Como principal hilo conductor de los Informes Anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos “se puede observar una sociedad que ha progresado sobre la base de una concepción individualista de la vida, reforzando con fuerza el derecho de la autonomía”, señaló la directora del organismo Lorena Fries.
Sin embargo, este 2012 advirtió que esta visión ha encontrado sus límites en un debilitamiento del vínculo social y en una desigualdad, que ha generado una fuerte frustración con el sistema político y que explicaría la baja participación y la conflictividad que hoy se vive.
“Nosotros estamos haciendo un llamado de alerta a lo que ha mostrado este año y el pasado también, que es una ruptura del vínculo social y una indiferencia frente a los destinos comunes. Nos parece que el Estado tiene un rol que cumplir allí. Así como nutrir la relación con la comunidad, también tiene que hacer algo para superar los altos niveles de desigualdad y discriminación que hay en Chile”, dijo la abogada.
Frente al florecimiento de protestas, originadas en este descontento, el Instituto alertó sobre el uso de desmedido la fuerza policial y la represión en las movilizaciones, ya sean estudiantiles, regionales, ambientales o por la causa mapuche, reiterando la crítica a la violencia y la utilización de leyes especiales, como la Ley Antiterrorista.
En este punto difirió con fuerza el Gobierno que, por primera vez en los 3 años de entrega del informe, estuvo presente a través del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó que Carabineros siempre tiene la disposición de revisar sus procedimientos y añadió que la citada ley tiene una vigencia democrática plena y no es discriminatoria.
“La Ley Antiterrorista ha sido resuelta y dictada por el Parlamento chileno. Fue ampliamente modificada hace años atrás a instancias de este propio gobierno. Creo que contamos con una ley que hoy está bajo los estándares democráticos, internacionales y que ha sido aprobada por el Congreso, que ha sido revisada y actualizada. En algún momento la utilización de la ley por un tema de pruebas en el Ministerio Público puede poner algunas exigencias mayores para la Fiscalía, pero esa es una situación que pasa todos los días en tribunales”, afirmó el titular de Interior.
Las políticas de Educación y el rol que ha asumido el Estado en su provisión, financiamiento y revisión de la calidad también fueron uno de los temas principales. Según el documento, estas mostrarían un tratamiento limitado en su condición de Derecho, como lo devela, por ejemplo, la falta de fiscalización del lucro a las Universidades.
En esa línea, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) comentó que “acá el informe ha sido muy claro en la comprensión de que cuando hablamos de Derechos Humanos, también nos referimos a las garantías sociales. Eso es lo que hemos planteado como movimiento estudiantil durante todos estos años. Comprender que el derecho a educarse no puede depender de tu factor socioeconómico, de tu etnia cultural o del género. Esos son los factores claves para exigir una educación gratuita, de calidad y pública. Queremos que no se sigan dando oídos sordos sino que se de respuesta porque vemos que está en juego derechos fundamentales de personas y una comprensión de sociedad donde todos valemos por igual”.
El informe destacó con fuerza la situación de comunidades amenazadas por conflictos ambientales como Freirina y trató también la discriminación que viven mujeres, migrantes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, discapacitados, entre otros. En ese sentido, reconoció la Ley Antidiscriminación como un avance, pero apuntó a la necesidad de legislar medias de acción afirmativas para acelerar el camino a la igualdad.
El Instituto sostuvo que para enfrentar esto se requiere un rol más activo del Estado, con la creación de una serie de instituciones que contribuyan al resguardo de los derechos, a incentivar la participación ciudadana y a fiscalizar los abusos, como son la regulación del lobby, Defensoría del Pueblo, adoptar medidas para prevenir la tortura, crear una Corporación de Asistencia Judicial y, por supuesto, una Subsecretaría de Derechos Humanos.
Como principal hilo conductor de los Informes Anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos “se puede observar una sociedad que ha progresado sobre la base de una concepción individualista de la vida, reforzando con fuerza el derecho de la autonomía”, señaló la directora del organismo Lorena Fries.
Sin embargo, este 2012 advirtió que esta visión ha encontrado sus límites en un debilitamiento del vínculo social y en una desigualdad, que ha generado una fuerte frustración con el sistema político y que explicaría la baja participación y la conflictividad que hoy se vive.
“Nosotros estamos haciendo un llamado de alerta a lo que ha mostrado este año y el pasado también, que es una ruptura del vínculo social y una indiferencia frente a los destinos comunes. Nos parece que el Estado tiene un rol que cumplir allí. Así como nutrir la relación con la comunidad, también tiene que hacer algo para superar los altos niveles de desigualdad y discriminación que hay en Chile”, dijo la abogada.
Frente al florecimiento de protestas, originadas en este descontento, el Instituto alertó sobre el uso de desmedido la fuerza policial y la represión en las movilizaciones, ya sean estudiantiles, regionales, ambientales o por la causa mapuche, reiterando la crítica a la violencia y la utilización de leyes especiales, como la Ley Antiterrorista.
En este punto difirió con fuerza el Gobierno que, por primera vez en los 3 años de entrega del informe, estuvo presente a través del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó que Carabineros siempre tiene la disposición de revisar sus procedimientos y añadió que la citada ley tiene una vigencia democrática plena y no es discriminatoria.
“La Ley Antiterrorista ha sido resuelta y dictada por el Parlamento chileno. Fue ampliamente modificada hace años atrás a instancias de este propio gobierno. Creo que contamos con una ley que hoy está bajo los estándares democráticos, internacionales y que ha sido aprobada por el Congreso, que ha sido revisada y actualizada. En algún momento la utilización de la ley por un tema de pruebas en el Ministerio Público puede poner algunas exigencias mayores para la Fiscalía, pero esa es una situación que pasa todos los días en tribunales”, afirmó el titular de Interior.
