Los doce integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región de Atacama sesionaron acerca de la planta faenadora de cerdos que posee Agrosúper en la localidad de Freirina, que en mayo pasado fue cerrada por la autoridad sanitaria a través de un decreto supremo.

No obstante, en la actualidad la instalación continúa sus labores y mantiene cerca de 260 mil de los 480 mil cerdos en la industria, que permanecerán allí hasta febrero del 2013.

Así lo confirmó  el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, quien aclaró que “la resolución de la autoridad sanitaria de Atacama estableció que ante la imposibilidad de retirar el total de cerdos, se dio un plazo adicional para que pudieran retirarlos”.

De esta manera, las autoridades regionales establecieron por unanimidad una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que además de otorgar tres meses más de plazo para que la empresa regularice su situación, obliga a reducir a la mitad la cantidad de puercos, lo cual se superpone al cierre que desde hace meses viene exigiendo la comunidad.

Según la nueva resolución, “se autoriza inicialmente un número de 30.000 cerdos hembras, cantidad que podría aumentar a 80.000 como máximo autorizado, siempre que la empresa cumpla con la condición de no generación de olores molestos”, señaló el intendente Rafael Prohens.

“La comisión evaluadora actual redujo este proyecto a un 50 por ciento más o menos y de esa manera creemos asegurar que mientras no falle lo técnico y operacional, debiéramos estar ante una planta que funcione con todas sus características y no cree malestares a la población, como ha ocurrido en el pasado”, señaló.

Si bien Prohens agregó  que se crearán “pozos homogenizadores donde no los había” y un “plan de monitoreo y control que no estaba vigente en la autorización ambiental del año 2005”, los habitantes de Freirina y las demás comunas del Valle del Huasco señalaron que “es un error y una medida que no aceptarán”.

En ese sentido, Andrea Cisternas, dirigente del movimiento Freirina Consciente, aclaró que la RCA aprobada por el comité es inválida, no se ajusta a los compromisos suscritos por el Presidente Piñera y ha sido parte de una colusión entre el empresariado y el propio Ejecutivo: “La postura de la comunidad sigue siendo la misma: la salida de Agrosúper de nuestro territorio, porque este megaproyecto es inviable en este valle. El plan de cierre nunca nos llegó, la alerta sanitaria fue mero show, tal como la prohibición de funcionamiento, porque la empresa sigue funcionando. Ha tenido el descaro de sobrepasar a la primera autoridad que es el Presidente de la República, que entregó un decreto supremo firmado por él y el ministro. No nos vamos a meter en el tema de la RCA porque sabemos que el Gobierno está coludido y frente a eso es nuestra lucha. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante”, advirtió.

Asimismo, Ignacio Cerda, miembro del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, indicó que este conflicto no sólo atañe a la localidad de Freirina, sino que se ha expandido por todas las comunidades de la región, por cuanto la nueva RCA ha generado un rechazo mancomunado y transversal. “Teníamos un compromiso con la autoridad, que es el 25 de noviembre. Como no hemos tenido respuesta ni afirmación respecto de cuáles son los nuevos argumentos para cambiar esta fecha, la comunidad va a seguir con el25 como fecha. Las autoridades regionales tampoco son representativas, por lo tanto, vamos a tomar las medidas respectivas con lo que nosotros estamos evaluando. Aquí lo que no se quiere es arreglar los problemas. Agrosúper dice que no alcanza a sacar todos los chanchos, sin embargo, tuvieron 220 mil nuevas crianzas dentro de este proceso de cierre”, indicó.

Si bien el seremi de Medio Ambiente de Atacama, Mario Manríquez, insistió en que la revisión no implica que se levante la prohibición de funcionamiento que interpuso el ministerio de Salud sobre la planta, la autoridad aclaró que “el día que eventualmente se levante esa prohibición de funcionamiento, la planta tendrá nuevas exigencias que deberá cumplir para poder funcionar”.

No obstante, la comunidad entera, habitantes y dirigentes de todas las localidades afectadas por esta crisis sanitaria y ambiental, recalcaron que no harán eco de esta nueva reglamentación ni del nuevo plazo estimado para febrero de 2013 y exigirán que el 25 de noviembre se retire definitivamente la planta de la región de Atacama, como había sido acordado. De lo contrario, anunciaron movilizaciones más agresivas por parte de la ciudadanía.