Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que reserva para el Estado y sus empresas la exploración y explotación del litio, esto en respuesta a la fallida licitación de contratos de operación, que el ministerio de Minería declarara desierta luego de la errónea adjudicación de SQM.
Si bien la asignación al Estado del control del mineral es la postura esperada tanto del mundo académico como de la ciudadanía, otro punto que destaca es la transversalidad de los parlamentarios que firman el texto, que incluye a independientes, de la Concertación, el Partido Comunista y la UDI, restándose sólo la bancada de Renovación Nacional.
El diputado del PRI, Pedro Araya, llamó al Gobierno a llevar la discusión al Parlamento, para definir una política que defina los intereses del país en torno a las utilidades del litio.
Araya indicó que “este proyecto busca una participación activa del Estado en torno a la explotación del litio. Extrañé del Gobierno que haya instalado una discusión nacional en torno a qué hacer con el litio a través del Parlamento, con distintos proyectos de ley como los que hay tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.
El documento destaca la potencialidad del litio en la tecnología, sumado a las baterías de automóviles que en un futuro próximo reemplazarán al petróleo.
En este sentido, el diputado socialista Alfonso de Urresti criticó el traspaso del mineral a transnacionales, y señaló que “desgraciadamente hay parlamentarios que sucumben ante los privados que explotan minerales. Es importante que Chile defina una política nacional, así como se logró nacionalizar el cobre en 1971, y sobre esa base tener una mirada estratégica de lo que significan estos minerales para Chile, principalmente lo que será el litio en un futuro”.
Desde el oficialismo, los diputados Manuel Rojas y David Sandoval de la UDI adhieren a la propuesta. Este último destacó que si Chile quiere convertirse en un país desarrollado, debe abandonar la posición de sólo exportar materias primas y potenciar el desarrollo interno: “Si el país pretende y quiere ser desarrollado, necesitamos cambiar esta perspectiva de ser meros productores de materias primas y empezar a darle valor agregado a nuestros recursos. Es absurdo estar exportando sin explotar la inteligencia regional e incorporar tecnología nuestra. Para eso es fundamental que el Congreso propicie todo mecanismo para diversificar, para no recorrer el camino desde cero, aprovechar lo que existe, es la única manera para que demos ese salto”.
En este escenario, el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de CODELCO, Ricardo Calderón, apuntó a una política integral que excede a la mera explotación, con interés en potenciar el desarrollo regional y tecnológico del país.
“No ha habido una defensa o política férrea que diga que el país se verá beneficiado no sólo por una renta d extracción, sino transformar el litio en valor que permita desarrollo e investigación, tecnología para las regiones mineras y evitar que esté todo centralizado”, declaró el dirigente.
Chile entrega el 41% de la demanda de litio a nivel global, y sus reservas se estiman en 7 millones 500 mil toneladas, cuyo costo de extracción es más bajo en comparación con países como Bolivia o Argentina.
Ante ello, el proyecto de ley responde al rechazo político y ciudadano hacia el sistema de licitación por Contratos Especiales de Operación de Litio presentado por el Gobierno, que entrega a empresas la explotación por 20 años.
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que reserva para el Estado y sus empresas la exploración y explotación del litio, esto en respuesta a la fallida licitación de contratos de operación, que el ministerio de Minería declarara desierta luego de la errónea adjudicación de SQM.
Si bien la asignación al Estado del control del mineral es la postura esperada tanto del mundo académico como de la ciudadanía, otro punto que destaca es la transversalidad de los parlamentarios que firman el texto, que incluye a independientes, de la Concertación, el Partido Comunista y la UDI, restándose sólo la bancada de Renovación Nacional.
El diputado del PRI, Pedro Araya, llamó al Gobierno a llevar la discusión al Parlamento, para definir una política que defina los intereses del país en torno a las utilidades del litio.
Araya indicó que “este proyecto busca una participación activa del Estado en torno a la explotación del litio. Extrañé del Gobierno que haya instalado una discusión nacional en torno a qué hacer con el litio a través del Parlamento, con distintos proyectos de ley como los que hay tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.
El documento destaca la potencialidad del litio en la tecnología, sumado a las baterías de automóviles que en un futuro próximo reemplazarán al petróleo.
En este sentido, el diputado socialista Alfonso de Urresti criticó el traspaso del mineral a transnacionales, y señaló que “desgraciadamente hay parlamentarios que sucumben ante los privados que explotan minerales. Es importante que Chile defina una política nacional, así como se logró nacionalizar el cobre en 1971, y sobre esa base tener una mirada estratégica de lo que significan estos minerales para Chile, principalmente lo que será el litio en un futuro”.
