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Año XIV, 29 de noviembre de 2022

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Informe OCDE

“En la transición hacia un nuevo sistema de acreditación, se debe proteger a los alumnos”

Las recomendaciones de la OCDE al Mineduc en materia de acreditación en Educación Superior llaman a acciones concretas en el corto plazo. Frente a estos planteamientos, toma fuerza la idea de una “ley corta” a modo de transición, aunque poniendo cuidado sobre las consecuencias que tendrá para los estudiantes un proceso de cambios drásticos.

Héctor Areyuna

  Jueves 29 de noviembre 2012 21:31 hrs. 
cna

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La situación generada a partir de las denuncias contra la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) destapó un escándalo que ha traído consecuencias y reacciones desde casi todos los sectores.

El grave diagnóstico que se estableció sobre el Sistema Nacional de Educación Superior, también fue reconocido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que en un informe solicitado por el ministerio de Educación recomendó una serie de aspectos para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile.

Una de las sugerencias es implementar un sistema de acreditación obligatoria para todas las instituciones, en un proceso que podría implicar perder la autonomía e incluso licencias de operación. Además, se propone eliminar el rango de años en que se entrega la certificación, dejando sólo la opción de aprobar o rechazar.Asimismo, se plantean cambios institucionales en relación al otorgamiento de autonomía y acreditación de los planteles.

El presidente del directorio de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, compartió varios aspectos de la propuesta de la OCDE, pero advirtió sobre las precauciones que se deberían tomar sobre los estudiantes, ante eventuales cambios de tal severidad.

“Al ser obligatoria, obviamente, el no cumplimiento de la acreditación tiene que acarrear como consecuencia la terminación de la licencia para ser universidad, instituto o centro de formación técnica. Lo importante es que se haga defendiendo los intereses de los alumnos. No se puede llegar y cerrar sin un sistema de protección para ellos. Si bien estoy completamente de acuerdo con los planteamientos, en la transición hay que diseñar un sistema de protección para esos alumnos, que no puede consistir en andar paseándolos de un lado para otro”, explicó el académico de la Universidad de Chile.

Waissbluth agregó que además se debe agregar al debate la situación de acreditación carreras por sobre la de planteles que, a su juicio, ha estado ausente de la discusión pública.

“Aquí todo el mundo habla de acreditación de universidades, pero nadie parece entender lo importante que es la acreditación de carreras. Una universidad puede estar acreditada y tener una carrera pésima. En Chile tenemos la obscena cantidad de cinco mil carreras diferentes y tan solo mil están acreditadas. Hay que distinguir entre la acreditación universitaria y la de las carreras, lo que le debe importar al estudiante es la acreditación de su carrera”, acusó el director de Educación 2020.

El especialista reconoció que “el Gobierno ha sido particularmente lento y ha tenido todas las señales de que esto no ha estado funcionando”, pero ante estas recomendaciones se debiera establecer cuidadosamente un período de transición, indicó.

Por otra parte, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, también compartió las sugerencias de la OCDE, sobre todo, cuando el informe señala que se está frente a un problema de largo plazo que requiere medidas inmediatas.

“Deberíamos empezar por una ley corta ahora, porque si no somos capaces de hacerlo, vamos a tener un proceso de acreditación prácticamente nulo o inexistente en marzo o abril. Hacer una ley corta ahora, cuatro o cinco puntos en la ley, para posteriormente tener un proyecto de ley más completo. Incluso puede haber un artículo transitorio que diga que en seis meses más se presentará la ley completa”, indicó la parlamentaria sobre la necesidad urgente de comenzar esta discusión en el Congreso Nacional.

Según Alejandra Sepúlveda la reforma se hace urgente para enfrentar los niveles de incertidumbre e incredulidad de la ciudadanía, donde se cuestiona todo el sistema y hay “un estado de anormalidad”.

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