La Justicia aceptó la propuesta del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la empresa La Polar, que establece la eliminación de todos los cargos desde la primera repactación unilateral, la restitución del 100 por ciento de los montos pagados en exceso por los clientes y la entrega de un bono de 15 mil 641 pesos a todos los consumidores afectados, no sólo aquellos que presentaron acciones judiciales.
Según el ministro de Economía, Pablo Longueira, “hoy es un día histórico para los consumidores del país, con este acuerdo se establece un antes y un después en materia de defensa de los derechos de los consumidores”, añadiendo que la empresa debe “hacerse responsable de los abusos cometidos a casi un millón de chilenos por un monto sin precedentes de más de 685 millones de dólares, que irán en beneficio de todos los afectados por estos cobros ilegales”.
Además, el titular de Estado aplaudió la gestión del Sernac en la conciliación, dando por cerrado el caso. En este sentido, el director del organismo, Juan José Ossa, indicó que “hoy los consumidores cuentan con un nuevo escenario legal y la certeza de que esto no volverá a ocurrir en Chile”.
Aunque el presidente de la Liga Chilena de Consumidores, Rubén Andino, reconoció el acuerdo como un avance, manifestó su preocupación frente a que el Tribunal no acogiera ciertas observaciones y mantuviera una serie de deficiencias.
“Se mantendrían como clientes de manera ‘forzada’ con la empresa, porque después de haberse hecho todas las correcciones a los abusos cometidos estas personas siguen siendo deudoras de La Polar y comienzan a aplicarse, desde julio de 2011 en adelante, tasas de interés que nos parecen igual de excesivas para el daño causado”, explicó el dirigente.
Andino agregó que “también nos parece que son muy bajas las indemnizaciones, considerando que algunos de estos deudores sufrieron no solamente daños personales de su patrimonio, sino situaciones que afectaron su entorno y sus familias”.
Con ello coincidió Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien hizo un llamado a los consumidores a “preparase para una defensa en tribunales”, ya que La Polar –posiblemente- demandaría a los morosos para cobrar la deuda y solicitar el castigo de la misma, acogiéndose a las rebajas del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esto sería un tema posterior a la conciliación, precisó, y tendría un costo para cada cliente, los que –además- no están protegidos. En este sentido, Calderón afirmó que, “se hizo todo lo posible por salvar la empresa, pero no se ha dicho la verdad”, pues el costo del daño que produjo es mucho mayor a lo que cancelará, ya que los precios fueron inflados por las repactaciones.
“En términos reales la supuesta indemnización le saldrá a la empresa 60 millones de dólares, lo que –calculamos- es sólo el 10 por ciento de lo que apunta el ministro”, denunció Calderón.
Frente a este escenario, Calderón advirtió que, más allá de los actos de la empresa, “aquí hay una responsabilidad mayor de instituciones que no tuvieron la capacidad de fiscalizar, de regular de controlar, de entes gubernamentales y estatales que son los que propiciaron que esto ocurriera por sus omisiones, por las faltas a su obligación y al mandato que les daba la ley. No puede ser que las autoridades fiscalizadoras no se hayan dado cuenta y eso es lo que nos produce mayor desconfianza”, añadió el presidente de Conadecus.
En este contexto, las organizaciones apuntaron a la necesidad de superar la debilidad que tiene la legislación encargada de proteger a los consumidores, ya que éstos se encuentran en una situación de total disparidad de fuerzas frente al poder económico y político de las grandes empresas, así como su capacidad de presión y lobby.
La Justicia aceptó la propuesta del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la empresa La Polar, que establece la eliminación de todos los cargos desde la primera repactación unilateral, la restitución del 100 por ciento de los montos pagados en exceso por los clientes y la entrega de un bono de 15 mil 641 pesos a todos los consumidores afectados, no sólo aquellos que presentaron acciones judiciales.
Según el ministro de Economía, Pablo Longueira, “hoy es un día histórico para los consumidores del país, con este acuerdo se establece un antes y un después en materia de defensa de los derechos de los consumidores”, añadiendo que la empresa debe “hacerse responsable de los abusos cometidos a casi un millón de chilenos por un monto sin precedentes de más de 685 millones de dólares, que irán en beneficio de todos los afectados por estos cobros ilegales”.
Además, el titular de Estado aplaudió la gestión del Sernac en la conciliación, dando por cerrado el caso. En este sentido, el director del organismo, Juan José Ossa, indicó que “hoy los consumidores cuentan con un nuevo escenario legal y la certeza de que esto no volverá a ocurrir en Chile”.
Aunque el presidente de la Liga Chilena de Consumidores, Rubén Andino, reconoció el acuerdo como un avance, manifestó su preocupación frente a que el Tribunal no acogiera ciertas observaciones y mantuviera una serie de deficiencias.
“Se mantendrían como clientes de manera ‘forzada’ con la empresa, porque después de haberse hecho todas las correcciones a los abusos cometidos estas personas siguen siendo deudoras de La Polar y comienzan a aplicarse, desde julio de 2011 en adelante, tasas de interés que nos parecen igual de excesivas para el daño causado”, explicó el dirigente.
