La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó un recurso de protección contra el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a quien acusan de denegar derechos constitucionales al no firmar más de cien querellas por violaciones a derechos humanos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación, recordó que dichas querellas han sido preparadas por el propio programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, pero se necesita la firma del subsecretario para hacerlas efectivas en tribunales, ante lo cual Ubilla no ha actuado con diligencia, según la dirigente.
Los familiares de ejecutados políticos se han reunido con Rodrigo Ubilla, le han enviado cartas, han ocupado pacíficamente la oficina del programa de derechos humanos y, sin embargo, éste sólo ha firmado menos de 20 querellas, mientras victimarios y testigos siguen muriendo y la impunidad se consolida, indicaron.
“Hemos tenido dos entrevistas, la última el 27 de julio, donde se comprometió a firmar. Ha signado 16 de más de 100 querellas. Él sabe que debe hacerlo. Es dramático, porque los victimarios están muriendo en impunidad. Acá no hay voluntad política para que el Poder Judicial investigue estas querellas”, señaló Lira.
La agrupación de familiares de ejecutados políticos denunció que mientras no exista voluntad política para hacer cursar querellas por delitos de lesa humanidad, la autoridad entrega beneficios dominicales a criminales como el ex agente de la CNI Odlanier Mena.
El abogado patrocinante, Marcelo Tapia, explicó que es incomprensible que el subsecretario no dé curso a querellas elaboradas por una instancia dependiente del propio Ministerio del Interior.
“Nosotros acusamos que no hay actitud activa ni convencida sobre la base de los tratados de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior, específicamente del gobierno chileno”, declaró Tapia.
Esta acción legal se suma a la querella presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, junto a la de Detenidos Desaparecidos, contra quienes resulten responsables políticos del Golpe de Estado de 1973.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó un recurso de protección contra el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a quien acusan de denegar derechos constitucionales al no firmar más de cien querellas por violaciones a derechos humanos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación, recordó que dichas querellas han sido preparadas por el propio programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, pero se necesita la firma del subsecretario para hacerlas efectivas en tribunales, ante lo cual Ubilla no ha actuado con diligencia, según la dirigente.
Los familiares de ejecutados políticos se han reunido con Rodrigo Ubilla, le han enviado cartas, han ocupado pacíficamente la oficina del programa de derechos humanos y, sin embargo, éste sólo ha firmado menos de 20 querellas, mientras victimarios y testigos siguen muriendo y la impunidad se consolida, indicaron.
“Hemos tenido dos entrevistas, la última el 27 de julio, donde se comprometió a firmar. Ha signado 16 de más de 100 querellas. Él sabe que debe hacerlo. Es dramático, porque los victimarios están muriendo en impunidad. Acá no hay voluntad política para que el Poder Judicial investigue estas querellas”, señaló Lira.
La agrupación de familiares de ejecutados políticos denunció que mientras no exista voluntad política para hacer cursar querellas por delitos de lesa humanidad, la autoridad entrega beneficios dominicales a criminales como el ex agente de la CNI Odlanier Mena.
El abogado patrocinante, Marcelo Tapia, explicó que es incomprensible que el subsecretario no dé curso a querellas elaboradas por una instancia dependiente del propio Ministerio del Interior.
“Nosotros acusamos que no hay actitud activa ni convencida sobre la base de los tratados de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior, específicamente del gobierno chileno”, declaró Tapia.
Esta acción legal se suma a la querella presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, junto a la de Detenidos Desaparecidos, contra quienes resulten responsables políticos del Golpe de Estado de 1973.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó un recurso de protección contra el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a quien acusan de denegar derechos constitucionales al no firmar más de cien querellas por violaciones a derechos humanos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación, recordó que dichas querellas han sido preparadas por el propio programa de Derechos Humanos del ministerio de Interior, pero se necesita la firma del subsecretario para hacerlas efectivas en tribunales, ante lo cual Ubilla no ha actuado con diligencia, según la dirigente.
Los familiares de ejecutados políticos se han reunido con Rodrigo Ubilla, le han enviado cartas, han ocupado pacíficamente la oficina del programa de derechos humanos y, sin embargo, éste sólo ha firmado menos de 20 querellas, mientras victimarios y testigos siguen muriendo y la impunidad se consolida, indicaron.
“Hemos tenido dos entrevistas, la última el 27 de julio, donde se comprometió a firmar. Ha signado 16 de más de 100 querellas. Él sabe que debe hacerlo. Es dramático, porque los victimarios están muriendo en impunidad. Acá no hay voluntad política para que el Poder Judicial investigue estas querellas”, señaló Lira.
La agrupación de familiares de ejecutados políticos denunció que mientras no exista voluntad política para hacer cursar querellas por delitos de lesa humanidad, la autoridad entrega beneficios dominicales a criminales como el ex agente de la CNI Odlanier Mena.
El abogado patrocinante, Marcelo Tapia, explicó que es incomprensible que el subsecretario no dé curso a querellas elaboradas por una instancia dependiente del propio Ministerio del Interior.
“Nosotros acusamos que no hay actitud activa ni convencida sobre la base de los tratados de Derechos Humanos desde el Ministerio del Interior, específicamente del gobierno chileno”, declaró Tapia.
Esta acción legal se suma a la querella presentada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, junto a la de Detenidos Desaparecidos, contra quienes resulten responsables políticos del Golpe de Estado de 1973.
