La comisión de Constitución, Legislación y Justicia debatirá sobre un proyecto de ley enviado por el Gobierno en el marco del descubrimiento de una red de explotación sexual en la Región Metropolitana.
La iniciativa busca endurecer las penas a quienes cometen delitos sexuales contra adolescentes y niños y establece agravantes cuando se trate de adultos relacionados a los menores.
Además aumenta los plazos para que quienes cometieron estos delitos salgan del registro nacional que se estableció y establece mayores requisitos para que reciban beneficios intra-penitenciarios y la libertad condicional.
Ante esto la abogada Joanna Heskia, que colabora en diversas organizaciones relacionadas a la materia, señaló que le parece incorrecto que no se avance con una gran reforma sistémica.
En este sentido, la abogada señaló que “debiera hacerse una reforma íntegra a todo el sistema de los delitos sexuales, tanto contra los adultos, pero en particular el sistema integral de los delitos sexuales contra los menores. Hemos visto una serie de pequeñas reformas o grandes reformas que han ido agregando tipos y conductas, pero no tenemos una cosa sistemática y van quedando ciertas conductas fuera, ponemos énfasis en otras, siento que hay que tomarlo como un todo”.
Según la especialista, la línea de acción a seguir en el ramo es la prevención, y el fortalecimiento de las instituciones de acogida de víctimas en situación de vulnerabilidad y como así también de mecanismos como pericias de credibilidad y reparación para niños afectados.
Por otra parte, el presidente de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, coincidió en que el aspecto punitivo no es necesariamente el aspecto más urgente para avanzar en la materia.
En esa línea, José Andrés Murillo indicó que “no hay que perder el foco que lo importante es proteger a los niños y no sólo quedarse en castigar a los abusadores, porque el castigo y el aumento de las penas a los agresores es una manera de protegerlos a largo plazo, pero lo importante es cambiar la cultura del país respecto de la infancia. No hay que olvidarse que Chile es uno de los pocos países del mundo que ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de la infancia y aún no tenemos una ley que integre todos los servicios”.
Murillo aseguró que las políticas punitivas son importantes, pero no sobre la confianza y la prevención, por lo que reiteró la idea de una reforma que incluya a todos los sectores del Estado, junto con proponer la idea de un Defensor de la Infancia.
Además, el dirigente de la organización civil aseguró que “en Chile no existe un defensor del niño y del adolescente. Si tenemos un problema con el consumo vamos al Sernac, está la Ley de Isapres, la superintendencia, pero no tenemos una instancia que pueda defender de manera integral los derechos de los niños. Creo que está bien que se piense en la gravedad de los delitos cometidos a los niños y que se puedan aumentar las penas, pero lo importante es cambiar la cultura, la que se manifiesta en leyes de protección, servicios integrados y otros”.
A esto se suman los emplazamientos realizados por el senador DC Patricio Walker, que llamó al Gobierno a otorgar más recursos al Sename, institución que reconoce que hay más de 3 mil 700 niños explotados al año en Chile, pero que sólo atiende a mil 300.
La comisión de Constitución, Legislación y Justicia debatirá sobre un proyecto de ley enviado por el Gobierno en el marco del descubrimiento de una red de explotación sexual en la Región Metropolitana.
La iniciativa busca endurecer las penas a quienes cometen delitos sexuales contra adolescentes y niños y establece agravantes cuando se trate de adultos relacionados a los menores.
Además aumenta los plazos para que quienes cometieron estos delitos salgan del registro nacional que se estableció y establece mayores requisitos para que reciban beneficios intra-penitenciarios y la libertad condicional.
Ante esto la abogada Joanna Heskia, que colabora en diversas organizaciones relacionadas a la materia, señaló que le parece incorrecto que no se avance con una gran reforma sistémica.
En este sentido, la abogada señaló que “debiera hacerse una reforma íntegra a todo el sistema de los delitos sexuales, tanto contra los adultos, pero en particular el sistema integral de los delitos sexuales contra los menores. Hemos visto una serie de pequeñas reformas o grandes reformas que han ido agregando tipos y conductas, pero no tenemos una cosa sistemática y van quedando ciertas conductas fuera, ponemos énfasis en otras, siento que hay que tomarlo como un todo”.
Según la especialista, la línea de acción a seguir en el ramo es la prevención, y el fortalecimiento de las instituciones de acogida de víctimas en situación de vulnerabilidad y como así también de mecanismos como pericias de credibilidad y reparación para niños afectados.
Por otra parte, el presidente de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, coincidió en que el aspecto punitivo no es necesariamente el aspecto más urgente para avanzar en la materia.
