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Demanda del Sernac a U. del Mar: “Esto es solo una parte de situaciones más complejas”

El Sernac presentó una demanda colectiva en contra de la Universidad del Mar, luego que se detectaran cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de los estudiantes con la casa de estudios. Según los estudiantes, la dirección del plantel se reunirá con ellos los próximos días para analizar la acción judicial, que se suma a la auditoría que está desarrollando el ministerio de Educación al interior del plantel y una investigación de la Fiscalía por presunto delito de estafa.

Daniela Ruiz

  Martes 23 de octubre 2012 21:38 hrs. 
udelmar

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Dentro de las disposiciones establecidas en los contratos de la Universidad del Mar que fueron cuestionadas por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se incluyen cambios unilaterales y arbitrarios de las condiciones como las mallas curriculares, las formas de prestar el servicio e incluso cláusulas donde la casa de estudios se faculta para cerrar una carrera por falta de estudiantes.

Desde el Sernac informaron que se determinó recurrir a la demanda colectiva, luego que la casa de estudios no respondiera frente a la exigencia del servicio de ajustar los contratos a través de una mediación.

El director del organismo, Juan Antonio Peribonio, indicó que la acción judicial se enmarca dentro de la ley del consumidor y es la primera que el Estado presenta contra un plantel educacional por este tema, por lo que subrayó la importancia de que las instituciones de educación sean transparentes y establezcan reglas claras y justas en sus contratos, pues señaló que “no estamos hablando de cualquier servicio; se trata de un servicio donde los alumnos y sus familias confían su futuro”.

En este sentido, la presidenta de la Federación de la U. del Mar sede Maipú, Karina Henríquez, informó que en relación a la demanda, “los directores de la universidad se van a juntar entre el miércoles y el jueves con la federación para poder explicarnos de que se trata bien, acabadamente”, aclarando que la acción fue impulsada por alumnos de regiones que decidieron no continuar con sus estudios en el establecimiento.

“En la universidad se vive un momento bien complicado, porque hay diferencias de opinión entre los estudiantes, pero lo que está claro es que todos los alumnos que siguieron este semestre desean terminar sus estudios y quieren hacerlo de la mejor forma”, agregó la dirigente estudiantil, afirmando que el deseo de gran parte de quienes prosiguen con sus carreras “es que la universidad continúe, porque es un problema más administrativo que educacional”, aseguró.

Por su parte, el presidente de los docentes de la sede de Talca, José Manuel Abaca, calificó como legítima la opción de los estudiantes de recurrir al Sernac , considerando que “la universidad en muchos casos no les ha dado los servicios que contrataron y que le dieron un tiempo a las autoridades para que se pronunciaran y no lo hicieron, en realidad, porque estaban más preocupados de la continuidad de la universidad”.

Sin embargo, el docente advirtió que “la universidad, claramente, está en un instante de crisis y esto es solamente una parte de situaciones que son más complejas”, aludiendo a la auditoría que lleva el ministerio de Educación al interior del plantel, luego que salieran a la luz triangulaciones con inmobiliarias de los mismos dueños del plantel, las fueron denunciadas por el ex rector Raúl Urrutia.

A ello se suma las denuncias por un proceso de acreditación “fraudulenta” del establecimiento, lo que derivó en varios cuestionamientos al Consejo Nacional de Acreditación (CNA), además de varias querellas de ex estudiantes que se encuentran siendo investigadas por la Fiscalía por eventual delito de fraude.

A juicio de Abaca, el futuro de la casa de estudios solo se esclarecerá cuando se dé a conocer la investigación de la cartera del ministro Harald Beyer, aunque señaló que varios intregantes del plantel son partidiarios de que sea la misma secretaría de Estado la que intervenga la universidad.

La acción judicial del Sernac, en tanto, tiene como objetivo condenar a la institución al pago de las máximas multas por cada infracción; que se declaren nulas  las cláusulas objetadas; y se sancione a la institución al pago de las indemnizaciones que correspondan a los consumidores por los perjuicios causados por la infracción.

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