La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones de Concepción, que consideró ilegal y anuló el proceso de votación donde se calificó favorablemente la Declaración Ambiental de la empresa South World Business para construir una central a carbón en Arauco.
Con esto obligó al presidente de la Comisión, es decir, al intendente Víctor Lobos, a convocar una nueva votación del proyecto Pirquenes, admitiéndo de paso el vicio del proceso. Sin embargo, se descartó la decisión de la Corte de exigir un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
El fallo del máximo tribunal complica a los ciudadanos porque “efectivamente acá se requiere un estudio de impacto ambiental y esa es la postura que se ha mantenido invariable desde los inicios de la tramitación de este proyecto”, dijo el abogado de la municipalidad de Arauco, Omar Molina.
El jurista agregó que “los efectos que se puedan producir a la salud de la población claramente dan cuenta de la necesidad de estudios más acabados y en los propios antecedentes administrativos existe un informe complementario donde expresamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío señala que en este proyecto se requiere de un estudio de impacto ambiental atendido a que se estaban produciendo las consecuencias establecidas en la Ley de Base General del Medio Ambiente”.
Por su parte, el empresario Rodrigo Danús, socio de la firma, ha insistido en que la tramitación de esta central “se ha dado de manera correcta” y que “a ninguna termoeléctrica de este tamaño se le ha pedido Estudio de Impacto Ambiental en Chile”.
Además, ha indicado que la termoeléctrica, en la que se invertirán 80 millones de dólares y que producirá 50 mega watts, es prioritaria para el desarrollo de su empresa, la Minera Santa Ana, la que sería, según señaló, la principal productora de carbón de todo el país.
Sin embargo, el proyecto presenta una serie de irregularidades, entre ellas que extraerá el agua desde las misma napas subterráneas que muchos vecinos utilizan para la bebida. También que el terreno del proyecto está contaminado con pentaclorofenol, químico nocivo prohibido en los procesos productivos y, por último, que los estudios que se hicieron fueron antes de terremoto del 2010, pese al cambio de las condiciones geográficas.
Rodrigo Mellado de Laraquete Sustentable afirmó que aquí queda en evidencia cómo la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío no es un organismo independiente y cuestionó el fallo de la Corte Suprema.
En este sentido, el ambientalista señaló que “el problema es que le deja nuevamente la votación, que requiere méritos técnicos a personas que no han votado técnicamente, sino que han votado políticamente. Son empleados del Presidente de la República, que fueron designados por confianza del mandatario y están votando el proyecto de una persona que ayudó en segunda vuelta a la campaña presidencial del Presidente por lo que nuevamente deja la carnicería en manos de los gatos”.
Para los ciudadanos de Arauco es fundamental que se realice el estudio, ya que con esto se incorporará un proceso de participación y se podrán hacer patentes estos reparos.
Vale señalar que el proyecto cuenta con el rechazo de vecinos, concejales, el municipio, e incluso, de parlamentarios de distintos sectores políticos como son el senador del MAS, Alejandro Navarro, e incluso el diputado de la UDI Iván Norambuena, quien ha afirmado que, en la votación, “primó un criterio económico”.
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones de Concepción, que consideró ilegal y anuló el proceso de votación donde se calificó favorablemente la Declaración Ambiental de la empresa South World Business para construir una central a carbón en Arauco.
Con esto obligó al presidente de la Comisión, es decir, al intendente Víctor Lobos, a convocar una nueva votación del proyecto Pirquenes, admitiéndo de paso el vicio del proceso. Sin embargo, se descartó la decisión de la Corte de exigir un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
El fallo del máximo tribunal complica a los ciudadanos porque “efectivamente acá se requiere un estudio de impacto ambiental y esa es la postura que se ha mantenido invariable desde los inicios de la tramitación de este proyecto”, dijo el abogado de la municipalidad de Arauco, Omar Molina.
El jurista agregó que “los efectos que se puedan producir a la salud de la población claramente dan cuenta de la necesidad de estudios más acabados y en los propios antecedentes administrativos existe un informe complementario donde expresamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío señala que en este proyecto se requiere de un estudio de impacto ambiental atendido a que se estaban produciendo las consecuencias establecidas en la Ley de Base General del Medio Ambiente”.
Por su parte, el empresario Rodrigo Danús, socio de la firma, ha insistido en que la tramitación de esta central “se ha dado de manera correcta” y que “a ninguna termoeléctrica de este tamaño se le ha pedido Estudio de Impacto Ambiental en Chile”.
Además, ha indicado que la termoeléctrica, en la que se invertirán 80 millones de dólares y que producirá 50 mega watts, es prioritaria para el desarrollo de su empresa, la Minera Santa Ana, la que sería, según señaló, la principal productora de carbón de todo el país.
