La sala de la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a cuatro de cinco ítems de la Ley de Presupuesto 2013, pero no logró los dos tercios de quórum que requería para insistir con sus propuestas.
De este modo, el Gobierno logró el objetivo de bloquear cuatro indicaciones que se referían a la extensión de programas de empleo en la región del Biobío, el pago de aguinaldos a los beneficiarios de esos planes, beneficios a jubilados de la carbonífera Schwager y condiciones del plan de desarrollo de la provincia de Arauco, como la construcción de centros de formación técnica y otras iniciativas.
El quinto punto vetado por el Ejecutivo, que corregía la redacción de una glosa relacionada con la adquisición de inmuebles para el Mineduc, no generó desacuerdo y logró apoyo de la Cámara.
Segun el veto firmado por el Presidente Piñera, las indicaciones vulneraban la Constitución al asignar recursos, facultad que es exclusiva del Ejecutivo.
Así lo respaldó también el senador RN José García Ruminot, quien indicó que pese a que las necesidades de la ciudadanía pueden ser legítimas, se debe resguardar el orden institucional: “Todos los parlamentarios tenemos diversos sectores ciudadanos que nos piden diferentes tipos de beneficios, entonces si se acepta este precedente, imagínese el próximo año la cantidad de indicaciones que se van a hacer a la Ley de Presupuesto. Siempre hay muchas necesidades y una cantidad enorme de demandas, pero le corresponde al Ejecutivo, no a los parlamentarios”, dijo.
La decisión fue respaldada también por la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, quien fue más dura y sostuvo que los planes de empleo en cuestión han sido manejados políticamente porque sus beneficiarios luego participan en campañas políticas de los mismos parlamentarios.
Esto generó la molestia del legislador socialista Manuel Monsalve, autor de las indicaciones vetadas, quien recalcó que “es una medida extrema, una medida extraordinaria. Que el Gobierno tenga que involucrar directamente al Presidente para eliminar derechos, implica que toda la cadena para gobernar fracasó”.
Asimismo, Monsalve sostuvo que “las palabras de la ministra no solo son un insulto, sino que además es no entender cómo se establecen políticas de desarrollo en zonas rezagadas de Chile. Esto no es Santiago, Providencia ni Las Condes, donde vive la ministra. Estas son las zonas más pobres de Chile y el Estado, no un Gobierno, tiene que hacerse responsable de políticas de contingencia para que la gente pueda comer y políticas sustentables para que la gente tenga verdaderas posibilidades de desarrollo en el futuro”.
Pero el veto generó rechazo también en sectores del oficialismo. Parlamentarios de la región del Biobío, como el senador UDI Víctor Pérez, manifestaron de inmediato su desacuerdo con el oficio del Presidente Piñera.
También lo hizo el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien consideró que el Gobierno está dando señales equivocadas: “Debemos generar las condiciones para que los ex trabajadores tengan una jubilación digna, porque han entregado toda una vida al servicio de nuestro país. En el caso de los programas de empleo, es necesario precisar que nuestro Gobierno debe generar las condiciones para que tengan un trabajo digno pero en mejores condiciones laborales. Creemos que lo que se ha pedido, las vacaciones, bonos de Navidad y Año Nuevo, el derecho a vacaciones, es algo legítimo a lo que todos los trabajadores tienen derecho y lamento que nuestro Gobierno no haya acogido esta propuesta”, señaló.
El veto deberá ser visto ahora por la comisión de Hacienda del Senado, aunque en el Congreso se considera que luego del resultado en la Cámara, es virtualmente imposible que las modificaciones introducidas por los parlamentarios puedan finalmente ser promulgadas.
La sala de la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a cuatro de cinco ítems de la Ley de Presupuesto 2013, pero no logró los dos tercios de quórum que requería para insistir con sus propuestas.
De este modo, el Gobierno logró el objetivo de bloquear cuatro indicaciones que se referían a la extensión de programas de empleo en la región del Biobío, el pago de aguinaldos a los beneficiarios de esos planes, beneficios a jubilados de la carbonífera Schwager y condiciones del plan de desarrollo de la provincia de Arauco, como la construcción de centros de formación técnica y otras iniciativas.
El quinto punto vetado por el Ejecutivo, que corregía la redacción de una glosa relacionada con la adquisición de inmuebles para el Mineduc, no generó desacuerdo y logró apoyo de la Cámara.
Segun el veto firmado por el Presidente Piñera, las indicaciones vulneraban la Constitución al asignar recursos, facultad que es exclusiva del Ejecutivo.
Así lo respaldó también el senador RN José García Ruminot, quien indicó que pese a que las necesidades de la ciudadanía pueden ser legítimas, se debe resguardar el orden institucional: “Todos los parlamentarios tenemos diversos sectores ciudadanos que nos piden diferentes tipos de beneficios, entonces si se acepta este precedente, imagínese el próximo año la cantidad de indicaciones que se van a hacer a la Ley de Presupuesto. Siempre hay muchas necesidades y una cantidad enorme de demandas, pero le corresponde al Ejecutivo, no a los parlamentarios”, dijo.
La decisión fue respaldada también por la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, quien fue más dura y sostuvo que los planes de empleo en cuestión han sido manejados políticamente porque sus beneficiarios luego participan en campañas políticas de los mismos parlamentarios.