Desde el oficialismo, los diputados Manuel Rojas y David Sandoval de la UDI adhieren a la propuesta. Este último destacó que si Chile quiere convertirse en un país desarrollado, debe abandonar la posición de sólo exportar materias primas y potenciar el desarrollo interno: “Si el país pretende y quiere ser desarrollado, necesitamos cambiar esta perspectiva de ser meros productores de materias primas y empezar a darle valor agregado a nuestros recursos. Es absurdo estar exportando sin explotar la inteligencia regional e incorporar tecnología nuestra. Para eso es fundamental que el Congreso propicie todo mecanismo para diversificar, para no recorrer el camino desde cero, aprovechar lo que existe, es la única manera para que demos ese salto”.
En este escenario, el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de CODELCO, Ricardo Calderón, apuntó a una política integral que excede a la mera explotación, con interés en potenciar el desarrollo regional y tecnológico del país.
“No ha habido una defensa o política férrea que diga que el país se verá beneficiado no sólo por una renta d extracción, sino transformar el litio en valor que permita desarrollo e investigación, tecnología para las regiones mineras y evitar que esté todo centralizado”, declaró el dirigente.
Chile entrega el 41% de la demanda de litio a nivel global, y sus reservas se estiman en 7 millones 500 mil toneladas, cuyo costo de extracción es más bajo en comparación con países como Bolivia o Argentina.
Ante ello, el proyecto de ley responde al rechazo político y ciudadano hacia el sistema de licitación por Contratos Especiales de Operación de Litio presentado por el Gobierno, que entrega a empresas la explotación por 20 años.
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que reserva para el Estado y sus empresas la exploración y explotación del litio, esto en respuesta a la fallida licitación de contratos de operación, que el ministerio de Minería declarara desierta luego de la errónea adjudicación de SQM.
Si bien la asignación al Estado del control del mineral es la postura esperada tanto del mundo académico como de la ciudadanía, otro punto que destaca es la transversalidad de los parlamentarios que firman el texto, que incluye a independientes, de la Concertación, el Partido Comunista y la UDI, restándose sólo la bancada de Renovación Nacional.
El diputado del PRI, Pedro Araya, llamó al Gobierno a llevar la discusión al Parlamento, para definir una política que defina los intereses del país en torno a las utilidades del litio.
Araya indicó que “este proyecto busca una participación activa del Estado en torno a la explotación del litio. Extrañé del Gobierno que haya instalado una discusión nacional en torno a qué hacer con el litio a través del Parlamento, con distintos proyectos de ley como los que hay tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado”.
El documento destaca la potencialidad del litio en la tecnología, sumado a las baterías de automóviles que en un futuro próximo reemplazarán al petróleo.
En este sentido, el diputado socialista Alfonso de Urresti criticó el traspaso del mineral a transnacionales, y señaló que “desgraciadamente hay parlamentarios que sucumben ante los privados que explotan minerales. Es importante que Chile defina una política nacional, así como se logró nacionalizar el cobre en 1971, y sobre esa base tener una mirada estratégica de lo que significan estos minerales para Chile, principalmente lo que será el litio en un futuro”.
Desde el oficialismo, los diputados Manuel Rojas y David Sandoval de la UDI adhieren a la propuesta. Este último destacó que si Chile quiere convertirse en un país desarrollado, debe abandonar la posición de sólo exportar materias primas y potenciar el desarrollo interno: “Si el país pretende y quiere ser desarrollado, necesitamos cambiar esta perspectiva de ser meros productores de materias primas y empezar a darle valor agregado a nuestros recursos. Es absurdo estar exportando sin explotar la inteligencia regional e incorporar tecnología nuestra. Para eso es fundamental que el Congreso propicie todo mecanismo para diversificar, para no recorrer el camino desde cero, aprovechar lo que existe, es la única manera para que demos ese salto”.
En este escenario, el presidente de la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de CODELCO, Ricardo Calderón, apuntó a una política integral que excede a la mera explotación, con interés en potenciar el desarrollo regional y tecnológico del país.
“No ha habido una defensa o política férrea que diga que el país se verá beneficiado no sólo por una renta d extracción, sino transformar el litio en valor que permita desarrollo e investigación, tecnología para las regiones mineras y evitar que esté todo centralizado”, declaró el dirigente.
Chile entrega el 41% de la demanda de litio a nivel global, y sus reservas se estiman en 7 millones 500 mil toneladas, cuyo costo de extracción es más bajo en comparación con países como Bolivia o Argentina.
Ante ello, el proyecto de ley responde al rechazo político y ciudadano hacia el sistema de licitación por Contratos Especiales de Operación de Litio presentado por el Gobierno, que entrega a empresas la explotación por 20 años.
