Luego de dos días de audiencia de formalización, el juez del 11° Tribunal de Garantía, Leandro Varas, ordenó la prisión preventiva para las 16 personas acusadas de participar en una red de explotación sexual infantil.
El Magistrado indicó que los imputados constituyen un “peligro para la sociedad”, al haberse acreditado los delitos que presentó el Ministerio Público y que se habrían perpetrado entre 2009 y el 15 de noviembre de 2012.
La sentencia indica que en el caso de Julia López, Marisol Mejías, Ana Rosales y Sonia Vásquez existen datos fundados que comprobarían la “facilitación y promoción de la prostitución infantil”. Para Diego Méndez, Jaime Román, Giu Lin Tan, Gastón Ramírez, Jorge Chiong, Pablo Soto Landa, Jing Shaan Huan, Daniel Opazo Fernández, el Tribunal determinó su participación en obtención de servicios sexuales de menores en forma reiterada.
Por otro lado, la instancia judicial consideró que las tocaciones y otros actos sin penetración también corresponden a la obtención de servicios sexuales de menores, cargo que recayó en el creador de Barrabases, Guido Vallejos y del ex productor musical de TVN, Jaime Román.
Respecto de la tenencia ilegal de municiones que pesa sobre Julia López y Enrique Mazur, el juez Varas indicó que durante la sesión no se pudo comprobar que éstas pertenecieran a terceros, por lo que se mantiene la formalización por ese delito.
Finalmente, el tribunal señaló que también se pudo comprobar el almacenamiento y producción de pornografía infantil, en la que estaría involucrado Genaro Fernández.
Cabe destacar que durante esta jornada expuso la parte querellante representada en el Servicio Nacional de Menores (Sernam) y la Defensa. Uno de los principales argumentos de esta última fue que los inculpados no conocían la edad exacta de las víctimas y que pensaron que se trataba de mayores de edad. Sin embargo, Varas descartó esta teoría indicando en el fallo que las “reiteradas” visitas invalidarían esta postura.
Más temprano, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió al caso y manifestó que el Ejecutivo condena enérgicamente estos delitos. En relación a la posible participación de un asesor del Presidente Sebastián Piñera en estos hechos – que salió a la luz en uno de los testimonios presentados el lunes – la portavoz de La Moneda aseguró que no se tienen antecedentes y que no comenzaría una “caza de brujas” frente a una acusación tan vaga. De todas formas, afirmó que están dispuestos a colaborar con todo lo que el Ministerio Público requiera.
Si bien, la Fiscalía solicitó un plazo de un año para la investigación, el Tribunal decretó solo 90 días.
Además se determinó que la medida cautelar se cumpla en los penales Santiago Uno y en el Centro Penitenciario Familiar, sin perjuicio de la disposición que haga Gendarmería para ubicar a los imputados en lugares de mayor seguridad. Una petición que ya habría materializado la defensa de Guido Vallejos y de Jaime Román.
Luego de dos días de audiencia de formalización, el juez del 11° Tribunal de Garantía, Leandro Varas, ordenó la prisión preventiva para las 16 personas acusadas de participar en una red de explotación sexual infantil.
El Magistrado indicó que los imputados constituyen un “peligro para la sociedad”, al haberse acreditado los delitos que presentó el Ministerio Público y que se habrían perpetrado entre 2009 y el 15 de noviembre de 2012.
La sentencia indica que en el caso de Julia López, Marisol Mejías, Ana Rosales y Sonia Vásquez existen datos fundados que comprobarían la “facilitación y promoción de la prostitución infantil”. Para Diego Méndez, Jaime Román, Giu Lin Tan, Gastón Ramírez, Jorge Chiong, Pablo Soto Landa, Jing Shaan Huan, Daniel Opazo Fernández, el Tribunal determinó su participación en obtención de servicios sexuales de menores en forma reiterada.
Por otro lado, la instancia judicial consideró que las tocaciones y otros actos sin penetración también corresponden a la obtención de servicios sexuales de menores, cargo que recayó en el creador de Barrabases, Guido Vallejos y del ex productor musical de TVN, Jaime Román.
Respecto de la tenencia ilegal de municiones que pesa sobre Julia López y Enrique Mazur, el juez Varas indicó que durante la sesión no se pudo comprobar que éstas pertenecieran a terceros, por lo que se mantiene la formalización por ese delito.
