Ambientalistas plantean dudas ante eventual ley de Responsabilidad Extendida del Productor
El Comité Pro Reciclaje del Empresariado propuso a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, una serie de iniciativas para que sean parte del nuevo proyecto de ley que pretende establecer en Chile, la Responsabilidad Extendida del Productor. Sin embargo, pese al avance de implementar este modelo de gestión de residuos en nuestro país, persisten las dudas y cuestionamientos por sus alcances y plazos.
Jueves 22 de noviembre 2012 10:30 hrs.
Son cuatro los principales planteamientos que presentó el Comité Pro Reciclaje del Empresariado a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Uno de ellos es que sea un modelo abierto a cualquier privado que quiera participar y que su implementación sea gradual, además de que, cada cierto tiempo, se revise y actualice su reglamento.
También se planteó que exista una fiscalización, certificación y sanción a las empresas que no cumplan con sus cuotas de reciclaje y, finalmente, que se aplique a todas las compañías que operan en el país.
De concretarse la elaboración de este proyecto, podría comenzar a regir en nuestro país la Responsabilidad Extendida del Productor, un sistema donde las compañías, fabricantes o exportadoras, se deben hacer cargo de sus productos, una vez terminada su vida útil.
Un modelo que, “de acuerdo a la experiencia internacional, es una buena oportunidad”, según señaló el diputado DC y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Patricio Vallespín, aunque su impacto “dependerá de cómo lo ejecute el Gobierno”, precisó el parlamentario.
En ese aspecto, el diputado integrante de la comisión de Medio Ambiente señaló que “transferir todo lo que significa la responsabilidad a toda la cadena productiva es parte fundamental de esto, donde también tienen que existir incentivos para que la gente se motive, tanto el sector industrial, municipal, los ciudadanos mismos a participar y que no tomen malas decisiones, como habían tomado inicialmente en este tema de los impuestos verdes, era una mala forma porque se iba a transferir todo el costo al consumidor final y eso no era una buena señal y el reciclaje hoy también es un buen negocio, si es que se hacen las cosas bien”.
Sin embargo, Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, enfatizó que, bajo el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor, también será el usuario el que absorba los costos del reciclaje.
En esa línea, la experta en temas medio ambientales explicó que “la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor implica que el productor tiene que internalizar el costo del residuo del material que el fabrica y que está vendiendo, eso obviamente en todas las empresas lo traspasan al consumidor, por lo tanto, los consumidores son realmente los que van a pagar esta certeza del reciclaje del producto. lo importante es que al menos va a ser una obligación universal, es decir, para todo tipo de empresas y no sólo para algunos o compromisos voluntarios como era en el pasado”.
La ambientalista enfatizó en que el debate relativo a esta política ambiental, es sólo una fracción de una propuesta de ley de gestión integral de residuos, que se viene desarrollando desde el Gobierno pasado.
Sara Larraín remarcó que la actual administración retomó esta iniciativa sólo desde un punto de vista impositivo, en referencia al fallido proyecto de ley de impuestos verdes, que fue sustituido por este procedimiento.
En ese sentido, la líder del Chile Sustentable afirmó que “una política de residuos y una gestión integral de residuos es una tremenda deuda, Chile está atrasado, lo que nosotros tenemos es una política de disposición final de residuos en el cual se recolecta a través de los municipios y se van a dejar al relleno sanitario, pero eso no es una política de gestión integral. No es conveniente que sólo se legisle sobre el tema de la responsabilidad extendida del productor, sino que debe ser una ley general. No obstante entendemos que este Gobierno se está acabando y es mejor que saque algo a que no saque nada”.
Si bien no se ha confirmado desde la cartera de Medio Ambiente, se espera que la propuesta de ley esté redactada en marzo del próximo año, pese a que estaba pensada para antes de diciembre.
Cabe señalar que este modelo de reciclaje sustituyó el proyecto de impuestos verdes, que, a su vez, fue excluido del proyecto de ajuste tributario que impulsó el Gobierno, debido a la molestia del sector privado.
Son cuatro los principales planteamientos que presentó el Comité Pro Reciclaje del Empresariado a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Uno de ellos es que sea un modelo abierto a cualquier privado que quiera participar y que su implementación sea gradual, además de que, cada cierto tiempo, se revise y actualice su reglamento.
También se planteó que exista una fiscalización, certificación y sanción a las empresas que no cumplan con sus cuotas de reciclaje y, finalmente, que se aplique a todas las compañías que operan en el país.
De concretarse la elaboración de este proyecto, podría comenzar a regir en nuestro país la Responsabilidad Extendida del Productor, un sistema donde las compañías, fabricantes o exportadoras, se deben hacer cargo de sus productos, una vez terminada su vida útil.
Un modelo que, “de acuerdo a la experiencia internacional, es una buena oportunidad”, según señaló el diputado DC y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Patricio Vallespín, aunque su impacto “dependerá de cómo lo ejecute el Gobierno”, precisó el parlamentario.
En ese aspecto, el diputado integrante de la comisión de Medio Ambiente señaló que “transferir todo lo que significa la responsabilidad a toda la cadena productiva es parte fundamental de esto, donde también tienen que existir incentivos para que la gente se motive, tanto el sector industrial, municipal, los ciudadanos mismos a participar y que no tomen malas decisiones, como habían tomado inicialmente en este tema de los impuestos verdes, era una mala forma porque se iba a transferir todo el costo al consumidor final y eso no era una buena señal y el reciclaje hoy también es un buen negocio, si es que se hacen las cosas bien”.
