La impericia presidencial saltó esta vez por una muestra de preocupación de Sebastián Piñera por los alcances para la causa pendiente en La Haya del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo Colombia- Nicaragua.

Acto seguido, recibió en La Moneda a tres de sus cuatro antecesores, para detallarles lo que está haciendo ante la demanda limítrofe del Perú. O el mandatario pecó de ingenuo o el ex Presidente Frei se avivó y planteó que Chile no aceptaría un fallo “salomónico”, que concediera equitativamente a cada parte algo que dejase a ambas satisfechas, como se habría zanjado en el caso de los otros dos países.

Ya Frei había expresado este parecer en vísperas de la reunión, causando alguna incomodidad en palacio. Pero la cita estaba acordada y el ex contendor de Piñera se sintió en libertad para expresarse. El ex Presidente Lagos no se sumó a la descaminada terminología anti Salomón, pero igual tocó una nota alta, al decir que el Tribunal debía ceñirse a derecho en su fallo, dejando implícito que no siempre lo hiciese así, tal vez por alguna consideración política, más allá de las estrictamente jurídicas. El patriarca Aylwin prefirió no hablar y la ausente Michelle Bachelet probó una vez más que su importante puesto en Naciones Unidas le permite guardar oportunos silencios.

Como Piñera refrendó la tesis del apego al derecho, sus asesores quedaron con la sensación de que el asunto se le había ido un poco de las manos, al punto que en el Perú se registraron ríspidas acusaciones a Chile de presionar a los jueces internacionales. Fue así que al día siguiente la vocera Cecilia Pérez entregó una declaración pública advirtiendo que Chile no caería en dimes y diretes con su contraparte y subrayando que las directrices en la materia las fija aquí el actual Presidente de la República. Al igual que el canciller Alfredo Moreno en Arica, aseguró que Chile respetará y acatará el fallo.

El intento de tratar el diferendo como un asunto de Estado -con todos los sectores unidos en torno al Gobierno en defensa de los intereses de la nación- sufrió un trastabillón.

Y no porque los intereses del Estado se relativicen ante valores como la integración regional y subregional. Todos los “Estados desunidos de América” están lejos de considerar a esta parte del mundo como “una gran nación desecha”, -así  la llamó Andrés Bello- y la que iba a ser la Gran Colombia renuncia ahora a la Convención del Mar para evitar que Nicaragua y otros países cercanos le sigan quitando mar bajo la égida de La Haya, anunciando después que no acatará el fallo inapelable para proteger a los habitantes de la isla San Andrés.

Tampoco Bolivia -que se llama así en honor del Gran Libertador- dejará de reclamar por su pérdida de acceso al océano. Ni tampoco Chile está dispuesto a atender lo que como Estado siente como “irredentismo” de los dos países que perdieron la guerra del Pacífico. Y si de integración se trata, lo que se alienta sobre todo es el crecimiento los flujos comerciales -y turísticos en la zona fronteriza- más que los culturales, humanos y sociales, sin la erradicación de los prejuicios y sentimientos de hegemonías raciales y de clase.

Lo que sucedió entre Piñera y sus visitantes corresponde a una ilusión. La lucha interna no cederá ante una sentencia internacional que signifique una derrota para el Estado en su conjunto. Hay mucho paño que cortar desde 1986, cuando el embajador peruano Juan Miguel Bákula intentó plantear al entonces Canciller de la dictadura, Jaime del Valle, un tratado de límites marítimos. Ello no fue considerado y la proclamación doce años después por Fujimori y Frei del fin  de los contenciosos pendientes entre los dos países se contradijo con la posterior insistencia del Presidente Toledo ante Ricardo Lagos de replantear el tratado, encontrándose siempre con la respuesta de que eso ya existía desde 1952. Hasta que Alan García, en su segundo período, sorprendió dramáticamente a Bachelet al presentar la demanda ante La Haya.

Si el fallo es favorable al Perú estallarán las recriminaciones internas entre los diversos sectores de la política chilena, incluyendo a los representantes de la dictadura.

Ya uno de los cancilleres de ese período, Miguel Alex Schweitzer, desechó que el planteamiento de Bákula debió considerarse, mientras que el actual coagente Alberto Van Klaveren  -subsecretario de RR.EE. en el gobierno anterior- aseguró que el caso de Colombia-Nicaragua era muy distinto al de Chile-Perú, porque en aquél no había un tratado, aunque Lima insista en que tampoco lo hay con Santiago.

La soledad de Frei se acentuó cuando un ex integrante del círculo de hierro de su presidencia, el ex ministro Edmundo Pérez Yoma, descartó cualquier posibilidad de un fallo salomónico, porque no había condiciones para ello.

Pero la sentencia se expedirá a mediados del próximo año, con Chile en plena campaña presidencial. Si no todo sigue igual como hasta ahora, cada Presidente y sus respectivos ministros se sentirán tocados en tal caso y “la razón de Estado” terminará por difuminarse, para convertirse en un asunto electoral.