En esa línea, José Andrés Murillo indicó que “no hay que perder el foco que lo importante es proteger a los niños y no sólo quedarse en castigar a los abusadores, porque el castigo y el aumento de las penas a los agresores es una manera de protegerlos a largo plazo, pero lo importante es cambiar la cultura del país respecto de la infancia. No hay que olvidarse que Chile es uno de los pocos países del mundo que ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de la infancia y aún no tenemos una ley que integre todos los servicios”.
Murillo aseguró que las políticas punitivas son importantes, pero no sobre la confianza y la prevención, por lo que reiteró la idea de una reforma que incluya a todos los sectores del Estado, junto con proponer la idea de un Defensor de la Infancia.
Además, el dirigente de la organización civil aseguró que “en Chile no existe un defensor del niño y del adolescente. Si tenemos un problema con el consumo vamos al Sernac, está la Ley de Isapres, la superintendencia, pero no tenemos una instancia que pueda defender de manera integral los derechos de los niños. Creo que está bien que se piense en la gravedad de los delitos cometidos a los niños y que se puedan aumentar las penas, pero lo importante es cambiar la cultura, la que se manifiesta en leyes de protección, servicios integrados y otros”.
A esto se suman los emplazamientos realizados por el senador DC Patricio Walker, que llamó al Gobierno a otorgar más recursos al Sename, institución que reconoce que hay más de 3 mil 700 niños explotados al año en Chile, pero que sólo atiende a mil 300.
La comisión de Constitución, Legislación y Justicia debatirá sobre un proyecto de ley enviado por el Gobierno en el marco del descubrimiento de una red de explotación sexual en la Región Metropolitana.
La iniciativa busca endurecer las penas a quienes cometen delitos sexuales contra adolescentes y niños y establece agravantes cuando se trate de adultos relacionados a los menores.
Además aumenta los plazos para que quienes cometieron estos delitos salgan del registro nacional que se estableció y establece mayores requisitos para que reciban beneficios intra-penitenciarios y la libertad condicional.
Ante esto la abogada Joanna Heskia, que colabora en diversas organizaciones relacionadas a la materia, señaló que le parece incorrecto que no se avance con una gran reforma sistémica.
En este sentido, la abogada señaló que “debiera hacerse una reforma íntegra a todo el sistema de los delitos sexuales, tanto contra los adultos, pero en particular el sistema integral de los delitos sexuales contra los menores. Hemos visto una serie de pequeñas reformas o grandes reformas que han ido agregando tipos y conductas, pero no tenemos una cosa sistemática y van quedando ciertas conductas fuera, ponemos énfasis en otras, siento que hay que tomarlo como un todo”.
Según la especialista, la línea de acción a seguir en el ramo es la prevención, y el fortalecimiento de las instituciones de acogida de víctimas en situación de vulnerabilidad y como así también de mecanismos como pericias de credibilidad y reparación para niños afectados.
Por otra parte, el presidente de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, coincidió en que el aspecto punitivo no es necesariamente el aspecto más urgente para avanzar en la materia.
En esa línea, José Andrés Murillo indicó que “no hay que perder el foco que lo importante es proteger a los niños y no sólo quedarse en castigar a los abusadores, porque el castigo y el aumento de las penas a los agresores es una manera de protegerlos a largo plazo, pero lo importante es cambiar la cultura del país respecto de la infancia. No hay que olvidarse que Chile es uno de los pocos países del mundo que ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos de la infancia y aún no tenemos una ley que integre todos los servicios”.
Murillo aseguró que las políticas punitivas son importantes, pero no sobre la confianza y la prevención, por lo que reiteró la idea de una reforma que incluya a todos los sectores del Estado, junto con proponer la idea de un Defensor de la Infancia.
Además, el dirigente de la organización civil aseguró que “en Chile no existe un defensor del niño y del adolescente. Si tenemos un problema con el consumo vamos al Sernac, está la Ley de Isapres, la superintendencia, pero no tenemos una instancia que pueda defender de manera integral los derechos de los niños. Creo que está bien que se piense en la gravedad de los delitos cometidos a los niños y que se puedan aumentar las penas, pero lo importante es cambiar la cultura, la que se manifiesta en leyes de protección, servicios integrados y otros”.
A esto se suman los emplazamientos realizados por el senador DC Patricio Walker, que llamó al Gobierno a otorgar más recursos al Sename, institución que reconoce que hay más de 3 mil 700 niños explotados al año en Chile, pero que sólo atiende a mil 300.
