul recibió penas de 10 y 4 años. Sin embargo, el Máximo Tribunal ya poseía el antecedente de que la Justicia Militar los había absuelto y que ambas sentencias eran contradictorias.
Esta situación ya fue ampliamente denunciada y se dio a conocer también a nivel internacional. A un año de presentada la demanda ante la CIDH, los comuneros decidieron presentar acciones en nuestro país, tal como indicó Pamela Pessoa, pareja de Héctor Llaitul.
“Cuando terminó la huelga de hambre y ellos fueron condenados, no quisieron presentar este recurso porque se abocaron a la demanda internacional. Ahora ya ha pasado un año y nuevamente se evaluó esta posibilidad y como el proceso en la Corte Interamericana es mucho más largo, van a intentar algo a nivel interno”, precisó.
Así, en los próximos días, a través de la Defensoría Penal Publica del Biobío se interpondrá un Recurso de Amparo a favor de Ramón LLanquileo, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul, presos en la cárcel de Angol, lo que podría significar una reducción de 3 y 4 años a la condena final.
El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría, Pelayo Vial, confirmó que los comuneros renunciaron a sus abogados particulares, y que serán representados por Pablo Ardoin, junto a quien se está analizando los caminos procesales correspondientes. Además, se refirió a la tramitación de abonos a la condena de Llaitul, por los casi 4 años en que ha estado en prisión preventiva para luego ser absuelto.
“Se entenderá que hay un perjuicio cuando una persona común es privada de libertad y no es condenada. Tiene que reconocerse el error estatal de haber tenido a alguien privado de libertad y que posteriormente haya sido absuelto. Ahí existe una causal de equivocación”, explicó el jurista.
Junto a esto Ramón LLanquileo continuará insistiendo ante Gendarmería que se le otorguen beneficios carcelarios, en específico la salida de fin de semana, lo que ya le ha sido rechazado en dos oportunidades.
Así, los dirigentes de la CAM buscan avanzar en una resolución a nivel nacional sobre el irregular proceso al que fueron sometidos, el que fue ampliamente rechazado por juristas y organismos internacionales. Esto a la espera de la sentencia definitiva del tribunal internacional, que podría sancionar a nuestro país e imponer medidas de reparación.
“Non bis in idem” en latín significa “no dos veces por lo mismo” y es considerado un derecho fundamental que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. Este es el principio jurídico que se habría violado en el extenso proceso judicial al que fueron sometidos los distintos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Los dirigentes fueron condenados por la Corte Suprema en el mismo juicio a cinco años de cárcel por el robo al agricultor Santos Jorquera y a tres por el atentado al fiscal Mario Elgueta, ratificando así la condena civil. Por ser el líder de la CAM, Héctor Llaitul recibió penas de 10 y 4 años. Sin embargo, el Máximo Tribunal ya poseía el antecedente de que la Justicia Militar los había absuelto y que ambas sentencias eran contradictorias.
Esta situación ya fue ampliamente denunciada y se dio a conocer también a nivel internacional. A un año de presentada la demanda ante la CIDH, los comuneros decidieron presentar acciones en nuestro país, tal como indicó Pamela Pessoa, pareja de Héctor Llaitul.
“Cuando terminó la huelga de hambre y ellos fueron condenados, no quisieron presentar este recurso porque se abocaron a la demanda internacional. Ahora ya ha pasado un año y nuevamente se evaluó esta posibilidad y como el proceso en la Corte Interamericana es mucho más largo, van a intentar algo a nivel interno”, precisó.
Así, en los próximos días, a través de la Defensoría Penal Publica del Biobío se interpondrá un Recurso de Amparo a favor de Ramón LLanquileo, Jonathan Huillical y Héctor Llaitul, presos en la cárcel de Angol, lo que podría significar una reducción de 3 y 4 años a la condena final.
El jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría, Pelayo Vial, confirmó que los comuneros renunciaron a sus abogados particulares, y que serán representados por Pablo Ardoin, junto a quien se está analizando los caminos procesales correspondientes. Además, se refirió a la tramitación de abonos a la condena de Llaitul, por los casi 4 años en que ha estado en prisión preventiva para luego ser absuelto.
“Se entenderá que hay un perjuicio cuando una persona común es privada de libertad y no es condenada. Tiene que reconocerse el error estatal de haber tenido a alguien privado de libertad y que posteriormente haya sido absuelto. Ahí existe una causal de equivocación”, explicó el jurista.
Junto a esto Ramón LLanquileo continuará insistiendo ante Gendarmería que se le otorguen beneficios carcelarios, en específico la salida de fin de semana, lo que ya le ha sido rechazado en dos oportunidades.
Así, los dirigentes de la CAM buscan avanzar en una resolución a nivel nacional sobre el irregular proceso al que fueron sometidos, el que fue ampliamente rechazado por juristas y organismos internacionales. Esto a la espera de la sentencia definitiva del tribunal internacional, que podría sancionar a nuestro país e imponer medidas de reparación.
