La renuncia indeclinable del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Iñigo Díaz, que se oficializó el pasado miércoles, volvió a visibilizar la crisis que vive la institución que busca “verificar y promover la calidad de la Educación Superior” en Chile.

El alejamiento de Díaz se suma a la investigación que lleva la Contraloría y la Fiscalía Oriente contra el ex comisionado,  Eugenio Díaz,  por los delitos de cohecho y negociación incompatible, luego que se denunciara la millonaria asesoría que realizó a la Universidad del Mar mientras presidía el CNA, y a las acusaciones que hiciera el destituido secretario general de la entidad, Patricio Basso, quien responsabilizó de su salida al Ministerio de Educación por haber acusado lucro al interior de varias universidades.

Pero también se da en medio de una tensa relación con la cartera de Harald Beyer, después que la secretaría de Estado rechazara la proposición de la comisión de discutir una ley corta para mejorar los aspectos más urgentes del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y anunciara una reforma integral, sustentada en un informe de expertos en educación de la OCDE.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el ahora ex presidente del CNA, Iñigo Díaz, sostuvo que su salida se debió, entre otras cosas, “a que tengo ciertas aprehensiones sobre el futuro del sistema”, asegurando que es motivo de su preocupación el hecho que “el sistema ha priorizado indebidamente la cantidad por encima de la calidad”.

“Hemos priorizado la masificación, que es bueno, porque hoy tenemos una cobertura muy alta, casi un 50 por ciento de la cohorte entre 17 y 25 años está en la educación superior. Sin embargo, no hemos ido acompañado este proceso en calidad. Es un tema que me preocupa y que no pude tratar con la fuerza que yo quería”, reconoció el también ex vicerrector de nuestra casa de estudios.

Asimismo, Díaz manifestó su inquietud por el retraso del informe de los expertos de la OCDE, que debía presentarse en la primera quincena de septiembre, y -por ende- del proyecto que presentará el Mineduc para modificar la legislación.  “La arquitectura que diseñamos  en términos del análisis del informe de  la OCDE, el consenso en ciertos puntos generales, no sé cómo se va dar y eso me parece delicado”, dijo.

Sin embargo, el académico de la Universidad de Chile, fue enfático en señalar que la Ley de Aseguramiento de la Calidad debe ser modificada, atribuyendo sus vacíos a la discusión parlamentaria de la normativa en 2006, donde “obtuvo más de mil 300 observaciones y, ahí, en los acuerdos legislativos se perdió el sentido de muchos aspectos de la ley”, además de indicar lo descontextualizada que se encontraría la legislación en medio del actual debate de la educación en Chile.

En ello coincidió el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de la Universidad de Chile (Opech), Jesús Redondo, quien señaló que el futuro de la Comisión Nacional de Acreditación, depende justamente de las modificaciones que se hagan de la legislación, pues sin ellas el organismo seguirá siendo cuestionado.

“Le falta la herramienta que el sector político no ha generado, un modelo de acreditación realmente serio y exigente. Lo que requiere más urgencia es la ley de acreditación, porque en la medida que ésta posibilite otro modelo, la comisión va a poder reajustarse, pero por mucho que cambie la comisión si la legislación que tiene que aplicar es tan light como la que está hoy, no sé si merece la pena hacer cambios en la comisión nacional”, explica Redondo.

Finalmente, Iñigo Díaz, recalcó que se debe avanzar en cambios estructurales que permitan a la comisión trabajar con mayor eficacia, afirmando, por ejemplo, que el presidente del CNA no tiene dedicación exclusiva para el organismo ni tampoco una remuneración fija, sino que  una dieta por sesiones asistidas. “La arquitectura, en general, de la comisión es lo que hay que modificar y yo esperaba que eso se hiciera en la discusión de esta nueva ley, cosa que no ocurrió”.