La autoridad máxima del órgano fiscalizador, Ramiro Mendoza, se refirió al dictamen emitido el miércoles por Contraloría General de la República, acerca de la consulta solicitada por Carabineros de Chile sobre la inhabilitación del funcionario Walter Ramírez; condenado por el homicidio de Matías Catrileo en el marco de una protesta al interior de un fundo de Vilcún, Región de La Araucanía.
En ese sentido, Mendoza señaló que la entidad que preside se refirió a una consulta en particular, no obstante, la institución en su reglamento interno cuenta con las facultades y competencias para exigir el retiro del cabo segundo Ramírez.
“No andamos cesando a la gente, nosotros decimos cómo se interpreta el derecho por parte de la administración. Carabineros tiene un estatuto excepcional que dice relación, precisamente, con el prestigio institucional, eso lo decide el alto mando, no lo decide Contraloría. Si es necesario aclarar o complementar ese dictamen, eso lo ponderará Carabineros”, explicó el contralor.
Mendoza recalcó que para dar de baja al suboficial no se necesita la autorización del Tribunal Militar de Valdivia, como lo ha sostenido el Departamento Jurídico de Carabineros, ya que el beneficio acogido a la ley 18.216, sobre el cumplimiento de la condena con penas alternativas, pues la libertad vigilada suspende las otras penas, tanto la general como las accesorias.
Al respecto, la madre de Matías Catrileo, Mónica Quezada acusó al Gobierno y a la institución policial de hacer una maniobra política con el dictamen, criticando la nula reacción del Estado en este crimen y exigió el retiro inmediato del cabo Ramírez de las filas de Carabineros.
“Estuvo dentro de las facultades de los altos mandos de Carabineros haber dado de baja a Ramírez. Ellos hicieron un sumario interno y no lo dieron de baja. Es un uso político el hecho, que tanto el ministro del Interior como el general de Carabineros hayan dicho que Ramírez estuviera de baja cuando en realidad nunca han hecho nada”, acusó la madre del joven.
En este escenario, profesionales y dirigentes vinculados al movimiento Socialismo Allendista presentaron una reclamación al órgano fiscalizador respecto del dictamen emitido, que otorga la venia a que Carabineros mantenga al cabo culpable del homicidio de Catrileo en la institución.
El abogado que presentó la acción judicial, Roberto Ávila, recalcó que la señal que entregó la Contraloría es una “aberración jurídica”, que avala la represión a la nación mapuche.
“Es algo cosa indignante, que repugna no solo jurídicamente, sino que violenta la conciencia más elemental. Un policía que viste un uniforme que representa la ley en la calle, no puede ser simultáneamente un condenado por homicidio. Hemos hecho esta presentación y esperamos respuesta, pues él está obligado legalmente a respondernos. Si nos responde negativamente vamos a hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además eso significa respaldar todos los actos de violencia que la policía pueda desplegar en la zona”, explicó Ávila.
En tanto, los familiares de Matías Catrileo continúan exigiendo el fin de la impunidad en el marco de este caso, a poco menos de un mes de que se cumplan cinco años del homicidio perpetuado por el cabo segundo de Carabineros.
La autoridad máxima del órgano fiscalizador, Ramiro Mendoza, se refirió al dictamen emitido el miércoles por Contraloría General de la República, acerca de la consulta solicitada por Carabineros de Chile sobre la inhabilitación del funcionario Walter Ramírez; condenado por el homicidio de Matías Catrileo en el marco de una protesta al interior de un fundo de Vilcún, Región de La Araucanía.
En ese sentido, Mendoza señaló que la entidad que preside se refirió a una consulta en particular, no obstante, la institución en su reglamento interno cuenta con las facultades y competencias para exigir el retiro del cabo segundo Ramírez.
“No andamos cesando a la gente, nosotros decimos cómo se interpreta el derecho por parte de la administración. Carabineros tiene un estatuto excepcional que dice relación, precisamente, con el prestigio institucional, eso lo decide el alto mando, no lo decide Contraloría. Si es necesario aclarar o complementar ese dictamen, eso lo ponderará Carabineros”, explicó el contralor.
Mendoza recalcó que para dar de baja al suboficial no se necesita la autorización del Tribunal Militar de Valdivia, como lo ha sostenido el Departamento Jurídico de Carabineros, ya que el beneficio acogido a la ley 18.216, sobre el cumplimiento de la condena con penas alternativas, pues la libertad vigilada suspende las otras penas, tanto la general como las accesorias.
Al respecto, la madre de Matías Catrileo, Mónica Quezada acusó al Gobierno y a la institución policial de hacer una maniobra política con el dictamen, criticando la nula reacción del Estado en este crimen y exigió el retiro inmediato del cabo Ramírez de las filas de Carabineros.
