Gobierno hace mea culpa por casas Copeva y asegura indemnización para familias afectadas
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, valoró el dictamen de la Corte Suprema que condenó al Fisco a pagar una millonaria indemnización a los afectados por el daño que sufrieron las viviendas del conjunto habitacional El Volcán 2 de Puente Alto. El secretario de Estado indicó que la situación se debió a la "política habitacional mal implementada y ejecutada" de la época.
Miércoles 24 de octubre 2012 21:31 hrs.
Un millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente y un millón 800 mil por daño moral, conforman la indemnización total que recibirán diez familias que sufrieron daños en sus viviendas del conjunto habitacional El Volcán 2 de Puente Alto, producto de las precipitaciones de 1997.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida ordenando al Fisco a pagar los montos estimados, estableciendo responsabilidad directa al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano por las negligencias en la fiscalización que realizó a la empresa constructora del conjunto inmbiliario, Copeva, propiedad de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, valoró la indemnización decretada a las diez familias representadas por el abogado Ciro Colombara, criticando la política habitacional de la época y pidiendo perdón a los afectados.
“Se jugó con el sueño de la casa propia, porque los problemas y sufrimientos que ellos tuvieron que atravesar fueron producto de una política habitacional mal implementada y ejecutada. Lo que corresponda ahora es pagar esta indemnización y también sacar una lección para todos los actores involucrados en la industria de la vivienda social, para que las familias más vulnerables no tengan que pasar nunca más por los problemas que tuvieron que pasar estos vecinos de Puente Alto”, aseguró el titular de Vivienda.
Pérez, sostuvo que se acatará el fallo y destacó que el actual marco normativo y técnico es más exigente, por lo que sería más difícil que vuelva a ocurrir un incidente de éstas características.
Además, el abogado representante Ciro Colombara aseguró que en total son 600 los demandantes que se verán beneficiados, subrayando en que se está frente “a un caso grave de violación de derechos, donde se ha establecido la responsabilidad del Estado”.
Un millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente y un millón 800 mil por daño moral, conforman la indemnización total que recibirán diez familias que sufrieron daños en sus viviendas del conjunto habitacional El Volcán 2 de Puente Alto, producto de las precipitaciones de 1997.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida ordenando al Fisco a pagar los montos estimados, estableciendo responsabilidad directa al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano por las negligencias en la fiscalización que realizó a la empresa constructora del conjunto inmbiliario, Copeva, propiedad de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, valoró la indemnización decretada a las diez familias representadas por el abogado Ciro Colombara, criticando la política habitacional de la época y pidiendo perdón a los afectados.
“Se jugó con el sueño de la casa propia, porque los problemas y sufrimientos que ellos tuvieron que atravesar fueron producto de una política habitacional mal implementada y ejecutada. Lo que corresponda ahora es pagar esta indemnización y también sacar una lección para todos los actores involucrados en la industria de la vivienda social, para que las familias más vulnerables no tengan que pasar nunca más por los problemas que tuvieron que pasar estos vecinos de Puente Alto”, aseguró el titular de Vivienda.
Pérez, sostuvo que se acatará el fallo y destacó que el actual marco normativo y técnico es más exigente, por lo que sería más difícil que vuelva a ocurrir un incidente de éstas características.
Además, el abogado representante Ciro Colombara aseguró que en total son 600 los demandantes que se verán beneficiados, subrayando en que se está frente “a un caso grave de violación de derechos, donde se ha establecido la responsabilidad del Estado”.
Un millón 130 mil pesos por concepto de daño emergente y un millón 800 mil por daño moral, conforman la indemnización total que recibirán diez familias que sufrieron daños en sus viviendas del conjunto habitacional El Volcán 2 de Puente Alto, producto de las precipitaciones de 1997.
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida ordenando al Fisco a pagar los montos estimados, estableciendo responsabilidad directa al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano por las negligencias en la fiscalización que realizó a la empresa constructora del conjunto inmbiliario, Copeva, propiedad de Francisco Pérez Yoma, hermano del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma.
El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, valoró la indemnización decretada a las diez familias representadas por el abogado Ciro Colombara, criticando la política habitacional de la época y pidiendo perdón a los afectados.
“Se jugó con el sueño de la casa propia, porque los problemas y sufrimientos que ellos tuvieron que atravesar fueron producto de una política habitacional mal implementada y ejecutada. Lo que corresponda ahora es pagar esta indemnización y también sacar una lección para todos los actores involucrados en la industria de la vivienda social, para que las familias más vulnerables no tengan que pasar nunca más por los problemas que tuvieron que pasar estos vecinos de Puente Alto”, aseguró el titular de Vivienda.
Pérez, sostuvo que se acatará el fallo y destacó que el actual marco normativo y técnico es más exigente, por lo que sería más difícil que vuelva a ocurrir un incidente de éstas características.
Además, el abogado representante Ciro Colombara aseguró que en total son 600 los demandantes que se verán beneficiados, subrayando en que se está frente “a un caso grave de violación de derechos, donde se ha establecido la responsabilidad del Estado”.
