Una quinta renuncia del Ministerio del Interior tuvo que aclarar el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, quien explicó que la salida de Manuel Cacho Gálmez – abogado de la división jurídica- se debió a que éste no informó su relación indirecta con la empresa Fénix American Technology, la misma que pidió anular la licitación de los equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte.
Ubilla reconoció que se enteró de esta situación en los medios de comunicación y precisó que “en el contexto de lo que ha ocurrido, lo correcto es que Gálmez me hubiera entregado personalmente los antecedentes”.
“Me parece que cuando un funcionario no entrega directamente la información, que en este caso, la conocí por un medio hace un par de días, es alguien que no puede seguir participando de las actividades del ministerio. Yo no le estoy haciendo un cargo ni del punto de vista administrativo, ni del penal. Son otras las instancias, Contraloría o los Tribunales de Justicia, los que determinarán si tiene responsabilidad o no”, precisó la autoridad.
Además de este conflicto de interés, Cacho Gálmez está querellado por el Consejo de Defensa del Estado, por los ilícitos de violación de secreto, fraude y cohecho.
El Caso Sobreprecios ha provocado que el Ministerio del Interior estudie posibles reformas a los modelos de licitación, como el fortalecimiento de los controles administrativos propios y la colaboración de la Contraloría en los mecanismos de auditorías.
Esto con el fin de impedir posibles irregularidades, tal y como se han detectado en esta ocasión, las que, de acuerdo a Ubilla, “no son parte de una gran ola” de posibles ilícitos”, intentando descomprimir los cuestionamientos hacia su figura, por desconocer gran parte de los antecedentes.
“Yo he puesto en conocimiento – a partir de las declaraciones que hice como testigo a la Fiscalía – todos los antecedentes que han permitido, según la información que manejo, avanzar rápidamente en esta materia. No me puedo pronunciar sobre el detalle de la información que le entregué al fiscal en las más de cinco horas en las que estuve declarando porque eso es parte del secreto de la investigación que sólo lo puede levantar el fiscal”, dijo Ubilla.
Cabe señalar que el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con los directores de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y de Carabineros de Chile, Gustavo González, aunque no para abordar el Caso Sobreprecios, según precisó la máxima autoridad de la PDI.
Desde el Poder Legislativo, parlamentarios de oposición ingresaron este miércoles una solicitud para crear una comisión investigadora, la que deberá ser votada por la sala el próximo martes.
Una de las patrocinadoras fue la diputada PPD Adriana Muñoz, quien expresó que el subsecretario Rodrigo Ubilla debiera estar al tanto de todo lo que sucede en su repartición, sin embargo, “parece que se ha visto sorprendido”, remarcó.
La parlamentaria insistió en que “hace rato que se debieron asumir las responsabilidades políticas”.
“No se ha tomado ninguna decisión desde el gobierno y nosotros vamos a ejercer una facultad fiscalizadora a través de la comisión investigadora dado que, una vez que se aprobó la interpelación al ministro Hizpeter, él fue removido. No pudimos hacer una interpelación que es el instrumento de fiscalización que tenemos inmediato y rápido. Tenemos muchos otros mecanismos con antecedentes que presentar para demostrar que aquí hay responsabilidades políticas”
La salida de Cacho Gálmez se suma a las del ex fiscal Alejandro Peña, Felipe Baeza, Carlos Álvarez y René Castellón.
Una quinta renuncia del Ministerio del Interior tuvo que aclarar el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, quien explicó que la salida de Manuel Cacho Gálmez – abogado de la división jurídica- se debió a que éste no informó su relación indirecta con la empresa Fénix American Technology, la misma que pidió anular la licitación de los equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte.
Ubilla reconoció que se enteró de esta situación en los medios de comunicación y precisó que “en el contexto de lo que ha ocurrido, lo correcto es que Gálmez me hubiera entregado personalmente los antecedentes”.
“Me parece que cuando un funcionario no entrega directamente la información, que en este caso, la conocí por un medio hace un par de días, es alguien que no puede seguir participando de las actividades del ministerio. Yo no le estoy haciendo un cargo ni del punto de vista administrativo, ni del penal. Son otras las instancias, Contraloría o los Tribunales de Justicia, los que determinarán si tiene responsabilidad o no”, precisó la autoridad.
Además de este conflicto de interés, Cacho Gálmez está querellado por el Consejo de Defensa del Estado, por los ilícitos de violación de secreto, fraude y cohecho.
El Caso Sobreprecios ha provocado que el Ministerio del Interior estudie posibles reformas a los modelos de licitación, como el fortalecimiento de los controles administrativos propios y la colaboración de la Contraloría en los mecanismos de auditorías.
Esto con el fin de impedir posibles irregularidades, tal y como se han detectado en esta ocasión, las que, de acuerdo a Ubilla, “no son parte de una gran ola” de posibles ilícitos”, intentando descomprimir los cuestionamientos hacia su figura, por desconocer gran parte de los antecedentes.