Esto generó la molestia del legislador socialista Manuel Monsalve, autor de las indicaciones vetadas, quien recalcó que “es una medida extrema, una medida extraordinaria. Que el Gobierno tenga que involucrar directamente al Presidente para eliminar derechos, implica que toda la cadena para gobernar fracasó”.
Asimismo, Monsalve sostuvo que “las palabras de la ministra no solo son un insulto, sino que además es no entender cómo se establecen políticas de desarrollo en zonas rezagadas de Chile. Esto no es Santiago, Providencia ni Las Condes, donde vive la ministra. Estas son las zonas más pobres de Chile y el Estado, no un Gobierno, tiene que hacerse responsable de políticas de contingencia para que la gente pueda comer y políticas sustentables para que la gente tenga verdaderas posibilidades de desarrollo en el futuro”.
Pero el veto generó rechazo también en sectores del oficialismo. Parlamentarios de la región del Biobío, como el senador UDI Víctor Pérez, manifestaron de inmediato su desacuerdo con el oficio del Presidente Piñera.
También lo hizo el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien consideró que el Gobierno está dando señales equivocadas: “Debemos generar las condiciones para que los ex trabajadores tengan una jubilación digna, porque han entregado toda una vida al servicio de nuestro país. En el caso de los programas de empleo, es necesario precisar que nuestro Gobierno debe generar las condiciones para que tengan un trabajo digno pero en mejores condiciones laborales. Creemos que lo que se ha pedido, las vacaciones, bonos de Navidad y Año Nuevo, el derecho a vacaciones, es algo legítimo a lo que todos los trabajadores tienen derecho y lamento que nuestro Gobierno no haya acogido esta propuesta”, señaló.
El veto deberá ser visto ahora por la comisión de Hacienda del Senado, aunque en el Congreso se considera que luego del resultado en la Cámara, es virtualmente imposible que las modificaciones introducidas por los parlamentarios puedan finalmente ser promulgadas.
La sala de la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a cuatro de cinco ítems de la Ley de Presupuesto 2013, pero no logró los dos tercios de quórum que requería para insistir con sus propuestas.
De este modo, el Gobierno logró el objetivo de bloquear cuatro indicaciones que se referían a la extensión de programas de empleo en la región del Biobío, el pago de aguinaldos a los beneficiarios de esos planes, beneficios a jubilados de la carbonífera Schwager y condiciones del plan de desarrollo de la provincia de Arauco, como la construcción de centros de formación técnica y otras iniciativas.
El quinto punto vetado por el Ejecutivo, que corregía la redacción de una glosa relacionada con la adquisición de inmuebles para el Mineduc, no generó desacuerdo y logró apoyo de la Cámara.
Segun el veto firmado por el Presidente Piñera, las indicaciones vulneraban la Constitución al asignar recursos, facultad que es exclusiva del Ejecutivo.
Así lo respaldó también el senador RN José García Ruminot, quien indicó que pese a que las necesidades de la ciudadanía pueden ser legítimas, se debe resguardar el orden institucional: “Todos los parlamentarios tenemos diversos sectores ciudadanos que nos piden diferentes tipos de beneficios, entonces si se acepta este precedente, imagínese el próximo año la cantidad de indicaciones que se van a hacer a la Ley de Presupuesto. Siempre hay muchas necesidades y una cantidad enorme de demandas, pero le corresponde al Ejecutivo, no a los parlamentarios”, dijo.
La decisión fue respaldada también por la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, quien fue más dura y sostuvo que los planes de empleo en cuestión han sido manejados políticamente porque sus beneficiarios luego participan en campañas políticas de los mismos parlamentarios.
Esto generó la molestia del legislador socialista Manuel Monsalve, autor de las indicaciones vetadas, quien recalcó que “es una medida extrema, una medida extraordinaria. Que el Gobierno tenga que involucrar directamente al Presidente para eliminar derechos, implica que toda la cadena para gobernar fracasó”.
Asimismo, Monsalve sostuvo que “las palabras de la ministra no solo son un insulto, sino que además es no entender cómo se establecen políticas de desarrollo en zonas rezagadas de Chile. Esto no es Santiago, Providencia ni Las Condes, donde vive la ministra. Estas son las zonas más pobres de Chile y el Estado, no un Gobierno, tiene que hacerse responsable de políticas de contingencia para que la gente pueda comer y políticas sustentables para que la gente tenga verdaderas posibilidades de desarrollo en el futuro”.
Pero el veto generó rechazo también en sectores del oficialismo. Parlamentarios de la región del Biobío, como el senador UDI Víctor Pérez, manifestaron de inmediato su desacuerdo con el oficio del Presidente Piñera.
También lo hizo el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien consideró que el Gobierno está dando señales equivocadas: “Debemos generar las condiciones para que los ex trabajadores tengan una jubilación digna, porque han entregado toda una vida al servicio de nuestro país. En el caso de los programas de empleo, es necesario precisar que nuestro Gobierno debe generar las condiciones para que tengan un trabajo digno pero en mejores condiciones laborales. Creemos que lo que se ha pedido, las vacaciones, bonos de Navidad y Año Nuevo, el derecho a vacaciones, es algo legítimo a lo que todos los trabajadores tienen derecho y lamento que nuestro Gobierno no haya acogido esta propuesta”, señaló.
El veto deberá ser visto ahora por la comisión de Hacienda del Senado, aunque en el Congreso se considera que luego del resultado en la Cámara, es virtualmente imposible que las modificaciones introducidas por los parlamentarios puedan finalmente ser promulgadas.
