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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Ante pronta reforma al sistema partidista:

Parlamentarios de todos los sectores piden que Estado financie a los partidos políticos

El Gobierno ingresaría al Congreso, antes que termine este año, un proyecto de ley de reforma al sistema de partidos políticos, el cual incluiría regulaciones a los derechos y deberes de los militantes y la creación de una nueva figura de participación, los adherentes. Sin embargo, el texto omite el financiamiento de las colectividades políticas, un punto donde parlamentarios de la Alianza y oposición coincidieron en que sea el Estado quien destine los recursos para su funcionamiento.

Narayán Vila

  Jueves 25 de octubre 2012 19:20 hrs. 
PARTIDOS4

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Entre noviembre y diciembre de este año debería ingresar al Parlamento el proyecto de reforma a la ley de partidos políticos, que el Gobierno está, actualmente, entregando en su versión de borrador a los presidentes de las colectividades de la Alianza y la oposición.

El texto propone regular los derechos y deberes de los afiliados, crear la figura de adherentes y prohibir las órdenes de partido, aunque permite las sanciones internas, a través de un Tribunal Supremo.

Sin embargo, el punto más sustantivo es que omite el financiamiento de los partidos políticos, el cual debería estar a cargo del Estado, según señaló el diputado UDI Giovanni Calderón, ya que “desde el punto de vista de la fortaleza de los partidos y la importancia que eso tiene para el fortalecimiento del sistema democrático”, resulta “muy saludable que el Estado se haga cargo del financiamiento de los partidos y no los privados, porque esto no solo puede generar conflictos de interés, sino desigualdades en los distintos partidos dependiendo de la calidad de los aportes que tenga”, precisó.

El parlamentario agregó que la omisión del financiamiento en el borrador es preocupante, ya que la Constitución no faculta al Poder Legislativo para disponer de recursos en los proyectos de ley.

El presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, concordó con el diputado Calderón y afirmó que se debe establecer un financiamiento general, no en relación a los votos, sino que a otros criterios, que permita a las distintas colectividades “funcionar sin la intervención de terceros”.

Gómez subrayó que las propuestas del Ejecutivo son modificaciones muy menores y que una reforma debería ir en la línea de “establecer un sistema de elecciones que pueda ser definido y ojalá controlado por el servicio electoral, para evitar las dificultades; actualizar el padrón de militantes, que tengan deberes y responsabilidades con sanciones claras, con un Tribunal Supremo que tenga las facultades”, detalló, agregando con énfasis que “si vamos a hacer un cambio hay que hacerlo de fondo”.

María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, indicó que la actividad política tiene un costo y que los ciudadanos deben estar dispuestos a pagar por una democracia saludable.

En esta línea, sostuvo que el otorgamiento de recursos por parte del Estado puede otorgar a la ciudadanía la responsabilidad para “cambiar y presionar a los partidos políticos para ser mejor representados o poder competir en iguales condiciones con nuevas colectividades y que puedan ser creados con facilidad, o poder exigir una mayor transparencia y mayor diligencia con los intereses de todos”. Para ello, “qué mejor manera que éstos sean financiados por el estado”, concluyó.

La académica enfatizó en que la nueva figura de adherentes no debe desviar el foco de atención y que “el mayor desafío de los partidos políticos actuales tiene relación con la democracia interna”. Para ello, según Escudero, aunque “los partidos políticos son una organización voluntaria, no es algo que el estado pueda mandatar”, el Estado si puede “legislar con ciertas prácticas sugeridas que son mejores para el funcionamiento interno, que mejoren la democracia interna, a lo mejor que intervengan organismos del estado para garantizar la transparencia de sus elecciones internas”, aseguró.

Son cuatro las colectividades que ya han recibido el documento del Gobierno, uno de ellos el Partido Socialista, cuyo presidente, Osvaldo Andrade, no se quiso referir al tema.

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