Parlamentarios de oposición de diversos partidos afirmaron que el proyecto de Ley de Pesca, recientemente aprobado en la Cámara Alta, incumpliría una serie de aspectos fundamentales: igualdad ante la ley, libertad de acceso a bienes, ejercicio libre de la pesca y el respeto a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El senador Jaime Quintana, confirmó que debido a esto, “vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque lo que ha ocurrido con el pueblo lafkenche ha sido un atentado a los derechos esenciales de los pueblos originarios del mundo”.
El también presidente del PPD explicó que en el marco de la discusión por la Ley de Pesca, “no ha habido consulta, participación, no se les ha considerado en ninguna de las conversaciones, han quedado fuera de la mesa, de cualquier participación y, por supuesto, fuera de la cuota los pueblos lafkenches. El mar para estos pueblos se mira y no se toca”,dijo.
El parlamentario advirtió que esta conducta podría significar sanciones contra el Estado Chileno, por aplicar una ley que es inconstitucional y, además, violatoria de derechos.
Por su parte, el senador radical José Antonio Gómez, afirmó que este debate legislativo resultó “un gran negocio”, asegurando que la ley “no se discutió con profundidad”.
Asimismo, el dirigente y vocero lafkenche, recientemente elegido como alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó su desconfianza a la forma en la que se está legislando en Chile, así como la frustración por no haber logrado dialogar con las autoridades sobre el tema, pese a intentos infructuosos de hacerlo.
“Lo hemos advertido bajo todos los medios, de manera oficial y por escrito al Gobierno, al presidente de la Cámara de Diputados, a la comisión de pesca del Senado, al propio presidente del Senado. Aquí hay una flagrante violación de un tratado internacional que el propio Senado, con los mismos actuales parlamentarios, aprobó. Es el Convenio 169, que dice en su artículo 6 que tienen que ser consultados los pueblos originarios, y también en su artículo 13 que éstos deben ser incluidos cuando se distribuyen los recursos naturales”, explicó el edil electo de Tirúa.
La comisión de Pesca del Senado, encabezada por el senador RN, Antonio Horvath, manifestó en reiteradas oportunidades su disposición a realizar una Consulta, para permitir que la normativa se ajustara a la ley. Sin embargo, el proceso nunca llegó a concretarse conforme a los parámetros que establece el tratado internacional.
En este sentido, Millabur manifestó que en este caso el problema es mayor y dice relación con el acceso y la garantía de los recursos hidrobiológicos. “El tema es cómo el Estado garantiza la seguridad alimentaria de sus pueblos originarios”, afirmó el dirigente y añadió que “es grave la negación que está realizando el Parlamento”.
Parlamentarios de oposición de diversos partidos afirmaron que el proyecto de Ley de Pesca, recientemente aprobado en la Cámara Alta, incumpliría una serie de aspectos fundamentales: igualdad ante la ley, libertad de acceso a bienes, ejercicio libre de la pesca y el respeto a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El senador Jaime Quintana, confirmó que debido a esto, “vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque lo que ha ocurrido con el pueblo lafkenche ha sido un atentado a los derechos esenciales de los pueblos originarios del mundo”.
El también presidente del PPD explicó que en el marco de la discusión por la Ley de Pesca, “no ha habido consulta, participación, no se les ha considerado en ninguna de las conversaciones, han quedado fuera de la mesa, de cualquier participación y, por supuesto, fuera de la cuota los pueblos lafkenches. El mar para estos pueblos se mira y no se toca”,dijo.
El parlamentario advirtió que esta conducta podría significar sanciones contra el Estado Chileno, por aplicar una ley que es inconstitucional y, además, violatoria de derechos.
Por su parte, el senador radical José Antonio Gómez, afirmó que este debate legislativo resultó “un gran negocio”, asegurando que la ley “no se discutió con profundidad”.
Asimismo, el dirigente y vocero lafkenche, recientemente elegido como alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó su desconfianza a la forma en la que se está legislando en Chile, así como la frustración por no haber logrado dialogar con las autoridades sobre el tema, pese a intentos infructuosos de hacerlo.