“Yo he puesto en conocimiento – a partir de las declaraciones que hice como testigo a la Fiscalía – todos los antecedentes que han permitido, según la información que manejo, avanzar rápidamente en esta materia. No me puedo pronunciar sobre el detalle de la información que le entregué al fiscal en las más de cinco horas en las que estuve declarando porque eso es parte del secreto de la investigación que sólo lo puede levantar el fiscal”, dijo Ubilla.
Cabe señalar que el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con los directores de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y de Carabineros de Chile, Gustavo González, aunque no para abordar el Caso Sobreprecios, según precisó la máxima autoridad de la PDI.
Desde el Poder Legislativo, parlamentarios de oposición ingresaron este miércoles una solicitud para crear una comisión investigadora, la que deberá ser votada por la sala el próximo martes.
Una de las patrocinadoras fue la diputada PPD Adriana Muñoz, quien expresó que el subsecretario Rodrigo Ubilla debiera estar al tanto de todo lo que sucede en su repartición, sin embargo, “parece que se ha visto sorprendido”, remarcó.
La parlamentaria insistió en que “hace rato que se debieron asumir las responsabilidades políticas”.
“No se ha tomado ninguna decisión desde el gobierno y nosotros vamos a ejercer una facultad fiscalizadora a través de la comisión investigadora dado que, una vez que se aprobó la interpelación al ministro Hizpeter, él fue removido. No pudimos hacer una interpelación que es el instrumento de fiscalización que tenemos inmediato y rápido. Tenemos muchos otros mecanismos con antecedentes que presentar para demostrar que aquí hay responsabilidades políticas”
La salida de Cacho Gálmez se suma a las del ex fiscal Alejandro Peña, Felipe Baeza, Carlos Álvarez y René Castellón.
Una quinta renuncia del Ministerio del Interior tuvo que aclarar el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, quien explicó que la salida de Manuel Cacho Gálmez – abogado de la división jurídica- se debió a que éste no informó su relación indirecta con la empresa Fénix American Technology, la misma que pidió anular la licitación de los equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte.
Ubilla reconoció que se enteró de esta situación en los medios de comunicación y precisó que “en el contexto de lo que ha ocurrido, lo correcto es que Gálmez me hubiera entregado personalmente los antecedentes”.
“Me parece que cuando un funcionario no entrega directamente la información, que en este caso, la conocí por un medio hace un par de días, es alguien que no puede seguir participando de las actividades del ministerio. Yo no le estoy haciendo un cargo ni del punto de vista administrativo, ni del penal. Son otras las instancias, Contraloría o los Tribunales de Justicia, los que determinarán si tiene responsabilidad o no”, precisó la autoridad.
Además de este conflicto de interés, Cacho Gálmez está querellado por el Consejo de Defensa del Estado, por los ilícitos de violación de secreto, fraude y cohecho.
El Caso Sobreprecios ha provocado que el Ministerio del Interior estudie posibles reformas a los modelos de licitación, como el fortalecimiento de los controles administrativos propios y la colaboración de la Contraloría en los mecanismos de auditorías.
Esto con el fin de impedir posibles irregularidades, tal y como se han detectado en esta ocasión, las que, de acuerdo a Ubilla, “no son parte de una gran ola” de posibles ilícitos”, intentando descomprimir los cuestionamientos hacia su figura, por desconocer gran parte de los antecedentes.
“Yo he puesto en conocimiento – a partir de las declaraciones que hice como testigo a la Fiscalía – todos los antecedentes que han permitido, según la información que manejo, avanzar rápidamente en esta materia. No me puedo pronunciar sobre el detalle de la información que le entregué al fiscal en las más de cinco horas en las que estuve declarando porque eso es parte del secreto de la investigación que sólo lo puede levantar el fiscal”, dijo Ubilla.
Cabe señalar que el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió con los directores de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, y de Carabineros de Chile, Gustavo González, aunque no para abordar el Caso Sobreprecios, según precisó la máxima autoridad de la PDI.
Desde el Poder Legislativo, parlamentarios de oposición ingresaron este miércoles una solicitud para crear una comisión investigadora, la que deberá ser votada por la sala el próximo martes.
Una de las patrocinadoras fue la diputada PPD Adriana Muñoz, quien expresó que el subsecretario Rodrigo Ubilla debiera estar al tanto de todo lo que sucede en su repartición, sin embargo, “parece que se ha visto sorprendido”, remarcó.
La parlamentaria insistió en que “hace rato que se debieron asumir las responsabilidades políticas”.
“No se ha tomado ninguna decisión desde el gobierno y nosotros vamos a ejercer una facultad fiscalizadora a través de la comisión investigadora dado que, una vez que se aprobó la interpelación al ministro Hizpeter, él fue removido. No pudimos hacer una interpelación que es el instrumento de fiscalización que tenemos inmediato y rápido. Tenemos muchos otros mecanismos con antecedentes que presentar para demostrar que aquí hay responsabilidades políticas”
La salida de Cacho Gálmez se suma a las del ex fiscal Alejandro Peña, Felipe Baeza, Carlos Álvarez y René Castellón.
