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Consejo de Defensa del Estado alista querella por Caso Sobreprecios

El presidente de la instancia, Sergio Urrejola, confirmó que solicitaron los antecedentes correspondientes a la Fiscalía, los que serán dados a conocer hoy. En tanto, el Ministerio Público decidió ampliar las indagaciones a todos los concursos públicos convocados por el Estado en el marco del Plan antidrogas, Frontera Norte.

Javier Candia

  Miércoles 24 de octubre 2012 13:28 hrs. 
Sergio Urrejola

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El presidente del Consejo de defensa del Estado, Sergio Urrejola, confirmó que esta instancia está tomando las medidas para hacerse parte en la investigación por el llamado Caso Sobreprecios.

Urrejola informó que el 9 de octubre recibieron los antecedentes por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y de inmediato solicitaron la información a la Fiscalía. Datos que, según precisó, solo serán entregados hoy debido a que se había decretado “secreto sumario”.

El presidente del Consejo entregó estas declaraciones luego de reunirse con los diputados DC Ricardo Rincón y Gabriel Silber, quienes le solicitaron que el organismo se involucrara en la investigación que realiza el Ministerio Público, “en defensa de los intereses del país, teniendo en consideración los antecedentes que han surgido en este caso”, dijeron.

Urrejola aclaró que designaron a los abogados Luppy Aguirre y Marcelo Oyharcabal para que  pidieran la información a Fiscalía para que, posteriormente, propusieran al Comité Penal del CDE, los caminos jurídicos a seguir.

El presidente del CDE aclaró que el retraso se debió a que se decretó secreto en la investigación durante 40 días. “Desde el día uno en que nos llegaron los antecedentes, designamos a dos abogados para que concurrieran a la Fiscalía y pidieran más datos. Desde el 10 de octubre hasta hoy, el fiscal no nos ha entregado información porque la investigación estaba decretada como secreta. Hemos pedido que esa resolución se levante en relación a la labor del Consejo para que podamos tener acceso a lo que se tiene recolectado en este tema”, afirmó Urrejola.

Por lo mismo, los parlamentarios se mostraron satisfechos con este encuentro, aunque manifestaron su molestia ante la situación de Rodrigo Ubilla, quien primero indicó que se querellaría como subsecretario para lo que se contrató a Luis Hermosilla, pero luego del rechazo a la acción legal presentada por el  jurista, se cambió la versión indicando que se querellaba de forma particular.

“Ya en ese minuto señalamos que tal vez habían recursos indirectos asignados para una representación personal de Ubilla. Él ha faltado a la verdad. Un día dio una versión y luego otra, que confluyó en una doble contratación: una del Ministerio del Interior para revisar la legalidad de los contratos y otra para defenderlo personalmente con cargo al propio bolsillo del subsecretario. Para eso están los abogados de la cartera de la división jurídica”, afirmó el legislador.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter  confirmó  que el recurso presentado por Rodrigo Ubilla se realizó como particular y será el Consejo de Defensa del Estado quien represente en este caso los intereses del Fisco.

Se extiende la investigación

Después de la revisión de todos los antecedentes, los fiscales José Morales y Jaime Retamal decidieron ampliar la investigación a todo el plan antidrogas (“Frontera Norte”). Se trata de seis licitaciones en total que se relacionan, en primer término, con la compra de densímetros y fibroscopios,  proceso que posteriormente se amplió hacia la licitación de cámaras termales. A esto se suma la adquisición de otros elementos como  visores nocturnos, hornos incineradores y equipos de rayos X móviles.

La Fiscalía volcó su atención a estas compras, ya que en la mayoría de ellas estaría involucrado Felipe Baeza, funcionario que terminó destituido por esta situación. En el caso de los rayos X, estaría implicado directamente el ex jefe de estudios del Ministerio del Interior, Alejandro Peña.

Cabe destacar que este caso se desató después que se dieran a conocer por la prensa los términos de una licitación en la que la cartera de Interior pagaría un valor cuatro veces superior al del mercado por equipos para la detección de droga.

Un camino de investigación judicial que sigue su curso, junto a las responsabilidades políticas que hasta ahora han significado la salida del ex jefe de la División de Estudios de la Subsecretaria del Interior,  Alejandro Peña; del ex jefe de proyectos de esta misma repartición, Felipe Baeza; del ex funcionario del departamento del Crimen Organizado y amigo del dueño de Tecnodata Carlos Álvarez y el último conocido el viernes René Castellón, ex  asesor de la subsecretaria de Prevención del Delito.

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