En el marco del caso de presunta corrupción al interior de la Policía de Investigaciones (PDI), el director de la institución, Marcos Vásquez llamó a retiro  al prefecto de la Zona Occidente, Álvaro Melo, junto al jefe de la Zona Metropolitana, Guillermo Alarcón, debido a sus “responsabilidades de mando” en relación a los 10 detectives que se encuentran imputados por el caso y que este jueves quedaron en prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

El director de la PDI, junto con reiterar que no presentará su renuncia – “No puedo abandonar el barco, lo que he dispuesto con mucho dolor son responsabilidades de mando”-, aseguró que en este caso no se debe hablar de corrupción, sino de “malos procedimientos”, indicando que los hechos implicaron la “inmediata intervención” de la unidad de Pudahuel.

“Lo que tiene que quedar claro, y se lo digo a la ciudadanía, es que la policía civil de Chile que va a cumplir 80 años, es responsable de sus actos”, sostuvo Vásquez.

Pocas horas antes, el Primer Juzgado de Garantía había decretado prisión preventiva para 10 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) envueltos en la presunta red de corrupción ligada al narcotráfico, luego de su formalización.

El procedimiento judicial se extendió por cerca de cinco horas, donde también fueron formalizados otros cuatro civiles ligados al  hecho, dos de ellos quienes resultaron también en prisión preventiva y los restantes con arresto domiciliario.

El fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias, quien lleva la investigación desde marzo de este año, presentó escuchas telefónicas como pruebas durante la jornada, donde algunos de los funcionarios de la PDI realizaban denuncias falsas al 134.

En otros audios, los agentes organizaban allanamientos para realizar quitadas de drogas, además de extorsionar a los civiles también inculpados para que entregaran información de narcotraficantes.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, oficializó la presentación de una querella por parte del Gobierno en contra de los 10 detectives involucrados.

Aunque respaldó a la PDI,  Hinzpeter no entregó apoyo explícito al director de la institución, cuando fue consultado por la posibilidad de pedir su renuncia: “Siempre hemos dicho que las policías tienen nuestro respaldo al actuar, pero también que ese respaldo tiene un límite claro y definido. Nadie puede actuar al margen de la ley y mucho menos violando garantías de ciudadanos de nuestro país. No le corresponde al ministro del Interior expresar juicios a aquella naturaleza que le compete a las facultades del Presidente, todos quienes estamos en cargos estamos, eventualmente, sujetos a contar o no con la confianza del Presidente”, dijo.

Estas acusaciones han puesto en entredicho la credibilidad de la PDI como institución, planteando algunas voces que la entidad debería quedar en manos del Ministerio Público.

Al respecto, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán indicó que, aunque “una policía que dependa de la Fiscalía sería el ideal, en el sentido de funcionalidad”, instó primero a enfocarse en el fortalecimiento del Ministerio Público, a través del aumento de dotación y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad.

Asimismo, Chahuán, descartó  que el caso pueda dar pie a un “quiebre en la confianza” hacia la PDI, sosteniendo que “si estas personas son condenadas, no son detectives, son delincuentes”.

Para la diputada PPD, Adriana Muñoz, este es un verdadero escándalo y debe ser investigado en todas sus aristas. “No sabemos qué pasa con la pérdida de una tonelada de cocaína en 2010, con la pérdida de 100 kilos de drogas hace unos días en la zona norte, no sabemos. Además hemos conocido que un ex PDI, un señor Ulloa, entregó una carpeta importante hace varios meses con toda la investigación que hizo acerca de estas redes de protección al narcotráfico de la PDI al ministro del Interior y no hay respuesta”, agregó.

Los policías arriesgan entre 10 y 21 años de presidio dependiendo de la participación de cada uno de ellos en los ilícitos que se les imputan.

Hechos de corrupción que escalan

En la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la investigadora del Centro de Estudios Públicos  de la Universidad de Chile, aseguró que este es un fenómeno “del que no está exento la policía en ninguna parte del mundo”, pero es considerado entre “los actos de corrupción más graves”, señaló.

En conversación con Felipe Pozo, la experta en narcotráfico señaló que este tipo de actos de corrupción se originan como “hechos aislados y específicos, como el soborno, pero escalan hacia otro tipo de mayor envergadura, que serían las que tienen que ver con la instalación de evidencia falsa, obstrucción de investigaciones y protección de personas”, dijo.

Para afrontar la corrupción y prevenirla, según Alejandra Mora, se debe trabajar en el fortalecimiento de la formación ética del cuerpo policial, “pues nos conformamos con un curso de ética al momento de ingresar a las escuelas”, también “ampliar horizontes hacia una formación continua, sometida a capacitaciones y reforzamientos de contenidos, así como mejorar los mecanismos de selección de los policías, hacerlos más exhaustivos”.

En esta línea, “es cuando la rendición de cuentas toma un rol protagónico. Tiene que ver con la existencia de otros al exterior de la policía que puedan tener un cierto control sobre la actividad de las instituciones”, señaló, otorgando a la sociedad civil una importante responsabilidad en la fiscalización.

No obstante, la académica destacó que en Chile “estamos relativamente protegidos y no hemos visto los efectos del crimen organizado vinculado al narcotráfico”, como si se ha desarrollado -por ejemplo- en México, Honduras y otros países centroamericanos. Una realidad de la que, a juicio de la experta, aún estamos seguros, siempre y cuando ahora se avance en perfeccionar los  métodos de fiscalización, ya que “el crimen organizado en torno a la droga necesita corromper a agentes del Estado, ya sea en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial o en los órganos policiales”, concluyó.