Sin embargo, Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, enfatizó que, bajo el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor, también será el usuario el que absorba los costos del reciclaje.
En esa línea, la experta en temas medio ambientales explicó que “la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor implica que el productor tiene que internalizar el costo del residuo del material que el fabrica y que está vendiendo, eso obviamente en todas las empresas lo traspasan al consumidor, por lo tanto, los consumidores son realmente los que van a pagar esta certeza del reciclaje del producto. lo importante es que al menos va a ser una obligación universal, es decir, para todo tipo de empresas y no sólo para algunos o compromisos voluntarios como era en el pasado”.
La ambientalista enfatizó en que el debate relativo a esta política ambiental, es sólo una fracción de una propuesta de ley de gestión integral de residuos, que se viene desarrollando desde el Gobierno pasado.
Sara Larraín remarcó que la actual administración retomó esta iniciativa sólo desde un punto de vista impositivo, en referencia al fallido proyecto de ley de impuestos verdes, que fue sustituido por este procedimiento.
En ese sentido, la líder del Chile Sustentable afirmó que “una política de residuos y una gestión integral de residuos es una tremenda deuda, Chile está atrasado, lo que nosotros tenemos es una política de disposición final de residuos en el cual se recolecta a través de los municipios y se van a dejar al relleno sanitario, pero eso no es una política de gestión integral. No es conveniente que sólo se legisle sobre el tema de la responsabilidad extendida del productor, sino que debe ser una ley general. No obstante entendemos que este Gobierno se está acabando y es mejor que saque algo a que no saque nada”.
Si bien no se ha confirmado desde la cartera de Medio Ambiente, se espera que la propuesta de ley esté redactada en marzo del próximo año, pese a que estaba pensada para antes de diciembre.
Cabe señalar que este modelo de reciclaje sustituyó el proyecto de impuestos verdes, que, a su vez, fue excluido del proyecto de ajuste tributario que impulsó el Gobierno, debido a la molestia del sector privado.
Son cuatro los principales planteamientos que presentó el Comité Pro Reciclaje del Empresariado a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
Uno de ellos es que sea un modelo abierto a cualquier privado que quiera participar y que su implementación sea gradual, además de que, cada cierto tiempo, se revise y actualice su reglamento.
También se planteó que exista una fiscalización, certificación y sanción a las empresas que no cumplan con sus cuotas de reciclaje y, finalmente, que se aplique a todas las compañías que operan en el país.
De concretarse la elaboración de este proyecto, podría comenzar a regir en nuestro país la Responsabilidad Extendida del Productor, un sistema donde las compañías, fabricantes o exportadoras, se deben hacer cargo de sus productos, una vez terminada su vida útil.
Un modelo que, “de acuerdo a la experiencia internacional, es una buena oportunidad”, según señaló el diputado DC y miembro de la comisión de Medio Ambiente, Patricio Vallespín, aunque su impacto “dependerá de cómo lo ejecute el Gobierno”, precisó el parlamentario.
En ese aspecto, el diputado integrante de la comisión de Medio Ambiente señaló que “transferir todo lo que significa la responsabilidad a toda la cadena productiva es parte fundamental de esto, donde también tienen que existir incentivos para que la gente se motive, tanto el sector industrial, municipal, los ciudadanos mismos a participar y que no tomen malas decisiones, como habían tomado inicialmente en este tema de los impuestos verdes, era una mala forma porque se iba a transferir todo el costo al consumidor final y eso no era una buena señal y el reciclaje hoy también es un buen negocio, si es que se hacen las cosas bien”.
Sin embargo, Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, enfatizó que, bajo el modelo de Responsabilidad Extendida del Productor, también será el usuario el que absorba los costos del reciclaje.
En esa línea, la experta en temas medio ambientales explicó que “la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor implica que el productor tiene que internalizar el costo del residuo del material que el fabrica y que está vendiendo, eso obviamente en todas las empresas lo traspasan al consumidor, por lo tanto, los consumidores son realmente los que van a pagar esta certeza del reciclaje del producto. lo importante es que al menos va a ser una obligación universal, es decir, para todo tipo de empresas y no sólo para algunos o compromisos voluntarios como era en el pasado”.
La ambientalista enfatizó en que el debate relativo a esta política ambiental, es sólo una fracción de una propuesta de ley de gestión integral de residuos, que se viene desarrollando desde el Gobierno pasado.
Sara Larraín remarcó que la actual administración retomó esta iniciativa sólo desde un punto de vista impositivo, en referencia al fallido proyecto de ley de impuestos verdes, que fue sustituido por este procedimiento.
En ese sentido, la líder del Chile Sustentable afirmó que “una política de residuos y una gestión integral de residuos es una tremenda deuda, Chile está atrasado, lo que nosotros tenemos es una política de disposición final de residuos en el cual se recolecta a través de los municipios y se van a dejar al relleno sanitario, pero eso no es una política de gestión integral. No es conveniente que sólo se legisle sobre el tema de la responsabilidad extendida del productor, sino que debe ser una ley general. No obstante entendemos que este Gobierno se está acabando y es mejor que saque algo a que no saque nada”.
Si bien no se ha confirmado desde la cartera de Medio Ambiente, se espera que la propuesta de ley esté redactada en marzo del próximo año, pese a que estaba pensada para antes de diciembre.
Cabe señalar que este modelo de reciclaje sustituyó el proyecto de impuestos verdes, que, a su vez, fue excluido del proyecto de ajuste tributario que impulsó el Gobierno, debido a la molestia del sector privado.
Síguenos en 