Sin embargo, el proyecto presenta una serie de irregularidades, entre ellas que extraerá el agua desde las misma napas subterráneas que muchos vecinos utilizan para la bebida. También que el terreno del proyecto está contaminado con pentaclorofenol, químico nocivo prohibido en los procesos productivos y, por último, que los estudios que se hicieron fueron antes de terremoto del 2010, pese al cambio de las condiciones geográficas.
Rodrigo Mellado de Laraquete Sustentable afirmó que aquí queda en evidencia cómo la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío no es un organismo independiente y cuestionó el fallo de la Corte Suprema.
En este sentido, el ambientalista señaló que “el problema es que le deja nuevamente la votación, que requiere méritos técnicos a personas que no han votado técnicamente, sino que han votado políticamente. Son empleados del Presidente de la República, que fueron designados por confianza del mandatario y están votando el proyecto de una persona que ayudó en segunda vuelta a la campaña presidencial del Presidente por lo que nuevamente deja la carnicería en manos de los gatos”.
Para los ciudadanos de Arauco es fundamental que se realice el estudio, ya que con esto se incorporará un proceso de participación y se podrán hacer patentes estos reparos.
Vale señalar que el proyecto cuenta con el rechazo de vecinos, concejales, el municipio, e incluso, de parlamentarios de distintos sectores políticos como son el senador del MAS, Alejandro Navarro, e incluso el diputado de la UDI Iván Norambuena, quien ha afirmado que, en la votación, “primó un criterio económico”.
La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones de Concepción, que consideró ilegal y anuló el proceso de votación donde se calificó favorablemente la Declaración Ambiental de la empresa South World Business para construir una central a carbón en Arauco.
Con esto obligó al presidente de la Comisión, es decir, al intendente Víctor Lobos, a convocar una nueva votación del proyecto Pirquenes, admitiéndo de paso el vicio del proceso. Sin embargo, se descartó la decisión de la Corte de exigir un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
El fallo del máximo tribunal complica a los ciudadanos porque “efectivamente acá se requiere un estudio de impacto ambiental y esa es la postura que se ha mantenido invariable desde los inicios de la tramitación de este proyecto”, dijo el abogado de la municipalidad de Arauco, Omar Molina.
El jurista agregó que “los efectos que se puedan producir a la salud de la población claramente dan cuenta de la necesidad de estudios más acabados y en los propios antecedentes administrativos existe un informe complementario donde expresamente el Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío señala que en este proyecto se requiere de un estudio de impacto ambiental atendido a que se estaban produciendo las consecuencias establecidas en la Ley de Base General del Medio Ambiente”.
Por su parte, el empresario Rodrigo Danús, socio de la firma, ha insistido en que la tramitación de esta central “se ha dado de manera correcta” y que “a ninguna termoeléctrica de este tamaño se le ha pedido Estudio de Impacto Ambiental en Chile”.
Además, ha indicado que la termoeléctrica, en la que se invertirán 80 millones de dólares y que producirá 50 mega watts, es prioritaria para el desarrollo de su empresa, la Minera Santa Ana, la que sería, según señaló, la principal productora de carbón de todo el país.
Sin embargo, el proyecto presenta una serie de irregularidades, entre ellas que extraerá el agua desde las misma napas subterráneas que muchos vecinos utilizan para la bebida. También que el terreno del proyecto está contaminado con pentaclorofenol, químico nocivo prohibido en los procesos productivos y, por último, que los estudios que se hicieron fueron antes de terremoto del 2010, pese al cambio de las condiciones geográficas.
Rodrigo Mellado de Laraquete Sustentable afirmó que aquí queda en evidencia cómo la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío no es un organismo independiente y cuestionó el fallo de la Corte Suprema.
En este sentido, el ambientalista señaló que “el problema es que le deja nuevamente la votación, que requiere méritos técnicos a personas que no han votado técnicamente, sino que han votado políticamente. Son empleados del Presidente de la República, que fueron designados por confianza del mandatario y están votando el proyecto de una persona que ayudó en segunda vuelta a la campaña presidencial del Presidente por lo que nuevamente deja la carnicería en manos de los gatos”.
Para los ciudadanos de Arauco es fundamental que se realice el estudio, ya que con esto se incorporará un proceso de participación y se podrán hacer patentes estos reparos.
Vale señalar que el proyecto cuenta con el rechazo de vecinos, concejales, el municipio, e incluso, de parlamentarios de distintos sectores políticos como son el senador del MAS, Alejandro Navarro, e incluso el diputado de la UDI Iván Norambuena, quien ha afirmado que, en la votación, “primó un criterio económico”.
