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Año XIII, 29 de noviembre de 2021

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Transparencia y corrupción en Chile: “Todavía queda mucho por avanzar”

La organización Chile Transparente presentó el estudio “Índice de Percepción de Corrupción 2012”, el cual reveló que la tendencia se ha mantenido respecto del año anterior. El estudio realizado en 176 países del mundo a través de Transparencia Internacional evidenció buenas cifras en comparación con los países de la región, sin embargo proyectó desafíos perentorios en materia legislativa.

Mariano Rivera

  Miércoles 5 de diciembre 2012 13:45 hrs. 
TRANSPARENCIA 2


El informe anual que realiza la organización Chile Transparente situó al país en la posición número 20 a nivel mundial y puntero junto a Uruguay, respecto de los países latinoamericanos.

Si bien el estudio sobre Percepción de Corrupción se elaboró por primera vez con cambios metodológicos en las preguntas y calificaciones, la tendencia reveló que no ha habido una contracción significativa en materia de transparencia y probidad.

En este sentido, Gonzalo Delaveau, presidente de Chile Transparente señaló que “el panorama actual es bueno porque los índices no han aumentado pese a los conflictos denunciados en la actualidad, pero malo ya que los niveles tampoco han mejorado”.

“Sin duda esto presenta un desafío. A nivel de países de la OCDE estamos a mitad de camino y hay mucho que avanzar. Hay una agenda en el Congreso importante y esperamos que el próximo año se saque adelante toda la normativa relacionada con la Ley de Lobby, la probidad y la Ley de Transparencia de Municipios, que puede ser una de las normativas más importantes en esta materia. Por otro lado, la ciudadanía se debe empoderar para denunciar los actos de corrupción que se den a cualquier nivel”, afirmó.

Asimismo, Delaveau, recalcó que es fundamental que la ciudadanía se empodere y denuncie todos los hechos que avisen de irregularidades. Sin embargo sostuvo que el sistema de licitación y adjudicación de proyectos sobre todo en el sector público es un tema pendiente, por lo que “aún hay que reforzarlo”.

“Tenemos un problema a nivel municipal. Hay denuncias en el tema de la acreditación universitaria, el caso de la PDI y el Ministerio del Interior. No es malo que esto aparezca. Los conflictos de interés no son un problema en sí, sino que la forma en que se resuelven. En materia de licitaciones públicas, ChileCompras fue un gran avance, pero todavía existe un área gris. Curiosamente hay proveedores que se mantienen 20, 30 o 40 años. Ahí hay que avanzar. Aquí se prenden las luces cuando ya está rojo. Hay que tener más amarillas”, dijo.

A la actividad asistió el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, quien se refirió a los conflictos de interés que se pudieran dar en los proyectos de inversión con altos costos medioambientales.

En esa línea, Ferreiro recalcó que se debe avanzar en la objetividad de las decisiones, recalcando que en la actualidad se ha podido apreciar un alto componente político, que representa debilidad y cuestionamiento ante la opinión pública.

“Las comunidades que son las que internalizan los costos de los proyectos de inversión suelen oponerse a ello y, por lo tanto, tenemos que buscar un equilibrio para que el país tenga la generación eléctrica que necesita para seguir avanzando, pero hay que cumplir con los estándares ambientales que deben estar definidos en la ley. Lo que no es bueno es que parezca que se cumple con la ley y luego los tribunales cuestionen la manera en que ésta se aplica. En ocasiones se entregan decisiones a los tribunales que debieran estar resueltas en las leyes”, precisó el jurista.

En términos comparativos, Chile obtuvo 72 de cien puntos, lo que se interpreta como un 90 por ciento de credibilidad en las instituciones públicas y privadas; y lidera el escenario latinoamericano alcanzando a la nación Uruguaya.

Sin embargo, sigue estando lejos de los primeros lugares del listado, liderados por Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, por lo que Chile Transparente anunció como hito de su agenda 2015, una campaña educativa que permita el empoderamiento de la ciudadanía como eje central de la batalla contra la corrupción.