Andino agregó que “también nos parece que son muy bajas las indemnizaciones, considerando que algunos de estos deudores sufrieron no solamente daños personales de su patrimonio, sino situaciones que afectaron su entorno y sus familias”.
Con ello coincidió Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien hizo un llamado a los consumidores a “preparase para una defensa en tribunales”, ya que La Polar –posiblemente- demandaría a los morosos para cobrar la deuda y solicitar el castigo de la misma, acogiéndose a las rebajas del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esto sería un tema posterior a la conciliación, precisó, y tendría un costo para cada cliente, los que –además- no están protegidos. En este sentido, Calderón afirmó que, “se hizo todo lo posible por salvar la empresa, pero no se ha dicho la verdad”, pues el costo del daño que produjo es mucho mayor a lo que cancelará, ya que los precios fueron inflados por las repactaciones.
“En términos reales la supuesta indemnización le saldrá a la empresa 60 millones de dólares, lo que –calculamos- es sólo el 10 por ciento de lo que apunta el ministro”, denunció Calderón.
Frente a este escenario, Calderón advirtió que, más allá de los actos de la empresa, “aquí hay una responsabilidad mayor de instituciones que no tuvieron la capacidad de fiscalizar, de regular de controlar, de entes gubernamentales y estatales que son los que propiciaron que esto ocurriera por sus omisiones, por las faltas a su obligación y al mandato que les daba la ley. No puede ser que las autoridades fiscalizadoras no se hayan dado cuenta y eso es lo que nos produce mayor desconfianza”, añadió el presidente de Conadecus.
En este contexto, las organizaciones apuntaron a la necesidad de superar la debilidad que tiene la legislación encargada de proteger a los consumidores, ya que éstos se encuentran en una situación de total disparidad de fuerzas frente al poder económico y político de las grandes empresas, así como su capacidad de presión y lobby.
La Justicia aceptó la propuesta del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la empresa La Polar, que establece la eliminación de todos los cargos desde la primera repactación unilateral, la restitución del 100 por ciento de los montos pagados en exceso por los clientes y la entrega de un bono de 15 mil 641 pesos a todos los consumidores afectados, no sólo aquellos que presentaron acciones judiciales.
Según el ministro de Economía, Pablo Longueira, “hoy es un día histórico para los consumidores del país, con este acuerdo se establece un antes y un después en materia de defensa de los derechos de los consumidores”, añadiendo que la empresa debe “hacerse responsable de los abusos cometidos a casi un millón de chilenos por un monto sin precedentes de más de 685 millones de dólares, que irán en beneficio de todos los afectados por estos cobros ilegales”.
Además, el titular de Estado aplaudió la gestión del Sernac en la conciliación, dando por cerrado el caso. En este sentido, el director del organismo, Juan José Ossa, indicó que “hoy los consumidores cuentan con un nuevo escenario legal y la certeza de que esto no volverá a ocurrir en Chile”.
Aunque el presidente de la Liga Chilena de Consumidores, Rubén Andino, reconoció el acuerdo como un avance, manifestó su preocupación frente a que el Tribunal no acogiera ciertas observaciones y mantuviera una serie de deficiencias.
“Se mantendrían como clientes de manera ‘forzada’ con la empresa, porque después de haberse hecho todas las correcciones a los abusos cometidos estas personas siguen siendo deudoras de La Polar y comienzan a aplicarse, desde julio de 2011 en adelante, tasas de interés que nos parecen igual de excesivas para el daño causado”, explicó el dirigente.
Andino agregó que “también nos parece que son muy bajas las indemnizaciones, considerando que algunos de estos deudores sufrieron no solamente daños personales de su patrimonio, sino situaciones que afectaron su entorno y sus familias”.
Con ello coincidió Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien hizo un llamado a los consumidores a “preparase para una defensa en tribunales”, ya que La Polar –posiblemente- demandaría a los morosos para cobrar la deuda y solicitar el castigo de la misma, acogiéndose a las rebajas del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esto sería un tema posterior a la conciliación, precisó, y tendría un costo para cada cliente, los que –además- no están protegidos. En este sentido, Calderón afirmó que, “se hizo todo lo posible por salvar la empresa, pero no se ha dicho la verdad”, pues el costo del daño que produjo es mucho mayor a lo que cancelará, ya que los precios fueron inflados por las repactaciones.
“En términos reales la supuesta indemnización le saldrá a la empresa 60 millones de dólares, lo que –calculamos- es sólo el 10 por ciento de lo que apunta el ministro”, denunció Calderón.
Frente a este escenario, Calderón advirtió que, más allá de los actos de la empresa, “aquí hay una responsabilidad mayor de instituciones que no tuvieron la capacidad de fiscalizar, de regular de controlar, de entes gubernamentales y estatales que son los que propiciaron que esto ocurriera por sus omisiones, por las faltas a su obligación y al mandato que les daba la ley. No puede ser que las autoridades fiscalizadoras no se hayan dado cuenta y eso es lo que nos produce mayor desconfianza”, añadió el presidente de Conadecus.
En este contexto, las organizaciones apuntaron a la necesidad de superar la debilidad que tiene la legislación encargada de proteger a los consumidores, ya que éstos se encuentran en una situación de total disparidad de fuerzas frente al poder económico y político de las grandes empresas, así como su capacidad de presión y lobby.
