El ministro de Educación, Harald Beyer, se mostró reacio a que el Estado intervenga en la situación de la Universidad del Mar, donde académicos, estudiantes y administradores solicitaron al Gobierno que a través del Mineduc ayude a mantener la casa de estudios.
Esto, luego de filtrarse un documento en el que se conoció la posibilidad cierta del cierre del plantel, sin que esta fuera notificada al Consejo Nacional de Educación, lo que fue analizado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Luego de la sesión, de carácter secreto, el secretario de Estado señaló que “nuestra responsabilidad como Estado no es salvar instituciones, sino exigir estándares de calidad aceptables y vamos a ser intransables en ese camino”.
Esto lo respaldó el presidente de la instancia legislativa, Romilio Gutiérrez (UDI), que además llamó a mantener el resguardo del contenido del documento mientras se decreta lo que finalmente sucederá con la Universidad del Mar: “Creemos plenamente que el ministro tuvo razones fundadas para adoptar esta medida. Para efectuar una adecuada fiscalización y conocer en profundidad los detalles, es necesario que el ministro tenga la instancia para entregar los antecedentes en forma reservada y cada uno de los parlamentarios deberá resguardar los contenidos de esta sesión, que creemos que además puede permitir conocer en profundidad la situación de la Universidad del Mar y ver qué caminos podemos tomar a futuro”, explicó.
Se han propuesto distintas alternativas ante la eventualidad del cierre del plantel universitario, como proyectos de intervención y medidas de reubicación de los estudiantes.
Por esto, el diputado PPD y miembro de la comisión, Rodrigo González, lamentó que el ministerio deje a los alumnos en una situación de incertidumbre: “No quieren proyecto de intervención, tampoco quieren tomar medidas para reubicar y, al final, el ministro tomó una decisión que, a juicio nuestro, es absolutamente irresponsable, porque deja a los alumnos en el aire, siendo el propio Mineduc quien filtró el documento y generó una situación prácticamente irreversible de cierre de la universidad, sin que los alumnos y académicos pudiesen defenderse, de acuerdo a las normas legales”, dijo.
La preocupación de la comunidad universitaria ha sido tal, que se presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de violación de secreto ante la filtración del documento.
La acción fue presentada por el diputado González y su par Cristina Girardi, junto a dirigentes estudiantiles y académicos de la casa de estudios.
Raúl Ortiz, presidente de la Asociación Gremial de Académicos de la sede Viña del Mar, explicó que corresponde que el Estado se involucre y se haga responsable en este caso, respondiendo por la comunidad afectada: “En un área como la educación, el Estado sí tiene responsabilidades, tanto en normas de la Constitución como en convenios internacionales del derecho a la educación. El Estado fue el que le dio autonomía a la universidad, le permitió funcionar, le dio la acreditación, por tanto, no se puede lavar las manos y simplemente decir que no tiene nada que hacer”, afirmó.
Ortiz agregó que creen que las sociedades controladoras son las responsables de la situación actual, por lo que pidió no castigar a la comunidad por los delitos de éstos, y además aseguró que seguirán buscando que el Estado intervenga a favor del funcionamiento de la universidad.
El ministro de Educación, Harald Beyer, se mostró reacio a que el Estado intervenga en la situación de la Universidad del Mar, donde académicos, estudiantes y administradores solicitaron al Gobierno que a través del Mineduc ayude a mantener la casa de estudios.
Esto, luego de filtrarse un documento en el que se conoció la posibilidad cierta del cierre del plantel, sin que esta fuera notificada al Consejo Nacional de Educación, lo que fue analizado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Luego de la sesión, de carácter secreto, el secretario de Estado señaló que “nuestra responsabilidad como Estado no es salvar instituciones, sino exigir estándares de calidad aceptables y vamos a ser intransables en ese camino”.
Esto lo respaldó el presidente de la instancia legislativa, Romilio Gutiérrez (UDI), que además llamó a mantener el resguardo del contenido del documento mientras se decreta lo que finalmente sucederá con la Universidad del Mar: “Creemos plenamente que el ministro tuvo razones fundadas para adoptar esta medida. Para efectuar una adecuada fiscalización y conocer en profundidad los detalles, es necesario que el ministro tenga la instancia para entregar los antecedentes en forma reservada y cada uno de los parlamentarios deberá resguardar los contenidos de esta sesión, que creemos que además puede permitir conocer en profundidad la situación de la Universidad del Mar y ver qué caminos podemos tomar a futuro”, explicó.
Se han propuesto distintas alternativas ante la eventualidad del cierre del plantel universitario, como proyectos de intervención y medidas de reubicación de los estudiantes.
