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Organizaciones por procesamiento a cúpula de la DINA: “Queda la sensación de que en Chile hay menos impunidad”

Hace unos días y antes de retirarse debido a su jubilación, el juez Alejando Solís, encargó como reos a 13 agentes de la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por la desaparición y la muerte de 20 opositores al régimen militar, detenidos en el centro de reclusión clandestino “Villa Grimaldi” entre 1974 y 1977. Pese a su importancia y el impulso que significa en la búsqueda de la verdad y justicia, el hecho no causó mayor impacto en los medios de comunicación nacionales.

Paula Correa

  Miércoles 12 de diciembre 2012 20:16 hrs. 
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Por las figuras penales de secuestro y homicidio calificado, el juez Soliz procesó a un listado de agentes de la DINA, encabezado por su ex director, el general en retiro Manuel Contreras, y donde figuran nombres como Krassnoff, Moren Brito o Espinoza.

En la resolución se afirma que fueron autores de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal” que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, a quienes consideraba enemigos políticos, el mismísimo Presidente de la República”. Días después, el juez afirmó que Pinochet conocía los delitos que cometía la DINA.

En el documento se mencionan una a una las víctimas de estos crímenes ocurridos en el centro de detención, secuestro y exterminio Villa Grimaldi.

Sobre el alcance de la resolución, Margarita Romero, presidenta de la hoy llamada, “Corporación Parque por la Paz, Villa Grimaldi” comentó que  “es un avance muy importante en justicia y en relación a las causas de violación a los derechos humanos de Villa Grimaldi. Esto comienza en el año 2001-2002, el estudio de estos casos, es decir, se ha hecho una investigación por una cantidad importante de años. Hay casos de personas que desaparecieron en 1974, 1975 y 1977, es decir, los familiares han esperado más de 38 años para ver un poquito de justicia”.

La presidenta del espacio de memoria añadió que estos actos de procesamiento entregan información necesaria para demostrar el nivel de violencia que se vivió en estos centros clandestinos de tortura, ya que quienes pasaron por aquí se transformaron en desaparecidos.

Michele Drouilly, es hermana Jacqueline, quien estudiaba Servicio Social en la Universidad de Chile, militaba en el MIR y fue detenida a los 24 años. Hoy a casi 40 años de su desaparición, la mujer criticó la tardanza de la resolución, pero afirmó que –igualmente- contribuye al proceso de búsqueda de verdad y justicia en Chile.

En este sentido, la hermana de la víctima de la represión en la dictadura señaló que “esto ha sido tremendamente largo y es evidente que muchas veces, uno se preguntaba, hasta cuándo va a durar, cómo algo tan tremendamente evidente y con tantas pruebas puede durar tanto, cómo algo que es tan importante, que es tan vital, como son las violaciones a los derechos humanos se pueda alargar, pero al menos llegó y deja la sensación de que en Chile hay menos impunidad”.

Sin embargo, hay mucho por hacer. Aún no se sabe como se hizo desaparecer a estas personas, quedan cientos de casos por resolver y además, señaló, hay muchísimas víctimas que no fueron declaradas por sus familias y acciones judiciales que no se han presentado.

Frente a esto, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó que esto no es raro si se considera que el poder judicial es responsable, como institución, del genocidio y terrorismo de Estado. Además, se refirió a la escaza reacción nacional frente a un hecho tan relevante como esta noticia.

En esa línea, la presidenta de la agrupación afirmó que “en otro país, yo diría cruzando la Cordillera, en Argentina, desde la Presidenta de la República hacia abajo habrían sentido que es una noticia nacional porque involucra avanzar en el Nunca Más. En Chile se invisibiliza, en Chile no se le considera, en Chile es casi una piedra en el zapato, pero son las autoridades que fueron cómplice de los crímenes contra la humanidad y los otros son los políticos que fueron parte de estos 20 años de transición que hicieron la justicia en la medida de lo posible, que también era impunidad”.

La dirigenta añadió que hoy es más que necesario continuar con las acciones judiciales y que el ejército, las fuerzas armadas y aéreas, así como los civiles que formaron parte del gobierno, entreguen toda la información que tengan en tribunales, para avanzar en materia de verdad y justicia, con el fin de dar los siguientes pasos: realizar la reivindicación de las víctimas y comenzar la reparación.

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