Senadores de oposición presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, para impugnar algunos artículos de la Ley de Pesca, despachada ayer por el Congreso.
Se trata de un grupo transversal de 11 parlamentarios de oposición, entre los que se incluye el presidente del Senado, Camilo Escalona, el vicepresidente, Alejandro Navarro, además de Ximena Rincón, Jaime Quintana, José Antonio Gómez, Isabel Allende y Guido Girardi.
El primer recurso busca impugnar los artículos 26A inciso 1ero y 3ero, 26B y 2do transitorio de la Ley de Pesca, relativos a las concesiones, su durabilidad y las exigencias para su renovación.
Según Camilo Escalona, la normativa niega el principio de libertad económica que establece la Constitución de nuestro país.
“La Ley de Pesca implica consolidar un privilegio odioso en nuestra sociedad. La sola clasificación de licencias clase A y clase B que se otorgan de manera permanente dándole el privilegio de clase A a los que recibieron un permiso que es una autorización administrativa para acceder a los recursos, desde nuestro punto de vista es una flagrante violación de las normas por las que estamos obligados a guiarnos”, comentó Escalona.
El segundo requerimiento constitucional pretende demostrar que la legislación es arbitraria y discriminatoria, debido a que no reconoce los derechos históricos de los pueblos originarios y no considera el Convenio 169 de la OIT, según indicó el senador PPD Eugenio Tuma.
“Se habla de la cuota de pesca para los industriales de un 92 por ciento, para los pescadores artesanales de un 8 por ciento y del total de eso se va a garantizar un uno por ciento para las pymes un dos por ciento para investigación, lo que nos parece bien, pero para los indígenas esta ley constituye un abuso. Una discriminación arbitraria porque sus derechos históricos no les son reconocidos. Creemos que el Tribunal Constitucional tiene que acoger esta reclamación”, señaló el legislador.
El Tribunal Constitucional tendrá 15 días, o 30 si decide extender el plazo para resolver ambos recursos.
Esto, a juicio de los legisladores requirentes no anula el proceso de promulgación de la nueva Ley de Pesca, ya que, por ley, igual debe ser revisada por el TC, debido a algunas indicaciones de carácter orgánico.
Por esto, es que los senadores opositores dijeron esperar que el Ejecutivo sustituya los artículos que se buscan impugnar.
Senadores de oposición presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, para impugnar algunos artículos de la Ley de Pesca, despachada ayer por el Congreso.
Se trata de un grupo transversal de 11 parlamentarios de oposición, entre los que se incluye el presidente del Senado, Camilo Escalona, el vicepresidente, Alejandro Navarro, además de Ximena Rincón, Jaime Quintana, José Antonio Gómez, Isabel Allende y Guido Girardi.
El primer recurso busca impugnar los artículos 26A inciso 1ero y 3ero, 26B y 2do transitorio de la Ley de Pesca, relativos a las concesiones, su durabilidad y las exigencias para su renovación.
Según Camilo Escalona, la normativa niega el principio de libertad económica que establece la Constitución de nuestro país.
“La Ley de Pesca implica consolidar un privilegio odioso en nuestra sociedad. La sola clasificación de licencias clase A y clase B que se otorgan de manera permanente dándole el privilegio de clase A a los que recibieron un permiso que es una autorización administrativa para acceder a los recursos, desde nuestro punto de vista es una flagrante violación de las normas por las que estamos obligados a guiarnos”, comentó Escalona.
El segundo requerimiento constitucional pretende demostrar que la legislación es arbitraria y discriminatoria, debido a que no reconoce los derechos históricos de los pueblos originarios y no considera el Convenio 169 de la OIT, según indicó el senador PPD Eugenio Tuma.
“Se habla de la cuota de pesca para los industriales de un 92 por ciento, para los pescadores artesanales de un 8 por ciento y del total de eso se va a garantizar un uno por ciento para las pymes un dos por ciento para investigación, lo que nos parece bien, pero para los indígenas esta ley constituye un abuso. Una discriminación arbitraria porque sus derechos históricos no les son reconocidos. Creemos que el Tribunal Constitucional tiene que acoger esta reclamación”, señaló el legislador.
El Tribunal Constitucional tendrá 15 días, o 30 si decide extender el plazo para resolver ambos recursos.
Esto, a juicio de los legisladores requirentes no anula el proceso de promulgación de la nueva Ley de Pesca, ya que, por ley, igual debe ser revisada por el TC, debido a algunas indicaciones de carácter orgánico.
Por esto, es que los senadores opositores dijeron esperar que el Ejecutivo sustituya los artículos que se buscan impugnar.
Senadores de oposición presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional, para impugnar algunos artículos de la Ley de Pesca, despachada ayer por el Congreso.
Se trata de un grupo transversal de 11 parlamentarios de oposición, entre los que se incluye el presidente del Senado, Camilo Escalona, el vicepresidente, Alejandro Navarro, además de Ximena Rincón, Jaime Quintana, José Antonio Gómez, Isabel Allende y Guido Girardi.
El primer recurso busca impugnar los artículos 26A inciso 1ero y 3ero, 26B y 2do transitorio de la Ley de Pesca, relativos a las concesiones, su durabilidad y las exigencias para su renovación.
Según Camilo Escalona, la normativa niega el principio de libertad económica que establece la Constitución de nuestro país.
“La Ley de Pesca implica consolidar un privilegio odioso en nuestra sociedad. La sola clasificación de licencias clase A y clase B que se otorgan de manera permanente dándole el privilegio de clase A a los que recibieron un permiso que es una autorización administrativa para acceder a los recursos, desde nuestro punto de vista es una flagrante violación de las normas por las que estamos obligados a guiarnos”, comentó Escalona.
El segundo requerimiento constitucional pretende demostrar que la legislación es arbitraria y discriminatoria, debido a que no reconoce los derechos históricos de los pueblos originarios y no considera el Convenio 169 de la OIT, según indicó el senador PPD Eugenio Tuma.
“Se habla de la cuota de pesca para los industriales de un 92 por ciento, para los pescadores artesanales de un 8 por ciento y del total de eso se va a garantizar un uno por ciento para las pymes un dos por ciento para investigación, lo que nos parece bien, pero para los indígenas esta ley constituye un abuso. Una discriminación arbitraria porque sus derechos históricos no les son reconocidos. Creemos que el Tribunal Constitucional tiene que acoger esta reclamación”, señaló el legislador.
El Tribunal Constitucional tendrá 15 días, o 30 si decide extender el plazo para resolver ambos recursos.
Esto, a juicio de los legisladores requirentes no anula el proceso de promulgación de la nueva Ley de Pesca, ya que, por ley, igual debe ser revisada por el TC, debido a algunas indicaciones de carácter orgánico.
Por esto, es que los senadores opositores dijeron esperar que el Ejecutivo sustituya los artículos que se buscan impugnar.