Finalmente, el tribunal señaló que también se pudo comprobar el almacenamiento y producción de pornografía infantil, en la que estaría involucrado Genaro Fernández.
Cabe destacar que durante esta jornada expuso la parte querellante representada en el Servicio Nacional de Menores (Sernam) y la Defensa. Uno de los principales argumentos de esta última fue que los inculpados no conocían la edad exacta de las víctimas y que pensaron que se trataba de mayores de edad. Sin embargo, Varas descartó esta teoría indicando en el fallo que las “reiteradas” visitas invalidarían esta postura.
Más temprano, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió al caso y manifestó que el Ejecutivo condena enérgicamente estos delitos. En relación a la posible participación de un asesor del Presidente Sebastián Piñera en estos hechos – que salió a la luz en uno de los testimonios presentados el lunes – la portavoz de La Moneda aseguró que no se tienen antecedentes y que no comenzaría una “caza de brujas” frente a una acusación tan vaga. De todas formas, afirmó que están dispuestos a colaborar con todo lo que el Ministerio Público requiera.
Si bien, la Fiscalía solicitó un plazo de un año para la investigación, el Tribunal decretó solo 90 días.
Además se determinó que la medida cautelar se cumpla en los penales Santiago Uno y en el Centro Penitenciario Familiar, sin perjuicio de la disposición que haga Gendarmería para ubicar a los imputados en lugares de mayor seguridad. Una petición que ya habría materializado la defensa de Guido Vallejos y de Jaime Román.
Luego de dos días de audiencia de formalización, el juez del 11° Tribunal de Garantía, Leandro Varas, ordenó la prisión preventiva para las 16 personas acusadas de participar en una red de explotación sexual infantil.
El Magistrado indicó que los imputados constituyen un “peligro para la sociedad”, al haberse acreditado los delitos que presentó el Ministerio Público y que se habrían perpetrado entre 2009 y el 15 de noviembre de 2012.
La sentencia indica que en el caso de Julia López, Marisol Mejías, Ana Rosales y Sonia Vásquez existen datos fundados que comprobarían la “facilitación y promoción de la prostitución infantil”. Para Diego Méndez, Jaime Román, Giu Lin Tan, Gastón Ramírez, Jorge Chiong, Pablo Soto Landa, Jing Shaan Huan, Daniel Opazo Fernández, el Tribunal determinó su participación en obtención de servicios sexuales de menores en forma reiterada.
Por otro lado, la instancia judicial consideró que las tocaciones y otros actos sin penetración también corresponden a la obtención de servicios sexuales de menores, cargo que recayó en el creador de Barrabases, Guido Vallejos y del ex productor musical de TVN, Jaime Román.
Respecto de la tenencia ilegal de municiones que pesa sobre Julia López y Enrique Mazur, el juez Varas indicó que durante la sesión no se pudo comprobar que éstas pertenecieran a terceros, por lo que se mantiene la formalización por ese delito.
Finalmente, el tribunal señaló que también se pudo comprobar el almacenamiento y producción de pornografía infantil, en la que estaría involucrado Genaro Fernández.
Cabe destacar que durante esta jornada expuso la parte querellante representada en el Servicio Nacional de Menores (Sernam) y la Defensa. Uno de los principales argumentos de esta última fue que los inculpados no conocían la edad exacta de las víctimas y que pensaron que se trataba de mayores de edad. Sin embargo, Varas descartó esta teoría indicando en el fallo que las “reiteradas” visitas invalidarían esta postura.
Más temprano, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió al caso y manifestó que el Ejecutivo condena enérgicamente estos delitos. En relación a la posible participación de un asesor del Presidente Sebastián Piñera en estos hechos – que salió a la luz en uno de los testimonios presentados el lunes – la portavoz de La Moneda aseguró que no se tienen antecedentes y que no comenzaría una “caza de brujas” frente a una acusación tan vaga. De todas formas, afirmó que están dispuestos a colaborar con todo lo que el Ministerio Público requiera.
Si bien, la Fiscalía solicitó un plazo de un año para la investigación, el Tribunal decretó solo 90 días.
Además se determinó que la medida cautelar se cumpla en los penales Santiago Uno y en el Centro Penitenciario Familiar, sin perjuicio de la disposición que haga Gendarmería para ubicar a los imputados en lugares de mayor seguridad. Una petición que ya habría materializado la defensa de Guido Vallejos y de Jaime Román.
