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Año XIV, 27 de septiembre de 2022

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Justicia decreta prisión preventiva para imputados en Caso Lucro

Por ser “un peligro para la sociedad”, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la prisión preventiva de los imputados en el denominado “Caso Lucro” en la Educación Superior. Por otra parte, los funcionarios del CNA solicitaron una mesa de trabajo para realizar reformas al sistema.

Narayan Vila y Claudio Medrano

  Viernes 30 de noviembre 2012 15:35 hrs. 
Caso lucro

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El ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, y los ex rectores de las universidades del Mar, Héctor Zúñiga, y Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, deberán permanecer en prisión durante los seis meses que dure la investigación por soborno y lavado de activos; y por cohecho, negociación incompatible y  revelación de secreto en el caso del ex titular de la CNA.

Delitos que, dado su carácter, la forma en la que fueron cometidos y las penas asignadas, llevaron a la 3° Sala de la Corte de Apelaciones a decretar la prisión preventiva para los tres imputados.

Según el presidente de la instancia,  Manuel Antonio Valderrama, se estimó que “las conductas que se investigan en este proceso y por las cuales han sido formalizados los imputados, afectan la credibilidad misma del sistema de acreditación de las instituciones que aspiran a la formación de los alumnos de la Educación Superior, lo que provoca un grave daño a la institucionalidad vigente en esta materia”.

Una resolución que fue calificada como “sorpresiva” por la abogada de Héctor Zúñiga, María Isabel Foncea, quien afirmó que “no existen los antecedentes mínimos como para plantear la formalización y los hechos que se están imputando”.

Para la defensa del ex rector de la Universidad del Mar, las medidas de firma semanal y arraigo nacional – que habían sido decretadas por el  8° Tribunal de Garantía de Santiago – eran suficientes.

“El comportamiento de los imputados, en particular hablo de Héctor Zuñiga, ha sido de colaboración en todo momento. Sabiendo que podía enfrentarse a una orden de detención, él continuó con su plan de vida común y volvió desde Estados Unidos, donde se encontraba realizando actividades propias. Sostener que en esas circunstancias hay realmente un peligro de fuga, que es la única opción de plantear acá un real peligro para la sociedad, resulta incomprensible para esta defensa”, explicó la jurista.

Después de la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Gajardo, aseguró que el Ministerio Público se sentía “satisfecho con la resolución de la Corte”, pues “está en línea con lo que hemos planteado desde un comienzo. Las conductas que se están investigando son de extraordinaria gravedad, las penas que traen aparejadas son altísimas y hasta este momento ninguno de los imputados ha prestado colaboración con la investigación, sino que -por el contrario- todos ellos han negado su participación en estos hechos”, dijo.

El persecutor avaló, además, los argumentos esgrimidos por los magistrados de la Corte de Apelaciones para resolver la prisión preventiva: “Es un hecho indubitado que el Sistema de Acreditación de las universidades en Chile está en serio riesgo y crisis por la conducta que han tenido los imputados que, además, configuran delito. Su conducta delictual ha provocado un grave daño a la institucionalidad académica en Chile y eso es innegable”, aseguró.

Carlos Gajardo, quien dispone de seis meses para investigar los supuestos pagos de sobornos que habría recibido Eugenio Díaz para favorecer la acreditación de las universidades Pedro de Valdivia y del Mar, indicó que la indagatoria se enfocará también en otras casas de estudio.

En primera instancia, se trataría del Instituto Moderno de Música y las universidades Internacional SEK, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins y Uniacc.

Mesa de trabajo

En tanto, la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación rechazó los presuntos sobornos al interior de la institución, que han sido denunciados en los últimos días.

A juicio de los trabajadores, estos hechos dañan la imagen de la entidad en su conjunto, poniendo en duda la probidad de los funcionarios que la integran.

Por lo mismo, expresaron que las responsabilidades en los casos investigados son personales y no institucionales, en tanto no involucran a todos los funcionarios que son parte de la CNA.

A juicio del presidente de asociación, Mario Riquelme, es necesaria una reforma al sistema, “pero se debe hacer un estudio más serio y no actuar tan a la rápida como quieren hacer en este momento. Deberían hacer una mesa de trabajo junto a los funcionarios, para dar nuestros aportes sobre una mejora al sistema”, propuso.

Asimismo, el dirigente recalcó la necesidad de que la Fiscalía investigue a fondo este caso, “caiga quien caiga, porque lo mejor es que aquí se sepa toda la verdad, para demostrar que la institución sí funciona y no debemos estar generalizando por malas prácticas de una o más personas”, dijo.

La asociación de funcionarios de la comisión descartó tener antecedentes previos de irregularidades en la institución, asegurando que de haber estado en conocimiento, hubiesen sido los primeros en denunciar a la Fiscalía.

Finalmente, los funcionarios pusieron a disposición del ministerio de Educación y de las instancias que sean pertinentes, las competencias técnicas y profesionales de todos sus asociados como contraparte técnica, a fin de ser parte activa en la revisión y reestructuración del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.

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