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Informe de DD.HH constata violencia “desproporcionada” del Estado en manifestaciones

El Décimo Informe Anual sobre derechos humanos en Chile 2012, elaborado por la Universidad Diego Portales, entre sus principales resultados, alertó sobre el uso de "irracional y desproporcionado de la fuerza estatal" en las manifestaciones ciudadanas de los últimos años. Asimismo advirtió sobre una serie de incumplimientos del Estado de Chile respecto de los estándares mínimos de convenios internacionales suscritos voluntariamente por el país.

Mariano Rivera

  Lunes 12 de noviembre 2012 15:30 hrs. 
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La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y el Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, entregaron los resultados del informe que realiza anualmente sobre esta materia, abordando específicamente la discriminación que genera la inexistencia de políticas públicas con enfoques de DDHH, tanto en aspectos como Diversidad Sexual, Refugiados en Chile, Pueblos Originarios, Política Criminal y Medioambiente, entre otros.

Uno de los aspectos más importantes que concluyó el informe fue que “las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”.

Sobre una eventual “naturalización” de la violencia  durante los últimos años, el editor general del Centro de DDHH, Alberto Coddou expresó que si bien, esta fenómeno “se ha visto con claridad, durante los dos últimos años de protesta social, la violencia que ejerce el Estado no tiene que ver únicamente con los daños físicos que provocan las policías”, sino que respondería a la displicencia con que, a nivel legislativo, se debaten los proyectos, sin incorporar un enfoque en materia de DDHH.

“Las leyes penales constituyen una buena manera de generar réditos políticos de manera inmediata. En la agenda legislativa uno tiene cientos de mociones parlamentarias que están archivadas, parece un contrasentido que el convenio de la OIT -que reconoce derechos de los pueblos indígenas- haya demorado 18 años en tramitarse, mientras las mociones parlamentarias que aumentan penas se demoran muy poco en convertirse en ley. El tema de no adoptar estándares de DD.HH, como no integrar estos estándares a la normativa vigente, es una cuestión claramente de voluntad política”, aseguró Coddou.

En tanto, Judith Schonsteiner directora del Centro de DDHH, trasladó su preocupación al incumplimiento de los criterios internacionales en materia medioambiental, indicando que “generalmente, los proyectos de inversión se apostan en comunas con poco poder de decisión, poca incidencia en las determinaciones económicas, por lo que el impacto y consiguiente daño a la salud, la asumen las localidades con menores ingresos”.

“La ONU establece la responsabilidad de las empresas en el respeto a los derechos humanos y eso implica revisar todas las políticas de la empresa por el impacto y los riesgos que contienen esas actividades en materia de DHH. Impacto en daños ambientales a la salud, educación y, finalmente, en temas de viviendas próximas a industrias peligrosas, donde podemos estar ante la necesidad de reasentamiento, según los estándares internacionales para disminuir y mitigar este riesgo más inmediato para las personas”, agregó la directora del Centro de DD.HH de la UDP.

En esa línea, Judith Schonsteiner explicó que este tipo de situaciones son calificadas como “discriminación estructural”, ya que se evidencia transversalmente en todas las áreas de la sociedad, pero enfocada generalmente en el mismo segmento social.

El Décimo Informe Sobre Derechos Humanos en Chile 2012, también concluyó que el Estado tiene pendientes casi todas las materias que involucran el cumplimiento y respeto de los tratados internacionales suscritos.

Así lo señaló Lidia Casas, Coordinadora del área de Género y Derechos Humanos del centro investigador, señalando que “la tendencia siempre ha evidenciado deficiencias en el cumplimiento de los convenios internacionales, sin embargo, durante los dos últimos años el actual Gobierno ha contribuido al detrimento de la aplicación de los mismos”

“Antes del término de la salida de la Presidenta Bachelet correspondía la realización de un nuevo plan de igualdades para la próxima década. Lo que este Gobierno hace es dejar sin efecto  el anterior, modificarlo sin ningún tipo de participación ciudadana y quitar algunos de los ejes centrales, entre ellos el tema de la autonomía reproductiva. La sociedad conoce la imposibilidad de discutir sobre una ley de aborto,  las dificultades que hubo con la anticoncepción de emergencia y  la píldora del día después en nuestro país y esos déficit aun se mantienen”, aclaró Casas sobre los incumplimientos en materia de autonomía reproductiva.

Los investigadores, finalmente, recomendaron integrar un enfoque de DDHH en las discusiones parlamentarias previo a la elaboración de las leyes que involucren sanciones y penalidad; pero además, en materia de recursos naturales, afirmaron que es necesario contar con un ente fiscalizador independiente al Gobierno, para evitar que los intereses políticos y oportunidades económicas influyan al momento de cumplir con las normas internacionales ratificadas por el Estado de Chile.

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