Por esto, el diputado PPD y miembro de la comisión, Rodrigo González, lamentó que el ministerio deje a los alumnos en una situación de incertidumbre: “No quieren proyecto de intervención, tampoco quieren tomar medidas para reubicar y, al final, el ministro tomó una decisión que, a juicio nuestro, es absolutamente irresponsable, porque deja a los alumnos en el aire, siendo el propio Mineduc quien filtró el documento y generó una situación prácticamente irreversible de cierre de la universidad, sin que los alumnos y académicos pudiesen defenderse, de acuerdo a las normas legales”, dijo.
La preocupación de la comunidad universitaria ha sido tal, que se presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de violación de secreto ante la filtración del documento.
La acción fue presentada por el diputado González y su par Cristina Girardi, junto a dirigentes estudiantiles y académicos de la casa de estudios.
Raúl Ortiz, presidente de la Asociación Gremial de Académicos de la sede Viña del Mar, explicó que corresponde que el Estado se involucre y se haga responsable en este caso, respondiendo por la comunidad afectada: “En un área como la educación, el Estado sí tiene responsabilidades, tanto en normas de la Constitución como en convenios internacionales del derecho a la educación. El Estado fue el que le dio autonomía a la universidad, le permitió funcionar, le dio la acreditación, por tanto, no se puede lavar las manos y simplemente decir que no tiene nada que hacer”, afirmó.
Ortiz agregó que creen que las sociedades controladoras son las responsables de la situación actual, por lo que pidió no castigar a la comunidad por los delitos de éstos, y además aseguró que seguirán buscando que el Estado intervenga a favor del funcionamiento de la universidad.
El ministro de Educación, Harald Beyer, se mostró reacio a que el Estado intervenga en la situación de la Universidad del Mar, donde académicos, estudiantes y administradores solicitaron al Gobierno que a través del Mineduc ayude a mantener la casa de estudios.
Esto, luego de filtrarse un documento en el que se conoció la posibilidad cierta del cierre del plantel, sin que esta fuera notificada al Consejo Nacional de Educación, lo que fue analizado en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Luego de la sesión, de carácter secreto, el secretario de Estado señaló que “nuestra responsabilidad como Estado no es salvar instituciones, sino exigir estándares de calidad aceptables y vamos a ser intransables en ese camino”.
Esto lo respaldó el presidente de la instancia legislativa, Romilio Gutiérrez (UDI), que además llamó a mantener el resguardo del contenido del documento mientras se decreta lo que finalmente sucederá con la Universidad del Mar: “Creemos plenamente que el ministro tuvo razones fundadas para adoptar esta medida. Para efectuar una adecuada fiscalización y conocer en profundidad los detalles, es necesario que el ministro tenga la instancia para entregar los antecedentes en forma reservada y cada uno de los parlamentarios deberá resguardar los contenidos de esta sesión, que creemos que además puede permitir conocer en profundidad la situación de la Universidad del Mar y ver qué caminos podemos tomar a futuro”, explicó.
Se han propuesto distintas alternativas ante la eventualidad del cierre del plantel universitario, como proyectos de intervención y medidas de reubicación de los estudiantes.
Por esto, el diputado PPD y miembro de la comisión, Rodrigo González, lamentó que el ministerio deje a los alumnos en una situación de incertidumbre: “No quieren proyecto de intervención, tampoco quieren tomar medidas para reubicar y, al final, el ministro tomó una decisión que, a juicio nuestro, es absolutamente irresponsable, porque deja a los alumnos en el aire, siendo el propio Mineduc quien filtró el documento y generó una situación prácticamente irreversible de cierre de la universidad, sin que los alumnos y académicos pudiesen defenderse, de acuerdo a las normas legales”, dijo.
La preocupación de la comunidad universitaria ha sido tal, que se presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de violación de secreto ante la filtración del documento.
La acción fue presentada por el diputado González y su par Cristina Girardi, junto a dirigentes estudiantiles y académicos de la casa de estudios.
Raúl Ortiz, presidente de la Asociación Gremial de Académicos de la sede Viña del Mar, explicó que corresponde que el Estado se involucre y se haga responsable en este caso, respondiendo por la comunidad afectada: “En un área como la educación, el Estado sí tiene responsabilidades, tanto en normas de la Constitución como en convenios internacionales del derecho a la educación. El Estado fue el que le dio autonomía a la universidad, le permitió funcionar, le dio la acreditación, por tanto, no se puede lavar las manos y simplemente decir que no tiene nada que hacer”, afirmó.
Ortiz agregó que creen que las sociedades controladoras son las responsables de la situación actual, por lo que pidió no castigar a la comunidad por los delitos de éstos, y además aseguró que seguirán buscando que el Estado intervenga a favor del funcionamiento de la universidad.
