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Preocupación genera entrada de central Campiche a sistema de transmisión energética en zona saturada

A fines de este mes la Central Termoeléctrica Ventanas IV, de la empresa AES Gener, más conocida como “Campiche”, se sincronizará con el Sistema Interconectado Central (SIC) y en marzo del 2013 iniciará su operación comercial. Sin embargo, la empresa ha sido sumamente criticada por ambientalistas y organizaciones ciudadanas, tanto por su proceso de aprobación como por la contaminación que producirá en una zona altamente saturada de contaminación.

Paula Correa

  Miércoles 21 de noviembre 2012 20:15 hrs. 
campiche


En medio del debate por la conformación de la matriz energética nacional, en pocos días más la termoeléctrica Campiche comenzará a entregar 270 megawatts en el Sistema Interconectado Central (SIC) y, se unirá a las centrales de generación este año, que aportarán casi mil megawatts a la capacidad instalada, principalmente a carbón.

Esto ha encendido la alerta de los ambientalistas, para quienes la aprobación de este proyecto está sujeta a una oscura trayectoria de irregularidades.

La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, señaló que “una de las cosas nefastas que puede ocurrir es que esta central comience sus operaciones. Campiche fue aprobado ambientalmente con un proceso súper irregular. Hay que recordar que para poder emplazar esta termoeléctrica a fines del gobierno de Bachelet hubo una orden desde el ministro del Interior, Edmundo Pérez-Yoma, a la ministra de Vivienda para que cambiara los planos reguladores de la zona y así poder permitir la construcción de esta central”.

La ambientalista afirmó que esta modificación se realizó “entre gallos y medianoche”, el mismo 31 de diciembre del 2009. Y, más allá de este episodio, expresó su preocupación por la zona en la que se emplaza, ya que Puchuncaví, Quinteros, Ventana y La Greda hoy son sinónimo de focos de contaminación recurrente.

Otro de los temas relevantes en la discusión sobre el desarrollo de esta zona es la falta de empleo. El concejal UDI, Ramón Barría, quien ha estado presente hace años en el municipio de Puchuncaví, indicó que la prioridad de los ciudadanos es el trabajo y afirmó que, si bien no quieren proyectos contaminantes en la comuna, hoy está mucho menos contaminado que en los años 90.

“Es muy fácil decir ahora que hay contaminación en circunstancias que antiguamente en el sector aledaño a las plantas, los cercos de púas que separaban a los animales se hacían pedazos solos por el ácido que había. Ahora eso no existe. Si antes había un 100 por ciento de contaminación todavía se mantiene, pero a un 40 por ciento. Aquí hay que tomar la historia completa”, dijo el parlamentario.

Toralmente en desacuerdo se mostró Carolina Herrera, presidenta del Centro de Padres de la escuela de La Greda, establecimiento que tuvo que ser trasladado frente a la presencia de metales pesados.

La dirigenta indicó que aún se registran nubes tóxicas de origen desconocido en la zona y que se mantiene la preocupación por la salud de los niños.

Por su parte, Miguel Insunza del Consejo Ecológico Puchuncaví- Quintero, manifestó su inquietud sobre el futuro de estas localidades.

“Los suelos están contaminados y aún pretenden modificar el plano regulador intercomunal para instalar más empresas en el sector, estando ya saturadas desde el ´92 sujeto a estudios de descontaminación los cuales no se han cumplido. Por lo tanto, la carga del territorio es brutal y eso se refleja en los propios estudios que el gobierno hizo el año pasado. Esta administración no actúa en forma seria”, sentenció Insunza.

En la zona el llamado de los ciudadanos a las autoridades es a tomar medidas concretas para proteger su salud. Mientras, los ambientalistas y otras organizaciones de la sociedad civil sugieren repensar la actual estrategia de desarrollo y si realmente es posible que las poblaciones cohabiten con este polo de empresas de extracción.

Una historia de irregularidades

Tal como recordaba Flavia Liberona, los ministros del gobierno de Bachelet cambiaron las normativas fijadas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y, con ello, vulneraron un dictamen de la Contraloría General de la República y una sentencia de la Corte Suprema, las que finalmente se dejaron sin efecto cuando la Corema de Valparaíso otorgó los permisos ambientales.

En este contexto, es necesario recordar que el 2011 se conoció un cable de WikiLeaks directamente relacionado con este caso. El Centro de Investigación Periodística (CIPER), publicó los documentos que revelaban las exigencias del gobierno norteamericano para que el gobierno de la ex – presidenta cambiara las reglas del juego para que este proyecto pudiera ser viable.

A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno chileno. La misiva fue escrita por Gary Locke, secretario de Comercio de su país. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”.

Luego, la carta llegó hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía. Inmediatamente después del fallo de la Corte Suprema, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, señalaba a la prensa que confiaba “en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.

Posteriormente comenzaron las reuniones entre actores de la embajada de los Estados Unidos y el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien habría señalado que “entendía la gravedad del problema”. Luego el embajador recurrió al titular de Energía, Marcelo Tokman, quien le “prometió todo su apoyo”. Todas estas gestiones apuntaban a convertir el problema de una empresa privada en un asunto diplomático.

La siguiente reunión fue con Álvaro Sapag, quien dirigía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), y luego con la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, como la responsable de las directrices generales de zonificación, a quien Simons le solicitó que desarrollara nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema. Según la empresa, Poblete estaba dispuesta a solucionar el problema.

Según indica Ciper, la Ministra de Vivienda se reunió con Pérez Yoma, Tokman y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro,  además de Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente, para idear una estrategia que resolviera el tema.  Así, el 31 de diciembre del 2009, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº 68, que modificó el uso de suelo en beneficio a Campiche. Según AES Gener el decreto permitía superar las razones por las que la Suprema detuvo el proyecto.

Pero el 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del Minvu. Aunque, en menos de una semana, la Corema de Valparaíso aprobó la calificación ambiental de Campiche. El municipio anunció que iría a la justicia, pero luego desistió de cualquier acción que complicara  la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir unos 4 millones dólares en aportes sociales a la comunidad, otros 80 millones en mejoras tecnológicas a las 4 plantas termoeléctricas de la zona y a no construir ninguna otra central eléctrica en el sector.

Finalmente, el 10 de agosto del 2010, la dirección de obras de Puchuncaví le otorgó a AES Gener los permisos de construcción que hacían falta y con esto el camino quedó totalmente libre.