“Estuvo dentro de las facultades de los altos mandos de Carabineros haber dado de baja a Ramírez. Ellos hicieron un sumario interno y no lo dieron de baja. Es un uso político el hecho, que tanto el ministro del Interior como el general de Carabineros hayan dicho que Ramírez estuviera de baja cuando en realidad nunca han hecho nada”, acusó la madre del joven.
En este escenario, profesionales y dirigentes vinculados al movimiento Socialismo Allendista presentaron una reclamación al órgano fiscalizador respecto del dictamen emitido, que otorga la venia a que Carabineros mantenga al cabo culpable del homicidio de Catrileo en la institución.
El abogado que presentó la acción judicial, Roberto Ávila, recalcó que la señal que entregó la Contraloría es una “aberración jurídica”, que avala la represión a la nación mapuche.
“Es algo cosa indignante, que repugna no solo jurídicamente, sino que violenta la conciencia más elemental. Un policía que viste un uniforme que representa la ley en la calle, no puede ser simultáneamente un condenado por homicidio. Hemos hecho esta presentación y esperamos respuesta, pues él está obligado legalmente a respondernos. Si nos responde negativamente vamos a hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además eso significa respaldar todos los actos de violencia que la policía pueda desplegar en la zona”, explicó Ávila.
En tanto, los familiares de Matías Catrileo continúan exigiendo el fin de la impunidad en el marco de este caso, a poco menos de un mes de que se cumplan cinco años del homicidio perpetuado por el cabo segundo de Carabineros.
La autoridad máxima del órgano fiscalizador, Ramiro Mendoza, se refirió al dictamen emitido el miércoles por Contraloría General de la República, acerca de la consulta solicitada por Carabineros de Chile sobre la inhabilitación del funcionario Walter Ramírez; condenado por el homicidio de Matías Catrileo en el marco de una protesta al interior de un fundo de Vilcún, Región de La Araucanía.
En ese sentido, Mendoza señaló que la entidad que preside se refirió a una consulta en particular, no obstante, la institución en su reglamento interno cuenta con las facultades y competencias para exigir el retiro del cabo segundo Ramírez.
“No andamos cesando a la gente, nosotros decimos cómo se interpreta el derecho por parte de la administración. Carabineros tiene un estatuto excepcional que dice relación, precisamente, con el prestigio institucional, eso lo decide el alto mando, no lo decide Contraloría. Si es necesario aclarar o complementar ese dictamen, eso lo ponderará Carabineros”, explicó el contralor.
Mendoza recalcó que para dar de baja al suboficial no se necesita la autorización del Tribunal Militar de Valdivia, como lo ha sostenido el Departamento Jurídico de Carabineros, ya que el beneficio acogido a la ley 18.216, sobre el cumplimiento de la condena con penas alternativas, pues la libertad vigilada suspende las otras penas, tanto la general como las accesorias.
Al respecto, la madre de Matías Catrileo, Mónica Quezada acusó al Gobierno y a la institución policial de hacer una maniobra política con el dictamen, criticando la nula reacción del Estado en este crimen y exigió el retiro inmediato del cabo Ramírez de las filas de Carabineros.
“Estuvo dentro de las facultades de los altos mandos de Carabineros haber dado de baja a Ramírez. Ellos hicieron un sumario interno y no lo dieron de baja. Es un uso político el hecho, que tanto el ministro del Interior como el general de Carabineros hayan dicho que Ramírez estuviera de baja cuando en realidad nunca han hecho nada”, acusó la madre del joven.
En este escenario, profesionales y dirigentes vinculados al movimiento Socialismo Allendista presentaron una reclamación al órgano fiscalizador respecto del dictamen emitido, que otorga la venia a que Carabineros mantenga al cabo culpable del homicidio de Catrileo en la institución.
El abogado que presentó la acción judicial, Roberto Ávila, recalcó que la señal que entregó la Contraloría es una “aberración jurídica”, que avala la represión a la nación mapuche.
“Es algo cosa indignante, que repugna no solo jurídicamente, sino que violenta la conciencia más elemental. Un policía que viste un uniforme que representa la ley en la calle, no puede ser simultáneamente un condenado por homicidio. Hemos hecho esta presentación y esperamos respuesta, pues él está obligado legalmente a respondernos. Si nos responde negativamente vamos a hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además eso significa respaldar todos los actos de violencia que la policía pueda desplegar en la zona”, explicó Ávila.
En tanto, los familiares de Matías Catrileo continúan exigiendo el fin de la impunidad en el marco de este caso, a poco menos de un mes de que se cumplan cinco años del homicidio perpetuado por el cabo segundo de Carabineros.
