Un grupo de 33 diputados de la Concertación y el PC presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca impugnar el proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Se trata de una iniciativa ingresada por el Gobierno a fines de noviembre de 2010, aprobada en mayo por el Senado y que ahora se encuentra en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Es una de varias medidas que forman parte de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC) impulsada por la administración de Sebastián Piñera.
De acuerdo a los parlamentarios, el proyecto contiene vicios que vulneran la Constitución. En primer lugar, de “extralimitación de funciones”, al traspasar labores registrales y notariales desde el Poder Judicial al ministerio de Economía.
En segundo lugar, establece una “desigualdad de trato” entre la constitución de sociedades a través del sistema de notarías y conservadores, que se mantendría para las antiguas sociedades, y el nuevo mecanismo electrónico que sería gratuito.
Asimismo, según los diputados, el proyecto beneficiaría indirectamente a grandes empresas, ya que “empresas que tienen dinero para pagar” accederían a un servicio gratuito “sin justificar el proyecto el por qué de la medida igualatoria”.
Para los congresistas, deberían “ser tratadas de manera diferenciada las sociedades según sus montos de constitución”, estableciendo un tamaño límite para las firmas que puedan ser beneficiadas.
E l investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, William García, explicó que “en el planteamiento de los parlamentarios está, sobre todo, un desacuerdo acerca de los efectos económicos que puede generar este proyecto. Parece preocuparles que el proyecto sea demasiado favorable para las empresas de mayor tamaño, que recibiendo una prestación de parte del Estado como es poner todo un sistema expedito, útil y favorable a disposición, estarían eximiéndose de pagar porque el servicio se prestaría de manera gratuita”.
El requerimiento ahora debe ser visto en un primer trámite por la sala del Tribunal Constitucional para examinar su admisibilidad. Si supera este paso, el pleno del organismo deberá analizar el fondo de la controversia.
De acuerdo a William García, “con la jurisprudencia del TC, a mi juicio, existen antecedentes para que se acoja la posición del Ejecutivo. Sin embargo, la manera en que está planteado el requerimiento me parece suficientemente novedosa como para que puedan encontrarse nuevos argumentos y que la discusión pueda, tal vez, significar un cambio de jurisprudencia”.
Desde el ministerio de Economía declinaron referirse a la presentación señalando que el subsecretario Tomás Flores, vocero para el tema, se encontraba concentrado en la tramitación de la ley de Presupuesto 2013.
Un grupo de 33 diputados de la Concertación y el PC presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca impugnar el proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Se trata de una iniciativa ingresada por el Gobierno a fines de noviembre de 2010, aprobada en mayo por el Senado y que ahora se encuentra en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Es una de varias medidas que forman parte de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC) impulsada por la administración de Sebastián Piñera.
De acuerdo a los parlamentarios, el proyecto contiene vicios que vulneran la Constitución. En primer lugar, de “extralimitación de funciones”, al traspasar labores registrales y notariales desde el Poder Judicial al ministerio de Economía.
En segundo lugar, establece una “desigualdad de trato” entre la constitución de sociedades a través del sistema de notarías y conservadores, que se mantendría para las antiguas sociedades, y el nuevo mecanismo electrónico que sería gratuito.
Asimismo, según los diputados, el proyecto beneficiaría indirectamente a grandes empresas, ya que “empresas que tienen dinero para pagar” accederían a un servicio gratuito “sin justificar el proyecto el por qué de la medida igualatoria”.
Para los congresistas, deberían “ser tratadas de manera diferenciada las sociedades según sus montos de constitución”, estableciendo un tamaño límite para las firmas que puedan ser beneficiadas.
E l investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, William García, explicó que “en el planteamiento de los parlamentarios está, sobre todo, un desacuerdo acerca de los efectos económicos que puede generar este proyecto. Parece preocuparles que el proyecto sea demasiado favorable para las empresas de mayor tamaño, que recibiendo una prestación de parte del Estado como es poner todo un sistema expedito, útil y favorable a disposición, estarían eximiéndose de pagar porque el servicio se prestaría de manera gratuita”.
El requerimiento ahora debe ser visto en un primer trámite por la sala del Tribunal Constitucional para examinar su admisibilidad. Si supera este paso, el pleno del organismo deberá analizar el fondo de la controversia.
De acuerdo a William García, “con la jurisprudencia del TC, a mi juicio, existen antecedentes para que se acoja la posición del Ejecutivo. Sin embargo, la manera en que está planteado el requerimiento me parece suficientemente novedosa como para que puedan encontrarse nuevos argumentos y que la discusión pueda, tal vez, significar un cambio de jurisprudencia”.
Desde el ministerio de Economía declinaron referirse a la presentación señalando que el subsecretario Tomás Flores, vocero para el tema, se encontraba concentrado en la tramitación de la ley de Presupuesto 2013.
Un grupo de 33 diputados de la Concertación y el PC presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca impugnar el proyecto de ley que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Se trata de una iniciativa ingresada por el Gobierno a fines de noviembre de 2010, aprobada en mayo por el Senado y que ahora se encuentra en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Es una de varias medidas que forman parte de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC) impulsada por la administración de Sebastián Piñera.
De acuerdo a los parlamentarios, el proyecto contiene vicios que vulneran la Constitución. En primer lugar, de “extralimitación de funciones”, al traspasar labores registrales y notariales desde el Poder Judicial al ministerio de Economía.
En segundo lugar, establece una “desigualdad de trato” entre la constitución de sociedades a través del sistema de notarías y conservadores, que se mantendría para las antiguas sociedades, y el nuevo mecanismo electrónico que sería gratuito.
Asimismo, según los diputados, el proyecto beneficiaría indirectamente a grandes empresas, ya que “empresas que tienen dinero para pagar” accederían a un servicio gratuito “sin justificar el proyecto el por qué de la medida igualatoria”.
Para los congresistas, deberían “ser tratadas de manera diferenciada las sociedades según sus montos de constitución”, estableciendo un tamaño límite para las firmas que puedan ser beneficiadas.
E l investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, William García, explicó que “en el planteamiento de los parlamentarios está, sobre todo, un desacuerdo acerca de los efectos económicos que puede generar este proyecto. Parece preocuparles que el proyecto sea demasiado favorable para las empresas de mayor tamaño, que recibiendo una prestación de parte del Estado como es poner todo un sistema expedito, útil y favorable a disposición, estarían eximiéndose de pagar porque el servicio se prestaría de manera gratuita”.
El requerimiento ahora debe ser visto en un primer trámite por la sala del Tribunal Constitucional para examinar su admisibilidad. Si supera este paso, el pleno del organismo deberá analizar el fondo de la controversia.
De acuerdo a William García, “con la jurisprudencia del TC, a mi juicio, existen antecedentes para que se acoja la posición del Ejecutivo. Sin embargo, la manera en que está planteado el requerimiento me parece suficientemente novedosa como para que puedan encontrarse nuevos argumentos y que la discusión pueda, tal vez, significar un cambio de jurisprudencia”.
Desde el ministerio de Economía declinaron referirse a la presentación señalando que el subsecretario Tomás Flores, vocero para el tema, se encontraba concentrado en la tramitación de la ley de Presupuesto 2013.