“Lo hemos advertido bajo todos los medios, de manera oficial y por escrito al Gobierno, al presidente de la Cámara de Diputados, a la comisión de pesca del Senado, al propio presidente del Senado. Aquí hay una flagrante violación de un tratado internacional que el propio Senado, con los mismos actuales parlamentarios, aprobó. Es el Convenio 169, que dice en su artículo 6 que tienen que ser consultados los pueblos originarios, y también en su artículo 13 que éstos deben ser incluidos cuando se distribuyen los recursos naturales”, explicó el edil electo de Tirúa.
La comisión de Pesca del Senado, encabezada por el senador RN, Antonio Horvath, manifestó en reiteradas oportunidades su disposición a realizar una Consulta, para permitir que la normativa se ajustara a la ley. Sin embargo, el proceso nunca llegó a concretarse conforme a los parámetros que establece el tratado internacional.
En este sentido, Millabur manifestó que en este caso el problema es mayor y dice relación con el acceso y la garantía de los recursos hidrobiológicos. “El tema es cómo el Estado garantiza la seguridad alimentaria de sus pueblos originarios”, afirmó el dirigente y añadió que “es grave la negación que está realizando el Parlamento”.
Parlamentarios de oposición de diversos partidos afirmaron que el proyecto de Ley de Pesca, recientemente aprobado en la Cámara Alta, incumpliría una serie de aspectos fundamentales: igualdad ante la ley, libertad de acceso a bienes, ejercicio libre de la pesca y el respeto a tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El senador Jaime Quintana, confirmó que debido a esto, “vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque lo que ha ocurrido con el pueblo lafkenche ha sido un atentado a los derechos esenciales de los pueblos originarios del mundo”.
El también presidente del PPD explicó que en el marco de la discusión por la Ley de Pesca, “no ha habido consulta, participación, no se les ha considerado en ninguna de las conversaciones, han quedado fuera de la mesa, de cualquier participación y, por supuesto, fuera de la cuota los pueblos lafkenches. El mar para estos pueblos se mira y no se toca”,dijo.
El parlamentario advirtió que esta conducta podría significar sanciones contra el Estado Chileno, por aplicar una ley que es inconstitucional y, además, violatoria de derechos.
Por su parte, el senador radical José Antonio Gómez, afirmó que este debate legislativo resultó “un gran negocio”, asegurando que la ley “no se discutió con profundidad”.
Asimismo, el dirigente y vocero lafkenche, recientemente elegido como alcalde de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, manifestó su desconfianza a la forma en la que se está legislando en Chile, así como la frustración por no haber logrado dialogar con las autoridades sobre el tema, pese a intentos infructuosos de hacerlo.
“Lo hemos advertido bajo todos los medios, de manera oficial y por escrito al Gobierno, al presidente de la Cámara de Diputados, a la comisión de pesca del Senado, al propio presidente del Senado. Aquí hay una flagrante violación de un tratado internacional que el propio Senado, con los mismos actuales parlamentarios, aprobó. Es el Convenio 169, que dice en su artículo 6 que tienen que ser consultados los pueblos originarios, y también en su artículo 13 que éstos deben ser incluidos cuando se distribuyen los recursos naturales”, explicó el edil electo de Tirúa.
La comisión de Pesca del Senado, encabezada por el senador RN, Antonio Horvath, manifestó en reiteradas oportunidades su disposición a realizar una Consulta, para permitir que la normativa se ajustara a la ley. Sin embargo, el proceso nunca llegó a concretarse conforme a los parámetros que establece el tratado internacional.
En este sentido, Millabur manifestó que en este caso el problema es mayor y dice relación con el acceso y la garantía de los recursos hidrobiológicos. “El tema es cómo el Estado garantiza la seguridad alimentaria de sus pueblos originarios”, afirmó el dirigente y añadió que “es grave la negación que está realizando el Parlamento”.
