El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, entregó este jueves los lineamientos generales que tendrá el proyecto que enviará el Gobierno para perfeccionar la reforma procesal penal, además de anunciar  un comité asesor que tendrá un plazo de cien días para realizar el trabajo prelegislativo.

Según Ribera son tres los puntos principales que guiarán las modificaciones del sistema penal, entre los que se encuentran: la simplificación del proceso de constatación de lesiones y mejoras en la comparecencia de peritos en juicio oral; capacitación y formación de las policías, creación de un parte único, y autoevaluaciones de desempeño para los jueces, así como reformas al código procesal penal.

En la ocasión, el titular de Justicia, enfatizó en la necesidad de que todos los actores involucrados en el debate “tenemos que hacer un proceso evaluativo, autocrítico y proponer medidas que efectivamente contribuyan a una mayor seguridad”, pues “el cambio que el Presidente nos pide es que veamos cómo podemos hacer mejor el trabajo, responder mejor a la ciudadanía, porque la demanda por seguridad y por paz es muy amplia”.

Ello en directa alusión a la crítica que efectuaron, a través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Magistrados, quienes emitieron un comunicado donde señalaron que la reforma “no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales”, además de cuestionar el anunciado aumento de control a los jueces de garantía.

“Estoy segura que cuando los magistrados conozcan las propuestas que van a salir van a tener una disposición distinta al juicio que hicieron desconociendo las mismas”, sostuvo Ribera.

Las declaraciones fueron refutadas por el presidente de la asociación,  juez Rodrigo Cerda, quien en conversación con Radio Universidad de Chile aseguró que “lo que se cuestiona no es la reforma ni el perfeccionamiento del sistema procesal penal, en eso estamos plenamente de acuerdo, lo que se cuestiona es cómo se identifican los puntos sobre los cuales se va a trabajar, no se entrega la información completa de cuáles son los antecedentes que dispone el gobierno y cuáles son los estudios sobre los que se sustenta esta modificación”.

Además, el magistrado acusó que el anuncio se haya sustentado en “un ataque, una crítica muy fuerte a los jueces de garantía, consideramos que no es necesario atacar a los jueces para justificar una reforma procesal penal”.

En cuanto a la ausencia de autoridades del poder judicial en la instancia que asesorará los cambios, el juez Cerda indicó que “no podemos ser asesores del Gobierno en las modificaciones, no somos colegisladores, pero sí podemos opinar desde la experiencia cuando nos llamen y quieran tener nuestra opinión”.

Dicho comité asesor, según Ribera, estará compuesto por los abogados y académicos Juan Domingo Acosta (asesor del ministerio del Interior), Javiera Blanco (directora de Paz Ciudadana, ex subsecretaria de Carabineros), Edmundo Eluchans (diputado RN), Alberto Espina (senador RN), José Francisco García (Libertad y Desarrollo), Julián López (académico UCH), Cristián Maturana (académico UCH) y Jorge Bofill (académico UCH).

Al respecto, Cristián Maturana, director del departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, comentó que pese a que todo sistema es perfectible “mi diagnóstico es que la reforma procesal funciona bien, no aprecio una necesidad de hacer modificaciones estructurales ni mucho menos”.

El experto recalcó en el carácter academicista y asesor de la comisión, sosteniendo que, finalmente, independiente de las propuestas que allí surjan, “las decisiones serán tomadas por el Gobierno y, obviamente, tienen que ser escuchados los jueces, en especial la Corte Suprema, y tendrá que ser discutida en el Parlamento”.

Sin embargo, también llamó la atención la falta de parlamentarios de la oposición, puesto que en representación del oficialismo se encuentran los parlamentarios Eluchans (UDI) y Espina (RN).