Las políticas de Educación y el rol que ha asumido el Estado en su provisión, financiamiento y revisión de la calidad también fueron uno de los temas principales. Según el documento, estas mostrarían un tratamiento limitado en su condición de Derecho, como lo devela, por ejemplo, la falta de fiscalización del lucro a las Universidades.
En esa línea, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) comentó que “acá el informe ha sido muy claro en la comprensión de que cuando hablamos de Derechos Humanos, también nos referimos a las garantías sociales. Eso es lo que hemos planteado como movimiento estudiantil durante todos estos años. Comprender que el derecho a educarse no puede depender de tu factor socioeconómico, de tu etnia cultural o del género. Esos son los factores claves para exigir una educación gratuita, de calidad y pública. Queremos que no se sigan dando oídos sordos sino que se de respuesta porque vemos que está en juego derechos fundamentales de personas y una comprensión de sociedad donde todos valemos por igual”.
El informe destacó con fuerza la situación de comunidades amenazadas por conflictos ambientales como Freirina y trató también la discriminación que viven mujeres, migrantes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, discapacitados, entre otros. En ese sentido, reconoció la Ley Antidiscriminación como un avance, pero apuntó a la necesidad de legislar medias de acción afirmativas para acelerar el camino a la igualdad.
El Instituto sostuvo que para enfrentar esto se requiere un rol más activo del Estado, con la creación de una serie de instituciones que contribuyan al resguardo de los derechos, a incentivar la participación ciudadana y a fiscalizar los abusos, como son la regulación del lobby, Defensoría del Pueblo, adoptar medidas para prevenir la tortura, crear una Corporación de Asistencia Judicial y, por supuesto, una Subsecretaría de Derechos Humanos.
Como principal hilo conductor de los Informes Anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos “se puede observar una sociedad que ha progresado sobre la base de una concepción individualista de la vida, reforzando con fuerza el derecho de la autonomía”, señaló la directora del organismo Lorena Fries.
Sin embargo, este 2012 advirtió que esta visión ha encontrado sus límites en un debilitamiento del vínculo social y en una desigualdad, que ha generado una fuerte frustración con el sistema político y que explicaría la baja participación y la conflictividad que hoy se vive.
“Nosotros estamos haciendo un llamado de alerta a lo que ha mostrado este año y el pasado también, que es una ruptura del vínculo social y una indiferencia frente a los destinos comunes. Nos parece que el Estado tiene un rol que cumplir allí. Así como nutrir la relación con la comunidad, también tiene que hacer algo para superar los altos niveles de desigualdad y discriminación que hay en Chile”, dijo la abogada.
Frente al florecimiento de protestas, originadas en este descontento, el Instituto alertó sobre el uso de desmedido la fuerza policial y la represión en las movilizaciones, ya sean estudiantiles, regionales, ambientales o por la causa mapuche, reiterando la crítica a la violencia y la utilización de leyes especiales, como la Ley Antiterrorista.
En este punto difirió con fuerza el Gobierno que, por primera vez en los 3 años de entrega del informe, estuvo presente a través del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó que Carabineros siempre tiene la disposición de revisar sus procedimientos y añadió que la citada ley tiene una vigencia democrática plena y no es discriminatoria.
“La Ley Antiterrorista ha sido resuelta y dictada por el Parlamento chileno. Fue ampliamente modificada hace años atrás a instancias de este propio gobierno. Creo que contamos con una ley que hoy está bajo los estándares democráticos, internacionales y que ha sido aprobada por el Congreso, que ha sido revisada y actualizada. En algún momento la utilización de la ley por un tema de pruebas en el Ministerio Público puede poner algunas exigencias mayores para la Fiscalía, pero esa es una situación que pasa todos los días en tribunales”, afirmó el titular de Interior.
Las políticas de Educación y el rol que ha asumido el Estado en su provisión, financiamiento y revisión de la calidad también fueron uno de los temas principales. Según el documento, estas mostrarían un tratamiento limitado en su condición de Derecho, como lo devela, por ejemplo, la falta de fiscalización del lucro a las Universidades.
En esa línea, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) comentó que “acá el informe ha sido muy claro en la comprensión de que cuando hablamos de Derechos Humanos, también nos referimos a las garantías sociales. Eso es lo que hemos planteado como movimiento estudiantil durante todos estos años. Comprender que el derecho a educarse no puede depender de tu factor socioeconómico, de tu etnia cultural o del género. Esos son los factores claves para exigir una educación gratuita, de calidad y pública. Queremos que no se sigan dando oídos sordos sino que se de respuesta porque vemos que está en juego derechos fundamentales de personas y una comprensión de sociedad donde todos valemos por igual”.
El informe destacó con fuerza la situación de comunidades amenazadas por conflictos ambientales como Freirina y trató también la discriminación que viven mujeres, migrantes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, discapacitados, entre otros. En ese sentido, reconoció la Ley Antidiscriminación como un avance, pero apuntó a la necesidad de legislar medias de acción afirmativas para acelerar el camino a la igualdad.
El Instituto sostuvo que para enfrentar esto se requiere un rol más activo del Estado, con la creación de una serie de instituciones que contribuyan al resguardo de los derechos, a incentivar la participación ciudadana y a fiscalizar los abusos, como son la regulación del lobby, Defensoría del Pueblo, adoptar medidas para prevenir la tortura, crear una Corporación de Asistencia Judicial y, por supuesto, una Subsecretaría de Derechos Humanos.
