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Fiscal por delitos en Comisión de Acreditación: “Son igual de graves que los de sangre”

La detención del ex titular de la Comisión Nacional de Acreditación y dos ex rectores reflejó avances en la investigación sobre el lucro en las universidades y presuntos actos de corrupción. Este primer paso culminó con la formalización de Eugenio Díaz, Héctor Zuñiga y Angel Maulén y con la medida cautelar de firma semanal y arraigo nacional. El fiscal Carlos Gajardo afirmó que la justicia debe ser igual tanto en delitos de cuello y corabata como en los de sangre.

Diana Porras

  Domingo 25 de noviembre 2012 23:00 hrs. 
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¿Cuántos más tienen que caer?  La investigación todavía sigue la pista de seis universidades, mientras el  Ministerio de Educación anunció el envío de un proyecto que pretende mejorar el sistema de acreditación y la fiscalización.

Según el fiscal Carlos Gajardo, durante el período 2009  -2011, el ex titular de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Eugenio Díaz, habría recibido 300 millones de pesos por concepto de pagos de asesorías realizadas a cinco universidades que buscaban acreditarse mientras  ocupaba distintos cargos en la Comisión Nacional de Acreditación.

Otro dato se refiere a que  Díaz también influyó “en la designación de pares evaluadores y ejerció influencias indebidas para favorecer a las instituciones en las que él tenía interés” para asegurar su acreditación.

En este sentido, el fiscal Carlos Gajardo explicó que “básicamente como se mostró en audiencia, con la  revisión de muchos computadores y correos electrónicos, se pudo determinar lo que había oculto en estas acreditaciones a algunas universidades específicas. Por supuesto, ante la gravedad de estos hechos y entendiendo que la justicia debe ser la misma , este caso de cuello y corbata, nos parece igualmente grave que los delitos de sangre”.

Según la fiscalía, los montos recibidos en el caso de la U. del Mar  por concepto del CAE supera los 3 mil millones de pesos en 2011 y más de  7 mil millones en 2012. La mencionada universidad a través de Héctor Zúñiga habría pagado cuatro cheques por $ 15 millones  a la Sociedad Gestión Limitada de propiedad de Luis Eugenio Díaz durante 2011.

Héctor Zuñiga, ex rector de esta última casa de estudios, se defendió diciendo que “e confunden las fechas de manera que no hay nada que se haya hecho antes de la acreditación de la universidad, nada”, afirmó.

En el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, según la fiscalía, las asesorías investigadas habrían implicado  que Díaz, supuestamente, recibiera un pago total de $ 50 millones, lo que permitió a la casa de estudios acreditarse por dos períodos y recibir recursos por concepto del CAE por $ 2.709 millones  en 2011 y $ 5.627 millones en 2012.

En medio de las dudas de los alcances de estos sobornos, el ministro de Educación, Harald Beyer, propuso una nueva iniciativa legal para perfeccionar el sistema.

En esa línea, el titular de Educación indicó que “nuestro sistema regulatorio es muy incompleto, muy insuficiente y tenemos que cambiarlo drásticamente. Ya tenemos el proyecto de Superintendencia de Educación Superior y nosotros esperamos avanzar en los próximos dos meses con mucha fuerza en esa iniciativa y enviaremos en las próximas dos semanas un proyecto de aseguramiento de la calidad que cambia drásticamente el sistema”.

Los tres ex directivos fueron formalizados por delitos reiterados de cohecho, soborno y lavado de activos en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. En el caso de Díaz, la fiscalía también le imputó la negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias.

Díaz y Maulén fueron detenidos la noche del viernes en sus domicilios por la PDI. El ex rector de la U. del Mar, en tanto, fue detenido al bajar de un avión procedente de Estados Unidos.

La Confech llamó a marchar hacia el Palacio de Gobierno en Santiago, este  miércoles a las 11.00 horas para  entregar una carta dirigida al Presidente de la República. Esta acción de los dirigentes universitarios está centrada en hacer un llamado al Estado para que se haga cargo de la situación que afecta a la Universidad del Mar, entidad para la que el Ministerio de Educación solicitó el cierre por irregularidades detectadas en su administración.

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